El documento de 46 puntos que Carles Puigdemont entregó a Mariano Rajoy el 20 de abril del año pasado está sobre la mesa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Ha pasado por todos los ministerios afectados por el listado de peticiones del presidente de la Generalitat. De hecho, algunas cuestiones ya están cumplidas o en marcha y sobre otras, se podría ir incluso más lejos en materia, por ejemplo de I+D+i. En todo caso, se ha ignorado el contenido del primer punto: «Es obligación, por tanto, de los demócratas de (sic) buscar vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que pueden incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante» para hacer posible la creación de «un nuevo Estado para Cataluña».

Este es el escollo insalvable, la celebración de un referéndum vinculante incluso aún en el caso de que se pactase la pregunta y se diera alguna otra alternativa a la independencia, que no la hay. A partir de ahí hay disposición para abordar otros temas a sabiendas de que los que pueden tener mayor enganche aluden a las inversiones, infraestruturas o financiación autonómica. No obstante, la gran estrategia de Moncloa respecto al desafío independentista sigue siendo dejar que afloren las contradicciones entre los secesionistas.

Inversiones, infraestructuras y financiación son los tres grandes ejes de la oferta de Moncloa

Durante la legislatura pasada Moncloa se instaló en el discurso de que «esto se arregla con dinero», varita mágica que funcionaba siempre con el nacionalismo catalán. Pero ahora, llegados a este punto, ya no se trata tanto de atemperar las ansias secesionistas de ex convergentes, ERC y «cuperos» como de rebajar el porcentaje de catalanes que se han subido al carro de la independencia como modo de protesta y hacer pedagogía respecto al hecho de que una consulta rompe el principio de soberanía nacional.

El objetivo es desmontar el argumentario sobre la desafección del resto de España hacia Cataluña poniendo a la Generalitat «en el dilema de no poder rechazar determinadas iniciativas sobre cuestiones que mejorarán la vida de los catalanes». Y dicho ofrecimiento se mantendrá «acepte o no nuestra oferta de diálogo», aunque la duda queda de nuevo residenciada en cómo se escenificará esa oferta, dadas las  discrepancias respecto a la oportunidad de una cita, esta pública, entre Rajoy y Puigdemont, después de que trascendiera que mantuvieron un encuentro secreto el 11 de enero.

La financiación podría incluir el principio de «ordinalidad», de modo que la solidaridad no sea a costa de perder riqueza

Dado que este año se tiene que negociar el nuevo modelo de financiación autonómica, podría ser el momento propicio para algún «gesto» hacia Cataluña, pero desde el Gobierno aseguran que el sistema «será igual para todos y consensuado con todos los que quieran sentarse a negociar», y la Generalitat no quiere sentarse aunque sí estar de algún modo presente. Este jueves se constituyó la comisión de expertos que propondrá un nuevo modelo sin ningún representante catalán, aunque Guillen López Casasnovas, catedrático de Hacienda Pública propuesto por Baleares, reveló tener el encargo de la Generalitat para hacerle de «informador».

La ponencia que el PP debatió en su XVIII congreso nacional, señalaba respecto a la reforma de financiación autonómica que «no puede ser el ámbito en el que se traten de conseguir otros objetivos políticos, por muy legítimos que sean; y mucho menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento constitucional». El único aspecto que podría satisfacer a los independentistas era la afirmación de que el sistema que se pacte debe impedir que «ninguna Comunidad empeore su posición financiera absoluta como consecuencia de la reforma», lo que podría incluir el principio de ordinalidad, esto es, que ninguna comunidad contribuidora neta -como es el caso de Madrid, Cataluña, Baleares y Valencia- bajen en el ranking de riqueza tras su aportación al resto de los territorios.

Los populares catalanes destacarán en su congreso el esfuerzo de solidaridad que hace Cataluña

Esta idea ya estaba contenida en el congreso que los populares catalanes celebraron en 2012. En su documento político, que dedicaba un capítulo al modelo de financiación «equilibrado, justo y sostenible», también hablaban de acotar temporalmente el «esfuerzo de solidaridad» y que ésta tuviera carácter finalista. Elaborado, entre otros, por el actual delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo,cayó como una bomba de relojería entre el resto de las baronías populares. Es por ello que esta vez destacarán que hay comunidades «más solidarias que otras», sin tantas concreciones.

