El juzgado de Instrucción 13 de Barcelona ha admitido a trámite la primera denuncia por revelación de secretos contra el ex juez y ex senador de ERC Santiago Vidal, quien durante una serie de conferencias organizadas por la formación republicana desgranó las medidas emprendidas por la Generalitat para preparar la independencia de Cataluña, entre las que figuraba, siempre según el ex juez, la creación de una base de datos fiscales de todos los catalanes obtenida de forma ilegal, la elaboración de una lista de jueces adeptos o la ocultación de partidas secretas en el presupuesto por valor de 400 millones de euros para celebrar el referéndum independentista.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha acordado admitir a trámite la denuncia contra Santi Vidal que un particular presentó el viernes 27 de enero en los juzgados de guardia de la capital catalana. La denuncia acusa a Santi Vidal, que dimitió de su cargo de senador a raíz de la polémica por el contenido de sus conferencias, de un delito informático y de otro de revelación de secretos. Además de admitir a trámite la denuncia, el juez ha remitido un requerimiento al Senado para que certifique si Santi Vidal sigue siendo miembro de esta cámara o si, por el contrario, ha abandonado el escaño y en qué fecha.

La investigación que ha abierto el Juzgado número 13 de Barcelona transcurre en paralelo a las diligencias que, el mismo 27 de enero pasado, abrió la Fiscalía Superior de Cataluña para indagar, a raíz de las manifestaciones de Vidal, si el gobierno catalán cometió un delito de descubrimiento y revelación de secretos al apoderarse ilícitamente de datos fiscales reservados. Sin embargo, al decidir admitir a trámite la denuncia este juzgado debería asumir ahora toda la investigación de los delitos en los que podría haber incurrido el ex juez.

Investigación de la Fiscalía a la Generalitat

La investigación de la Fiscalía catalana, abierta a instancias de la Fiscalía General del Estado, se centra en averiguar si la Generalitat incurrió en las conductas delictivas explicadas por Vidal, es decir, si existe una base de datos con los datos fiscales de los catalanes obtenidos de forma ilegal y que vulnere el derecho a la protección de datos. El ministerio público apuntaba que las declaraciones de Vidal “sugieren la existencia de comportamientos que, de confirmarse, podrían suponer la comisión de diversos delitos” y añade que “el apoderamiento ilícito de datos reservados de naturaleza fiscal o de otra índole de personas no autorizados supondría la comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos” o la elaboración de informes sobre la “afinidad ideológica” del colectivo de jueces que ejercen en Cataluña.

El secretario General de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, se ha esforzado en las últimas semanas en desmentir este hecho, asegurando en una comparecencia parlamentaria que no existe el fichero ilegal. El departamento se ha puesto además a disposición de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y ha anunciado que se someterá a una auditoría externa para desmentir estas acusaciones. Pero lo cierto es que las intervenciones de Salvadó no han hecho más que amplificar las dudas sobre la actuación del Gobierno catalán, cuando argumenta que la Generalitat sólo conserva los datos fiscales de los impuestos que le son propios y que el futuro estado independiente obtendrá sus ingresos fiscales de la aportaciones de las empresas, sin necesidad de dirigirse a los ciudadanos, que cotizan en tanto que empleados. No ha aclarado cómo cobrará la futura hacienda catalana de colectivos como los autónomos si realmente no existe esa base datos de la que habla el ex juez Vidal.

Querella de VOX contra Puigdemont, Junqueras y Mundó

Por otra parte, el TSJC también está pendiente de resolver si admite a trámite una querella que el partido VOX presentó contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Oriol Junqueras (Economía) y Carles Mundó (Justicia), a raíz de las manifestaciones del ex senador. El pasado 3 de febrero, la Fiscalía pidió al TSJC que desestimara la admisión a trámite de la querella de VOX, al considerar prematuro emprender acciones penales contra los miembros del gobierno catalán mientras no se compruebe la veracidad de las declaraciones de Santiago Vidal.

El ex senador de ERC fue suspendido por tres años en 2015 por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de sus funciones de magistrado, después de que admitiera haber participado en la redacción de una Constitución para una eventual Cataluña independiente. Vidal fue considerado autor de una falta muy grave consistente en la “ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”. El pasado noviembre el Tribunal Supremo ratificó la decisión adoptada un año antes por el CGPJ. En ambos casos fue una decisión dividida: la mayoría conservadora del Poder Judical consideró que Santiago Vidal no cumplió con su deber básico de fidelidad a la Constitución Española. La minoría estimó que su postura favorable al proceso soberanista catalán no era merecedora de una sanción tan grave.