PSOE y Ciudadanos han solicitado este jueves la comparecencia del fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín, para que explique en el Congreso si recibió presiones para no investigar al ex presidente de La Rioja Pedro Sanz y al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Las fiscales del caso Púnica piden imputar a Sánchez por posibles delitos de fraude, cohecho y revelación de información, pero la Fiscalía General no comparte sus criterios.

Además, según el diario El Mundo, Maza intervino en la investigación del chalé del ex presidente de La Rioja Pedro Sanz para cambiar el criterio de un informe fiscal que inicialmente resultaba desfavorable para el actual vicepresidente del Senado. La causa finalmente fue archivada después de que el fiscal del caso no considerara indicios «suficientes para ordenar la investigación penal».

Catalá ha reconocido anomalías en el procedimiento, pero le resta importancia

Ante estas informaciones, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que «en todo caso, la Fiscalía tiene que tener un papel independiente del Gobierno y, si hay gente implicada del partido del Gobierno, pues con más razón». Por este motivo, su grupo ha presentado una iniciativa parlamentaria en la que piden su comparecencia. El pacto de investidura de C’s con el PP incluye la reforma de la ley de la Fiscalía para que dé cuentas ante el Parlamento e, incluso, se le pueda «reprobar o cesar».

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reconocido anomalías en este proceso, pero ha apuntado a que lo irregular ha sido que una discrepancia interna haya sido conocida por los medios. «Que firme el escrito la fiscal jefe de Anticorrupción y no las fiscales actuantes es anómalo», ha reconocido, pero ha insistido en que eso no implica que se ordenara desde la Fiscalía del Estado no acusar a Sánchez, sino que la superior jerárquica de las fiscales del caso, de forma independiente, no sostuvo el criterio de aquellas.

Catalá ha subrayado que en este caso hubo cuatro fiscales de la Sala de lo Penal del Supremo y el jefe de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado que coincidieron en considerar que no había responsabilidad penal, y ha recordado que en asuntos relevantes como este los fiscales tienen además que pedir criterio a sus superiores.

El fiscal niega presiones

Por su parte, José Manuel Maza, ha negado haber recibido presiones para no actuar contra el presidente de Murcia y el ex presidente de La Rioja y que esa decisión está avalada por informes técnicos. Así lo ha declarado a su llegada al Centro de Estudios Jurídicos, antes de inaugurar unas jornadas sobre criminalidad informática, donde ha asegurado que estará «encantado» de dar explicaciones en el Congreso sobre este asunto. «Es insensato pensar que pueda haber presiones; en absoluto, mi decisión ha sido tomada analizando los criterios de la Secretaría Técnica y compartiéndolos, viendo que eran razonables, pero la iniciativa parte de ahí», ha insistido.

Maza ha asegurado, además, que «si algún día recibo presiones tengo muy claro lo que tendría que hacer, pero espero no recibirlas nunca y por esto estoy en este puesto». El fiscal general ha dicho que está «a disposición del Parlamento» y que si tiene que comparecer lo hará «encantado para aclararlo todo», según informa Efe.

Ha añadido que «igual que hay multitud de asuntos de corrupción todos los días en los cuales la Fiscalía está investigando y está colaborando, hay casos en los que consideramos que un ciudadano, sea político o quien sea, no tiene por qué estar sometido a un procedimiento penal». Son casos en los que «entendemos con toda honestidad e interpretando la ley que no tienen por qué estar en esa situación y eso es lo que hemos hecho, creo que esa es la tarea de la Fiscalía», ha apostillado. Maza no ha querido entrar en más explicaciones, aunque las daría en su momento en el Congreso de los Diputados.

Sin una «imputación formal» no hay dimisiones

En cuanto a una posible dimisión, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, considera que el presidente de Murcia no debe dimitir y ha coincidido con el propio Pedro Antonio Sánchez en que la renuncia sólo debería exigírsele cuando haya una «imputación formal», es decir, la apertura de juicio oral.

Sánchez también está a la espera de que se decida si finalmente es citado como investigado por el caso Auditorio. El TSJM ya abrió una causa contra él por presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad documental y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras. De confirmarse su imputación, Ciudadanos pedirá al presidente que deje su cargo porque así se firmó en el pacto de investidura, aunque para Catalá, este punto tiene distintas interpretaciones.