El lehendakari Iñigo Urkullu ha asegurado que “no le consta” que en Euskadi exista una trama del 3% similar a la que se investiga en Cataluña, Madrid o Valencia para financiar partidos de modo ilegal. No ha ocultado que en el País Vasco existen causas judiciales pendientes que salpican a ex dirigentes del PNV en Álava, a los que se les acusa de haber creado una trama societaria para obtener contratos y adjudicaciones procedentes de administraciones gobernadas por el PNV, pero que eso no supone que exista una financiación ilegal, “a mí, desde luego, no me consta”, ha señalado. Urkullu presidía el PNV cuando en 2010 una operación policial destapó el llamado ‘caso De Miguel’, en el que están imputadas 26 personas por haberse beneficiado, presuntamente, del cobro de comisiones y de adjudicación de obra pública. En el proceso está acusado quien fuera miembro del Gobierno foral de Álava y alto cargo del PNV alavés, Alfredo De Miguel, así como otros dos ex miembros del PNV en este territorio, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria.

Urkullu siempre ha defendido que en este caso no existen datos para asegurar que el PNV se beneficiara o financiara a través de las actuaciones de los imputados. Preguntado al respecto, el lehendakari ha asegurado esta mañana, en declaraciones a la radio pública vasca, que tampoco la Fiscalía ha visto visos de sospecha en este sentido. Sin embargo, en su auto la juez sí apunta que los principales encausados se pudieron beneficiar, por su condición de cargos públicos y vinculación al PNV, de ciertas adjudicaciones procedentes de administraciones en manos de la formación nacionalista.

El lehendakari también ha recordado que en cuanto estalló el caso el PNV, que en ese momento presidía, actuó de modo contundente. La formación expulsó a los acusados del partido y les exigió la entrega del carnet. En varias ocasiones ha asegurado que este caso no vincula de ninguna manera a los acusados con una posible financiación irregular del PNV. Siempre ha defendido que su partido ha actuado de modo “inmediato, contundente, claro y ejemplar”. En su opinión, en el País Vasco no se dan situaciones de corrupción política como las que se investigan en otras comunidades autónomas porque “aquí creo que hacemos las cosas de otra manera, quizá nuestro tamaño e historia ayuda a eso”, ha asegurado.

Una trama de ex altos cargos del PNV

El llamado ‘caso De Miguel’ se encuentra a la espera de fijar fecha para la vista oral decretada ya por la Justicia. Su celebración, tras el auto del pasado mes de junio que dictaba la apertura de juicio, se está demorando por los recursos presentados por algunos de los acusados. A la espera de que sean resueltas, se espera que la celebración del mismo pueda demorase aún entre dos o tres meses. Será el juicio con mayor expectación de los celebrados en el País Vasco en muchos años, no sólo por el elevado número de imputados sino por su vinculación al PNV alavés y lo abultado de las penas que reclama la Fiscalía. Sólo para el cabecilla del supuesto entramado de sociedades, Alfredo De Miguel se reclaman 54 años de prisión y una fianza de 16,5 millones de euros. Para los otros dos ex altos cargos del PNV, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano se piden 32 años de prisión.

A todos ellos, y a sus mujeres, se les acusa de estar al frente de un entramado societario que durante el periodo 2005 a 2009 habría aprovechado sus responsabilidades políticas y/o administrativas “que ostentaban por su pertenencia al PNV”, se señala en el auto, para obtener contratos y adjudicaciones públicas. El caso saltó tras la denuncia de una de las víctimas que aseguró que algunos de los implicados le exigieron el pago de comisiones.

Junto a este caso, en las próximas semanas se celebrará otro caso de corrupción que salpica al PNV, el denominado ‘caso Margüello’ en el que están acusados ex altos cargos del Gobierno vasco en tiempos de Juan José Ibarretxe por, presuntamente, haberse beneficiado de modo irregular de adjudicación de contratos sanitario. En él están imputados un ex viceconsejero de Sanidad y un director territorial de la consejería, así como un facultativo del sistema público de salud y a cuyas empresas se habría adjudicado contratos por un importe total de 6,8 millones de manera irregular. La Fiscalía pide para ellos penas de hasta 11 años de prisión.

Por otro lado, el lehendakari ha afirmado que continúa son noticias del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y que continúa a la espera de fijar una cita con el presidente del Gobierno, tal y como le reclamaba en la misiva que le remitió a finales de diciembre. Respecto al proceso de aprobación de presupuestos, que su Gobierno quiere tener cerrado antes del próximo miércoles, el lehendakari se ha mostrado optimista en poder lograrlo. Todo apunta a que tanto Podemos como EH Bildu finalmente no respaldarán las cuentas del Ejecutivo de coalición PNV-PSE y que el apoyo, en forma de abstención, llegue desde la bancada del PP. Urkullu ha insistido en que el hipotético apoyo que el PP vasco pudiera brindar en Euskadi no está ligado al comportamiento que el PNV  tenga en el proceso de negociación presupuestaria que está abierto en el Congreso de los Diputados.