Eugenio Pino, ex número dos de la Policía Nacional, no sólo fue la persona que convenció al entonces ministro Jorge Fernández Díaz para que colocara un dispositivo a fin de grabar las reuniones 'sensibles' que mantuviera en su despacho oficial de Interior. El ex Director Adjunto Operativo (DAO) fue también quien ordenó a un subordinado que facilitara el sistema técnico que se utilizó para registrar al menos las dos conversaciones mantenidas por Fernández Díaz con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso en vísperas de la consulta soberanista del 9-N.
Como viene informando El Independiente, el hoy ex ministro autorizó grabar las dos reuniones que celebró en octubre de 2014 con De Alfonso para intercambiar información acerca de posibles casos de corrupción que afectaban a familiares de políticos independentistas catalanes, como Felip Puig y Oriol Junqueras. De esa forma, el ministro buscaba blindarse en caso de que su interlocutor diera marcha atrás posteriormente y no reconociera lo afirmado en privado. Existía la sospecha de que Daniel de Alfonso pudiera grabar las conversaciones con el ministro, como había hecho con anterioridad con algunos de sus interlocutores, y esa fue la razón que esgrimió Pino para convencer a Fernández Díaz de que había que dejar constancia de lo que se hablaba en las reuniones en su despacho oficial.
Según ha podido conocer este diario, Pino encargó la colocación del dispositivo a la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), a cuyo frente se encuentra el comisario Enrique García Castaño. La UCAO es la unidad técnica de la Policía Nacional especializada en este tipo de tareas: escuchas, dispositivos de seguimiento, rastreos...
En concreto, el ex DAO reclamó a García Castaño "una minigrabadora" de fácil utilización -"con un on y un off", precisan- y excelente rendimiento técnico. Se trataba, por tanto, de un dispositivo portátil que se utilizaba para cada servicio y que explica que la Policía no encontrara ni rastro de micrófonos cuando barrió las instalaciones el pasado 1 de julio, días después de que el diario Público difundiera el contenido de las cintas. Ese periódico ya detalló que los archivos de audio le llegaron en formato '.ogg', una extensión que se emplea en grabadoras digitales.
Eugenio Pino reclamó al comisario García Castaño, responsable de la UCAO, una "minigrabadora" de fácil utilización
Las fuentes consultadas por este diario sostienen que García Castaño no fue la persona que físicamente colocó la minigrabadora pero sí quien se encargó de facilitar el dispositivo a Pino, persona de la máxima confianza de Fernández Díaz por ser éste quien lo aupó a la Dirección Adjunta Operativa semanas después de que Rajoy lo eligiera a él en diciembre de 2011 para ocupar el departamento de Interior. Al frente de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional se encontraba entonces el comisario Marcelino Martín-Blas, con el que el entonces número dos del cuerpo -su superior jerárquico- había llegado a viajar a Andorra en el marco de las pesquisas para descubrir el patrimonio que la familia Pujol mantenía oculto en bancos del Principado.
Aunque no existe un informe definitivo que aclare las circunstancias concretas de la grabación, El Confidencial ya publicó el pasado mes de septiembre que, según las conclusiones preliminares de la Policía Científica, el sonido no pudo ser captado desde el exterior y que debió emplearse una grabadora convencional. Se descartaba así la posibilidad de que la conversación se hubiera registrado por medio de un teléfono móvil, una de las hipótesis que se barajaron.
Lo que no ha trascendido aún es dónde estaba oculta exactamente la minigrabadora. Por la nitidez del sonido, debía de estar próxima a la mesa en torno a la que se sentaron Fernández Díaz y Daniel de Alfonso en los dos encuentros mantenidos en el madrileño palacete del Paseo de la Castellana 5 y a una distancia similar a la ubicación de ambos interlocutores.
