El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo acusa al policía Marcelino Martín-Blas de despreciar relevantes líneas de investigación relacionadas con el patrimonio de la familia Pujol con el «apoyo» del director general de la Policía en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, el hoy senador autonómico Ignacio Cosidó.

Así lo razona en varias notas informativas de carácter reservado cuya autoría se atribuye en un acta de manifestaciones otorgada el 2 de septiembre de 2016 ante el notario de Madrid José Manuel Senante Romero en presencia de los abogados de los ex copresidentes de Banca Privada de Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco. Éstos adjuntan los citados documentos -fechados entre julio de 2014 y enero de 2015- a la querella que por chantaje y coacciones interpusieron el pasado 18 de octubre contra Martín-Blas y Celestino Barroso, agregado de Interior en la Embajada de España en Andorra.

Villarejo y Martín-Blas, ex jefe de la Unidad de Asuntos Internos, mantienen una manifiesta enemistad desde que se investigó el caso Gao Ping y que posteriormente se acrecentó con motivo de la instrucción del caso del pequeño Nicolás. El segundo lidera la comisión judicial que lleva a cabo las pesquisas relacionadas con la grabación de la reunión mantenida entre funcionarios policiales y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el 20 de octubre de 2014 desde que el Juzgado de Instrucción 2 de Madrid acordó su creación el 21 de abril de 2015; pieza separada en la que está imputado el primero.

En la nota con fecha de 21 de diciembre de 2014, el comisario ya jubilado censura duramente que Martín-Blas se centrara en los movimientos económicos de los Pujol en las cuentas del BPA e «ignorara» las operaciones que habrían realizado en el AND Bank, a pesar de que los datos que confirmaban que el patrimonio del ex president y su familia estaba oculto en el Principado los había obtenido de esta entidad financiera.

Villarejo censura que no se investigaran los «2.000 millones blanqueados» en otro banco andorrano

Villarejo consideraba imprescindible que se verificaran las transferencias económicas de los Pujol facilitadas por un colaborador andorrano a través de un apartado de correos madrileño con el nombre operativo de Luis Rustarazu García, al existir «una gran diferencia entre los cuatro millones y medio detectados en el BPA y los casi 2.000 que se habrían blanqueado desde la entidad que MMB [Marcelino Martín-Blas] parece ahora proteger».

Entre otros movimientos, detalla un cambio de moneda por 2,95 millones de euros realizado el 24 de enero de 1997, una transferencia de nueve millones de euros a la firma Formica  Ltd de Vaduz (Liechtenstein) y otra de 1,35 millones de dólares estadounidenses «realizada por Jordi Pujol Ferrusola» a la firma LF Or Luck Company Ltd con sede en La Valeta (Malta). De esas cantidades, prosigue el comisario jubilado, habrían salido los seis millones de euros supuestamente pagados al entonces primer ministro de Letonia, Valdis Dombrovskis, a cambio de que reconociera el derecho de autodeterminación de Cataluña.

En los escritos, José Manuel Villarejo expone varios motivos que explicarían por qué Martín-Blas se negó a investigar las transferencias en el AND Bank. De un lado, que el policía «posiblemente había ya adelantado una importante cantidad de dinero de fondos reservados» a un alto directivo de BPA a cambio de información sobre las cuentas de los Pujol. Y, de otro, por «interés» del CNI, «ya que la CIA así se lo habría trasladado a colegas españoles al detectarse en el banco de Higini Cierco una serie de movimientos de origen venezolano de interés para los americanos».

Los datos fueron «boicoteados gracias al apoyo» del director general  de la Policía

«Con ello, algunos responsables del CNI negociarían con el propio Pujol de ayudarle a cambio de que no revelara las relaciones de altas personalidades del Estado Español con la cuenta Soleado, manejada por Arturo Fasana, de la que actualmente se siguen actuaciones judiciales en el sumario Gürtel», desvela el comisario ya retirado. Según éste, Martín-Blas «benefició» la situación judicial de los Pujol al despreciar datos «de gran importancia»y de «gran valor probatorio».

Villarejo censura que datos relativos a investigaciones policiales en las que se venía trabajando desde 2012 «fueron no sólo ignorados sino sistemáticamente boicoteados gracias al apoyo del DGP [en alusión a Cosidó] y sin duda a la pasividad del Director Adjunto Operativo (DAO) [entonces Eugenio Pino] que posiblemente por su probada lealtad institucional lo permitió».

En concreto, detalla que no se mantuvieran las líneas de investigación referidas al seguimiento del rastro de las operaciones de la patronal catalana Femcat, vinculada a presuntos fiduciarios de los Pujol y del ex president Artur Mas. Tampoco se siguió el rastro a otra decena de supuestos testaferros ni se verificó la información aportada por el financiero catalán Javier de la Rosa en relación con el fiscalista de Pujol, lo que atribuye a la «desidia malintencionada» de Martín-Blas.

«La ocultación de estos datos de interés (…) que no se habrían aportado a las unidades policiales, como la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), encargada de la investigación de ellos (que, una vez verificados, los debería aportar a los distintos sumarios que entienden de estas causas), sin duda ha detraído una serie de líneas de investigación, que el mero conocimiento de los beneficiarios de estos movimientos habría aportado al juez instructor en cada caso», añade Villarejo, quien vincula la «ocultación» de esta información al «temor» de que fueran citados en sede judicial y tuviesen que reconocer que se destinó dinero procedente de los fondos reservados para «seguir a dirigentes políticos de los que no constaban claras acciones ilegales o a ciertos responsables de los Mossos».

«Cúmulo de ilegalidades»

El comisario llama la atención sobre el hecho de que Martín-Blas no pusiera en conocimiento de la autoridad judicial ni de sus jefes superiores en la Policía Nacional la «información relevante» sobre las investigaciones a los Pujol y que sin embargo sí entregara copia a «miembros del CNI».

«Resulta por tanto lamentable que todo este cúmulo de irregularidades y, lo que es peor, ilegales se le permitan por parte del DAO (…) y/o que cuenta con la protección del director COSIDÓ [en mayúscula] y que el resto de los responsables de Interior lo temen por el uso que pueda dar de los secretos que dice tener por los encargos personales de los responsables del Ministerio y los de su hermano, miembro de nivel medio en el PP, del entorno de Acebes», apostilla Villarejo, dispuesto a «llegar hasta el final» y a asumir eventuales responsabilidades penales por las acciones realizadas en su día con Martín-Blas a las «órdenes del DAO».