Cinco años después del nacimiento de la Guardia Civil, el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas complacía los deseos de la Reina Isabel II y aprobó el reglamento que suponía la creación de los guardas rurales como medio para fomentar la agricultura. Era el 8 de noviembre de 1849, Narváez presidía el Consejo de Ministros en su segunda etapa, España no superaba aún los 15 millones de habitantes y el periódico costaba cuatro cuartos.

Ya no vigilan a caballo sino en todoterreno y han dejado de utilizar el sable similar al de la Caballería ligera del Ejército, como establecía la citada norma en su artículo 10. Pero los guardas rurales siguen siendo hoy tan necesarios como entonces debido a los insuficientes recursos de la Guardia Civil por las restricciones presupuestarias y, muy especialmente, por el repunte de los robos en el campo, donde también han entrado en escena las bandas organizadas.

El techo se alcanzó en 2013, cuando las fuerzas de seguridad contabilizaron 24.078 sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas. La creación de los llamados Equipos de lucha contra el Robo en el Campo (ROCA) en septiembre de dicho año por parte de la Guardia Civil ha posibilitado que la curva de los delitos en el medio rural haya dibujado una trayectoria descendente desde entonces, con una disminución del 37,2% en los últimos tres años tras cerrarse 2016 con 15.134 hechos conocidos. No hay motivos para el triunfalismo: cada día se siguen cometiendo en el campo español unos 41 robos de media.

El repunte de los robos en el campo, que alcanzó techo en 2013, ha aumentado la demanda de estos profesionales

“Se está atajando un poco el problema, pero la Guardia Civil no tiene agentes para cubrir servicios en el medio rural. Están bajo mínimos. Hay grupos ROCA que tienen asignados 20 pueblos. ¿Usted cree que tres guardias civiles pueden llevar 20 pueblos? No tienen medios ni cuentan con los vehículos adecuados. Es verdad que se han frenado un poco los robos, pero continúan”, expone Ángel Tejedor, presidente de la Asociación Nacional de Guardas Rurales (Anaguar).

El aumento de la criminalidad en el campo y la crisis económica, que ha golpeado con dureza a otras profesiones, ha provocado un incremento de la demanda de estos profesionales y que centenares de españoles se hayan preparado en los últimos años para conseguir esta habilitación con la intención de ampliar su horizonte laboral. Son los únicos autorizados para ejercer funciones de vigilancia y protección de personas y bienes en fincas rústicas, cotos cinegéticos, explotaciones de acuicultura y zonas marítimas con fines pesqueros.

Grupo de guardas rurales a principios del siglo XX, con sus características bandoleras de cuero. ANAGUAR

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado jueves la resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad -dependiente del Ministerio del Interior- con la que hacía pública la relación de aspirantes que han superado las pruebas de selección. En total, 224 personas -213 hombres y 11 mujeres- han sido declarados aptos y podrán tramitar ahora su expediente de habilitación para poder ejercer como guarda rural, 203 han conseguido la tarjeta de guarda de caza y 52 la de guardapesca marítimo.

“Estas cifras no son normales, pero tienen su explicación. En los últimos años se viene registrando una nueva delincuencia en el medio rural, con el robo de aceitunas, cítricos, combustible, cobre, antigüedades… y ello ha hecho que aumente la demanda de guardas rurales. La crisis también ha provocado que muchos vigilantes de seguridad que perdieron su empleo hayan pasado al campo”, añade Tejedor, que representa a unos 400 socios.

El Ministerio del Interior acaba de declarar aptos a 224 aspirantes y ya podrán ejercer como guardas rurales

El directivo calcula que, en la actualidad, unas 15.000 personas están habilitadas para ejercer como guarda rural en España. Pero de ellas sólo 8.000 están en activos, lo que arrojaría una tasa de desempleo del 45%. Tejedor cree que, de la última hornada, tan sólo encontrará trabajo -ya sea como contratado por una empresa de seguridad, directamente por el propietario de una finca o como autonómo- un 25%. Expresado en cifras absolutas, poco más de medio centenar.

Si el mercado laboral no absorbe más mano de obra, según Tejedor, es por dos motivos. Por un lado, por el “intrusismo” que sufre el colectivo, dado que hay “muchas personas” contratadas para hacer estas funciones “sin estar cualificadas ni autorizadas para ello”. A ello se suma la creación por parte de comunidades autónomas de una figura que invade parte de las competencias de los guardas de caza, como es el caso de los llamados guardas de coto de caza que operan en Andalucía.

Son dos de los problemas que afectan al colectivo, pero no los únicos. Entre sus prioridades ocupa un lugar destacado que la Guardia Civil eleve el numero de autorizaciones para que puedan ir armados. En teoría, la ley le permite llevar un arma corta tipo revólver, una escopeta de 12 mm de repetición manual y un arma larga rayada como un rifle o una carabina, si bien Tejedor dice que en la práctica sólo está autorizado entre “un 10 y un 15% de la profesión.

El colectivo asegura que hay bandas organizadas que vienen de Europa del Este a robar por las noches en el campo

“Estamos solos en el campo, desvalidos. Y hoy hay auténticas mafias, grupos que vienen expresamente de Rumanía o de Bulgaria durante un mes buscados por alguien que conoce la zona para salir por las noches a robar. Por eso pedimos tener la condición jurídica de autoridad y poder llevar arma defensiva, no sólo una porra y unos grilletes”, argumenta Tejedor.

Habla con conocimiento de causa. Cuenta que hace dos meses sorprendió a un grupo de 25 personas robando aceitunas y cargándolas en varias furgonetas a las once de la noche en el término municipal de Marchena (Sevilla). “Llevaban recogidos 5.000 kilos. ¿Quién controla eso? Esa vez los cogimos en el campo, pero también se están produciendo robos directamente en cooperativas”, detalla.

El preciado ‘oro’ verde

Los oleicultores y las almazaras se han convertido en los últimos años en el blanco de los ladrones, debido al repunte que ha experimentado el precio del aceite en algunas campañas como consecuencia de la escasez de la producción y que ha justificado más que nunca su sobrenombre de oro verde. En la actualidad, el kilo de virgen extra se está cotizando a 3,8 euros.

El presidente de Anaguar lamenta que muchos agricultores y propietarios de fincas no terminen de concienciarse de la necesidad de contratar a guardas rurales. “La seguridad es preventiva, no sólo pillar a los ladrones. Que te vean y dejarte ver. Así se evitarían muchos robos, pero lo último en lo que piensa la gente es en la seguridad”, comenta.