Para acceder al Ministerio del Interior hay que superar un puesto de seguridad -bajo control de la Guardia Civil- con arco de detección de metales. Para entrar en el despacho del ministro, ubicado en la primera planta del ministerio, es necesario además marcar un número clave para que se abra la puerta.
Por la nitidez, la grabadora debía estar próxima a la mesa en la que se sentaron el ministro y su invitado
La carrera del comisario Enrique García Castaño ha estado vinculada desde su inicio, a mediados de los años 70, a las labores de información. Desde entonces, el nombre de Castaño ha emergido en muchos de los casos policiales más sonados de la democracia.
Lo hizo por primera vez en 1995, tras la puesta en circulación del informe Veritas, financiado con fondos públicos para desprestigiar a diversos personajes con el juez Baltasar Garzón a la cabeza. De ahí en adelante ha sido un habitual de los casos policiales más mediáticos. En aquel momento, pese a que ciertas partes del informe perjudicaban al propio Castaño, el funcionario estuvo entre los agentes depurados y trasladados por el entonces director de la Policía Nacional, Ángel Olivares, que pareció apuntar a su responsabilidad sobre la redacción del informe junto a Ramón Lillo y José Manuel Villarejo.
Sin embargo, su relación con Garzón ha evolucionado drásticamente y, desde hace tiempo, su amistad con el juez, con el que ha compartido muchas cacerías, es estrecha. Ello se puso de relevancia en 2009, durante la investigación del conocido como caso Faisán, en el que se acusó a la cúpula policial en el País Vasco de haber avisado al dueño del bar homónimo -desde donde ETA organizaba su estructura de extorsión- de una inminente operación antiterrorista.
En el marco de esa investigación, en la que el ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamiés acabó condenado a un año y medio de prisión y cuatro de inhabilitación, el propio Pamiés mantuvo una conversación con Enrique García Castaño, responsable del dispositivo de escuchas en el establecimiento, en la que el comisario trataba de tranquilizarle con una frase que se hizo célebre: "Tranquilo, Baltasar (Garzón) es amigo".
La UCAO lideró el seguimiento de los islamistas del 11-M hasta la casa de Morata donde se preparó el atentado
Antes, García Castaño ya había saltado al primer plano merced a la investigación de la autoría de los atentados del 11 de marzo de 2004, en la que desempeñó un rol principal. Fue su grupo, la misma Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) que hoy aún dirige, la que rastreó las tarjetas de los móviles de los islamistas que llevó hasta la casa de Morata y el piso de Leganés en el que se suicidó el grueso del comando. Sin embargo, su protagonismo se hizo latente años más tarde, a raíz de la declaración del ex director general de la Policía Agustín Díaz de Mera, que aseguró que Enrique García Castaño fue la famosa "fuente" que le informó de la existencia de un informe que relacionaba a ETA con los atentados de Atocha.
García Castaño ha negado esa versión en repetidas ocasiones, incluso en sede judicial. "Nunca jamás le he dicho que hay ninguna prueba que relacionara a ETA con el 11-M. Jamás le he relacionado informes porque yo los informes no los confecciono", aseguró García Castaño ante el juez en 2007. Siempre insistió en la versión oficial, pese a que Díaz de Mera llegase a solicitar un careo para enfrentar sus versiones: "Yo le decía: 'Agustín, no hay asomo de ninguna relación'".
Ventilar información
Recientemente, Castaño ha vuelto a ser noticia por la publicación por parte del diario Público de unas grabaciones con el ex DAO Eugenio Pino en las que se amenaza con destapar información relevante sobre la Casa del Rey y el CNI si Pino es llamado a declarar por el caso del pequeño Nicolás. Algo más de un año antes, en 2015, fueron otras grabaciones las que pusieron el foco sobre García Castaño. En éstas, difundidas por el diario El Mundo, el responsable de la UCAO participaba, junto al comisario Villarejo, en una reunión con el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la que se le advertía sobre la investigación del alquiler de su ático a través de empresas pantalla norteamericanas.
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