El perito designado por el juzgado que instruye el caso de las facturas falsas de UGT-Andalucía para que cuantifique el posible fraude en las subvenciones recibidas de la Junta en materia de formación para el empleo entre 2009 y 2013 está analizando un total de 15 expedientes que suman al menos 100,3 millones de euros. El técnico descarta trascendencia penal en otras 16 ayudas por la escasa cuantía económica de las mismas.

Así lo detalla el perito Luis Gayo Ayala en un informe presentado el pasado 3 de febrero en el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla en el que detalla el estado en el que se encuentra la pericial que le encargó el magistrado Juan Jesús García Vélez, tras el requerimiento que éste le formuló por medio de una providencia el pasado 19 de diciembre.

En concreto, el técnico tiene encomendada la tarea de cuantificar el posible fraude que habría cometido la UGT-A en la gestión de las subvenciones que en materia de formación para el empleo le otorgó la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013, periodo en que al frente del sindicato sindicato se encontraron -de forma sucesiva- Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla. Ambos están imputados en esta causa, que se instruye desde septiembre de 2013.

El perito cifra en 32 los expedientes concedidos en el citado quinquenio, si bien argumenta que 15 deben quedar excluidos «por ser las cuantías de las subvenciones concedidas y los gastos objeto de la investigación insuficientes para que con respecto a esos expedientes se hubiera podido cometer fraude en subvenciones» en aplicación del Código Penal. El importe de estas ayudas oscilan entre los 80.000 y los 152.411,46 euros.

De esta forma, el técnico centra el análisis en 15 expedientes de subvenciones que importan 100.299.365,55 euros, con cuantías que van desde los 437.304 euros -la numerada como 98/2009/F/0218- a los 14.000.484 euros de la ayuda concedida el 21 de marzo por la Dirección General de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para la realización de acciones formativas en materia de formación profesional para el empleo. Esta subvención estaba cofinanciada al 80% por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo de adaptabilidad y empleo 2007-2013.

El perito expone que hay una subvención -la codificada como 98/2012/N/0001- de la que «se desconocen datos todavía», por lo que no está en condiciones aún de determinar si debe formar parte de la pericial encomendada. No obstante, entiende que, a la vista de otras subvenciones nominativas que se investigan en la causa, «cabe la posibilidad de que sí lo sea finalmente».

El perito centra la investigación en 15 expedientes de ayudas y excluye otros 15

En su informe, Luis Gayo explica que, de los tres tipos de gastos que son objeto de investigación por parte del juzgado, los de «más fácil cuantificación» son los relativos a la imputación de los costes de alquiler de aulas para el desarrollo de los cursos y los equipos necesarios imputados por la participada Soralpe I+D SL. «Se trata de un gasto que, con la imputación a la subvención correspondiente, reflejada en la cuenta justificativa, y la factura, permite concretar el objeto de la pericial encomendada. Si bien es cierto que la justificación de cualquier subvención requiere además la acreditación del pago material y su contabilidad, la falta de estos datos no haría sino ir en la dirección de lo solicitado en la pericial», razona.

Más «dificultades específicas» advierte el perito a la hora de analizar los otros dos tipos de gastos: el rappel y el denominado ‘bote’, toda vez que las cuentas justificativas «son insuficientes para la cuantificación de un posible fraude en subvenciones».

«En el caso del rappel, porque el reflejo documental del eventual fraude se manifestaría al margen de la cuenta justificativa y resto de documentación obrante en el expediente administrativo de subvención, y necesitaría de documentación contable y bancaria de las entidades participantes en dicha práctica para determinar un exceso de imputación de gasto a la subvención», expone. Esa complejidad explica que él solicitara al juez instructor que reforzara el auxilio judicial con el nombramiento de otro perito especialista en materia contable o auditora con «conocimientos específicos», habiendo sido nombrada ya una nueva técnica tras la renuncia del designado inicialmente (de la empresa Taxo Valoraciones SL).

El técnico ha revisado ya 30 de las 35 cajas de documentación que intervino la Guardia Civil

En cuanto al ‘bote’, el técnico admite que determinar la existencia de este posible mecanismo fraudulento «resulta poco menos que imposible», debido a la «falta de conocimiento de los peritos nombrados en determinar el precio de las cosas y, por tanto, apreciar que en una determinada factura se estuviera ante ese mecanismo defraudatorio».

El técnico detalla que ya han revisado 30 de las 35 cajas con documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil intervino y trasladó al juzgado y que gran parte de esos papeles «no merece consideración a efectos de la pericial». Su intención es que, con la ayuda de la otra perito, «ir avanzando en el trabajo encomendado expediente por expediente» a fin de que el juez pueda tener en próximas fechas «conclusiones parciales pero concretas del trabajo».

El sindicato desvió ayudas de los cursos a pagar comilonas y comprar maletines en China

El Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla abrió diligencias en septiembre de 2013 después de la denuncia presentada por Manos Limpias contra UGT-A el 13 de agosto de aquel año -ampliada hasta en cinco ocasiones- por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso «indebido» de fondos de formación para desempleados.

El colectivo de funcionarios públicos acudía a los tribunales después de las revelaciones de El Mundo de Andalucía, que informó de forma documentada acerca de cómo el sindicato desvió sistemáticamente ayudas de la Junta para cursos de formación a fines tan variopintos como financiar comidas en la Feria de Sevilla, sufragar movilizaciones contra la reforma laboral y la compra de maletines de piel fabricados en China que repartió entre los delegados que asistieron a un congreso.