La “comisión Bárcenas”, destinada a investigar la financiación del PP y que forma parte del eje del acuerdo de investidura con Ciudadanos, no verá la luz, como pronto, hasta el mes de diciembre y, además, no sólo para indagar las cuentas populares sino las del conjunto de los partidos. El PP se toma con calma, mucha calma, las principales exigencias de su socio de investidura y se aferra al hecho de que éste se siente satisfecho respecto a la marcha de los acuerdos, tal y como puso de manifiesto su portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta, tras la reunión de la comisión de seguimiento que delegaciones de ambos partidos celebraron el pasado martes por la tarde en el Congreso.

Fuentes del Grupo Popular explican a El Independiente que puesto que los trabajos de la comisión de investigación del saqueo de las cajas de ahorro no van a acabar “hasta diciembre”, la comisión que reclama Ciudadanos no se pondría en marcha hasta entonces, como pronto, bajo el argumento de que no puede simultanearse el trabajo de distintos grupos de investigación. También está pendiente de arrancar la que analizará las grabaciones en el despacho del ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en vísperas de la consulta soberanista del 9-N. Dado que la mayor parte del mes de diciembre es inhábil parlamentariamente hablando, no es descartable que la comisión se retrase hasta 2018.

Somos los tíos más investigados del mundo. No le vamos a dar a nadie un cheque en blanco”, afirman en el Grupo Popular

Pero además, la intención del PP es evitar por todos los medios que “sólo nos investiguen a nosotros. No lo vamos a consentir. Somos los tíos más investigados del mundo por jueces, fiscales, política, guardia civil… Aquí que nos investiguen a todos. No le vamos a dar a nadie un cheque en blanco”, agregan vehementes. Los populares se aferrarán a la subcomisión parlamentaria sobre regeneración  democrática que la formación de Albert Rivera ha promovido en el Parlamento. Si aún así, éste insiste en una monográfica sobre la supuesta financiación irregular del PP, el Grupo Popular, con Rafael Hernando al frente, desplegará toda su artillería para que se retraten el conjunto de las formaciones políticas.

Queda por tanto, mucho camino por recorrer antes de ver a Hernando y a Girauta caminar de la mano hacia el registro del Congreso de los Diputados. Girauta envió a las tres de la tarde el martes, dos horas antes de que se reuniera el grupo de seguimiento del pacto, su propuesta de comisión de investigación que los populares se comprometieron a estudiar. Sin prisas. La intención de Hernando es completarla con una especie de enmienda a la totalidad que alcanzaría al conjunto de las fuerzas políticas. “Aquí nos investigamos todos a todos”, sentencian los mismos medios consultados, que no dudan en afirmar que los de Ciudadanos “han hecho el ridículo más palmario”.

Girauta envió a Hernando dos horas antes de la reunión del martes su propuesta de comisión que el popular ampliará a todos los partidos

Respecto al resto de los seis compromisos que condicionaban el pacto de investidura de Mariano Rajoy, no parece que todos vayan a tener un destino muy halagüeño. La separación inmediata de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial, choca con la continuidad del presidente del Gobierno de Murcia, Pedro Antonio Sanz, que acude el día 6 al TSJM para declarar por el caso auditorio. Es verdad que todavía no puede hablarse de imputación formal, pero la intención del PP es mantenerle en el cargo hasta la apertura del juicio oral en caso de que no sea desimputado.

Precisamente, hoy se reúnen en Murcia dos delegaciones de ambos partidos para estudiar el futuro del pacto de investidura que sostiene a Sánchez en la presidencia de la Comunidad. Lo previsible es que la formación naranja dé de plazo hasta el lunes 6, aunque el margen de maniobra para presionar más allá de esa fecha es limitado dado que la opción, una moción de censura junto al PSOE y Podemos no es el mejor de los escenarios para Rivera. Además, Sánchez siempre puede amagar con la celebración de elecciones.

Aforamientos y mandatos

La limitación de aforamientos exige, por su parte, una reforma de la Constitución con el riesgo añadido de que 35 diputados de la Cámara pudieran pedir la celebración de un referéndum para sancionarla. Suma y sigue. La limitación de mandatos “no existe en ningún país no presidencialista”, arguyen en el PP para resistirse a una eventualidad que, hasta ahora, sólo ha dependido de la voluntad política del presidente de turno, esto es, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Mejor suerte corre la supresión de los indultos por corrupción política. Algo se ha avanzado puesto que Ciudadanos ha presentado una proposición de ley al respecto. Y en cuanto a la ley electoral se ha constituido una subcomisión que estudiará la reforma de la Ley Orgánica de Régimen electoral General (LOREG).