El documento que Puigdemont entregó a Rajoy reiteraba a grandes rasgos la letanía contra un sistema de financiación «dicriminatorio hacia Cataluña»que, paradójicamente, negoció el tripartito catalán con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y decimos paradójicamente porque la ignífuga ERC estaba en ese gobierno, es corresponsable del actual modelo. Por lo demás, el texto, que da base a los intentos de negociación con la Generalitat, abarca un amplio temario, desde el Corredor Mediterráneo, red de Cercanías, plan hidrológico de la Cuenca del Ebro, financiación del sistema público de salud, Ley de Dependencia, pobreza energética, refugiados, Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), descentralizción del 0,7 por ciento de IRPF para fines sociales, financiación de los Mossos, liberación de pejaes, acción exterior de Cataluña o traspasos pendientes.

En defensa del referéndum, Puigdemont usará las firmas recogidas por el Manifiesto del Pacto Nacional

El referéndum es la pieza clave y el gran escollo en las prácticamente inexistentes negociaciones entre Gobierno y Generalitat, porque de su inclusión en la agenda negociadora depende que Carles Puigdemont participe en ella, y eso es precisamente lo único a lo que no está dispuesto el Gobierno. “Por supuesto, nos importan mucho los otros 45 puntos” planteados la pasada primavera por Puigdemont a Mariano Rajoy, aseguran desde el Palau de la Generalitat. Especialmente la financiación autonómica y la resolución de los problemas endémicos de Cercanías, solución que según los soberanistas pasa por el traspaso total de la infraestructura, además del calendario de ejecución del Corredor Mediterráneo. Pero el referéndum es irrenunciable.

En defensa de su apuesta por un referéndum independentista, Carles Puigdemont utilizará las firmas recogidas por el Manifiesto del Pacto Nacional por el Referéndum, que esta semana ha empezado a recoger adhesiones. 40.000 firmas de apoyo en las primeras 24 horas -entre las que los soberanistas destacan el apoyo de Pablo Iglesias, convenientemente publicitado en twitter- se han convertido en un buen argumento a ojos del presidente de la Generalitat para forzar la inclusión de este punto en la agenda de su encuentro con Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría con Oriol Junqueras y Jorge Moragas con Joan Vidal, ejes del diálogo Moncloa-Generalitat

Carles Puigdemont quiere incluir el referéndum en la agenda del encuentro con el presidente del Gobierno, a pesar de ser perfectamente consciente de que la única respuesta posible del Gobierno es un no rotundo. Para el presidente de la Generalitat es esencial oficializar el debate sobre esta cuestión, porque una vez planteado de tú a tú con Mariano Rajoy habrá cumplido su promesa de llevar hasta el final los intentos por conseguir un referéndum pactado por el Estado. A partir de ahí, el Gobierno catalán tendrá que optar por la vía de los comunes y trabajar por una consulta consensuada más adelante, o cumplir con las amenazas de choque institucional y convocar un referéndum unilateral.

Estos son los parámetros en los que se mueve el equipo de Puigdemont, que asegura mantener los canales de comunicación con Moncloa abiertos. Canales que pasan básicamente por la relación fluida entre Jorge Moragas y el secretario del Govern, Joan Vidal. Tras el almuerzo en Moncloa del 11 de enero se produjeron dos llamadas de la Generalitat para concretar la fecha del encuentro oficial entre ambos presidentes, pero Moncloa pidió posponer el encuentro al congreso del PP, y desde el cónclave la Generalitat ha repetido que está a la espera de noticias de Moncloa.

Relación «poco productiva»

Paralelamente, la relación es fluida entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y Oriol Junqueras, aunque desde presidencia de la Generalitat señalan que es tan fluida como poco productiva. Los únicos acuerdos concretos se han alcanzado en el terreno económico, entre Junqueras y el ministro Montoro. Respecto a los trabajos de la vicepresidenta sobre los 45 puntos, aseguran en la Generalitat que si ha habido avances no se los han explicado “¡y se los presentamos en febrero!”. Santamaría tampoco avanzó propuestas en el almuerzo celebrado este lunes con el G-16, los presidentes de algunas de las principales instituciones civiles de la sociedad catalana, desde el Círculo Ecuestre hasta el RACC, pasando por el Ateneu. Los asistentes hablan de buenas palabras pero pocas concreciones.