La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigan cuánto de los más de 13 millones de euros para gastos de publicidad e información relacionados con la construcción de nuevos hospitales y centros de salud durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad de Madrid se destinó realmente al desarrollo de las acciones contratadas y cuánto pudo acabar en la caja B con la que se financió presuntamente de forma irregular el PP de Madrid.

Ésta es una de las líneas que han abierto los investigadores en el marco de la pieza separada del caso Púnica que ha reactivado en las últimas semanas el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y el motivo por el que la UCO se personó semanas atrás en diversos departamentos del Gobierno madrileño para retirar documentación. El análisis de los papeles podría permitir al instructor apuntalar los “potentes indicios” de que el PP se financió durante años con aportaciones de empresas a las que previamente el Gobierno regional le encargaba arbitrariamente la prestación de servicios relacionados con la publicidad de nuevas dotaciones públicas.

Como desveló El Independiente el pasado 8 de marzo, la investigación ha puesto la lupa al plan de infraestructuras sanitarias que promovió Esperanza Aguirre cuando llegó al Gobierno de Madrid a finales de 2003 y que se convirtió en uno de sus proyectos estrella: la construcción de 12 nuevos hospitales para completar la descentralización de la atención especializada y la puesta en marcha de 56 centros de salud. En concreto, lo que se escruta es la partida del 1% para gastos de publicidad durante la fase de obras -respecto al presupuesto de ejecución material- que el Ejecutivo autonómico incluía en los pliegos de los concursos y que corría por cuenta del contratista.

El 1% corría por cuenta de los contratistas, pero la Comunidad de Madrid terminó sufragando otros 2,5 millones de euros

De acuerdo con la investigación de este diario, la ejecución del plan de infraestructuras sanitarias impulsado por el Ejecutivo de Aguirre -con Manuel Lamela (2003-2007) y Juan José Güemes (2007-2010) como consejeros de Sanidad- llevó aparejada una partida de al menos 11, 88 millones de euros (casi 2.000 millones de pesetas) para gastos de publicidad, de los que llegaron a desembolsarse como mínimo 10,54 millones. Éste es el montante que tuvieron que aportar las empresas concesionarias y al que hay que sumar otros 2,46 millones de euros que cargó la Consejería de Sanidad a sus propios presupuestos ante las reclamaciones que años después formularon empresas a las que se les había encargado la ejecución de trabajos y no se les habían pagado. La suma de ambas cuantías supera los 13 millones.

Ese montante es el asociado a la construcción de los hospitales Puerta de Hierro (Majadahonda), Infanta Cristina (Parla), Henares (Coslada), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Sureste (Arganda), Tajo (Aranjuez), Infanta Leonor (Vallecas), Valdemoro, Torrejón de Ardoz, Rey Juan Carlos (Móstoles) y Villalba; las remodelaciones del Clínico San Carlos, Policlínico 12 de Octubre, Universitario de Getafe, la Cruz Roja de San José y Santa Adela, Príncipe de Asturias, El Escorial y Severo Ochoa de Leganés, así como al menos la puesta en marcha de 40 nuevos centros de salud.

En términos relativos, la Comunidad de Madrid exigía a la empresa concesionaria que aportara para gastos de publicidad e información de los nuevos centros sanitarios una cantidad equivalente al 1% del presupuesto de ejecución material detallado en el anteproyecto, una vez descontados los gastos generales (13%), el beneficio industrial (6%) y el IVA correspondiente (16%). Ello explica que, en el caso del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, sólo se destinaran a estos fines 1,85 millones de euros cuando la construcción importó más de 256,58 millones.

Para calcular el montante de esta partida, se descontaban los gastos generales, el beneficio industrial y el 16% de IVA

La ejecución del 1% para acciones publicitarias relacionadas con los nuevos hospitales tenía un periodo de ejecución de 30 años desde la firma del contrato de concesión, si bien en la mayoría de los casos el saldo se agotó en no más de tres anualidades. Es el caso del Infanta Leonor, centro hospitalario ubicado en Villa de Vallecas que requirió una inversión de 87,5 millones de euros y que entró en funcionamiento el 29 de febrero de 2008. Desde el pasado 1 de julio de 2016, es gestionado de forma directa por el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

La empresa concesionaria tuvo que reservar 829.000 euros para sufragar la impresión de folletos, elaboración de vídeos y paneles, y presentación y organización de puertas abiertas durante la ejecución de las obras del hospital de Vallecas a fin de informar a los ciudadanos que se iban a convertir en usuarios de los nuevos servicios de atención especializada. El periodo para invertir ese dinero iba desde octubre de 2005 a octubre de 2035.

Sin embargo, esa partida agotó su disposición en mayo de 2007, mes en que se celebraron las elecciones a la Asamblea de Madrid en las que Esperanza Aguirre incrementó en 10 el número de diputados (de 57 a 67) y sacó 590.000 votos a la candidatura socialista que encabezó Rafael Simancas en aquella cita con las urnas. El PP logró reeditar cómodamente su segunda mayoría absoluta.

No fue un caso aislado. La Comunidad de Madrid dispuso de 541.042,64 euros para dar a conocer la construcción del Hospital Infanta Cristina de Parla, inaugurado también en febrero de 2008. En abril de 2007, el saldo disponible para la ejecución de acciones publicidad e información en dicho centro sanitario era de tan sólo 0,29 euros.

La inversión para publicidad tenía un plazo de ejecución de 30 años, pero el saldo se agotaba en menos de tres años

La factura para publicidad no sólo la pagaron las empresas concesionarias. Según ha podido conocer este periódico, la Consejería de Sanidad tuvo que hacer frente en 2009 con sus propios recursos al pago de facturas correspondientes a acciones de comunicación relativas a los nuevos hospitales y centros de salud que se habían realizado años antes y que continuaban sin abonarse.

Fue el caso de la antigua Ilusiona Comunicación SL, una empresa madrileña investigada en el caso Gürtel que logró que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) le diera la razón el 30 de octubre de 2013 y condenara a la Administración madrileña a pagarle no sólo 1.281.457,05 euros de deuda principal sino también otros 528.300 euros en concepto de intereses de demora.

La investigación que lleva a cabo la UCO a instancias del juez Eloy Velasco determinará si se inflaron las facturas por estos servicios, adjudicándoselos de forma arbitraria a empresas afines, para financiar al PP madrileño. La sospecha se extiende a otras grandes obras de infraestructuras -no sólo sanitarias- que se levantaron en la etapa de Aguirre como jefa del Ejecutivo autonómico.

Como viene informando este periódico, algunos de los encargos para acciones publicitarias vinculadas a los nuevos centros sanitarios se realizaron a empresas investigadas en el caso Gürtel, casos de la citada Ilusiona Comunicación o de Lata Latina SL. También se benefició por estos trabajos Daniel Mercado Lozano, el empresario argentino que incriminó a Jaume Matas por la trama de financiación ilegal del PP balear y que reconoció haber recibido contratos públicos amañados.

De la trama balear a la ¿rama madrileña?

Over Marketing y Comunicación SL, Traci Comunicación SL, Link América SL y Abanico de Comunicación y Marketing SL -de las que Mercado fue administrador único o solidario y ya liquidadas tras solicitar el concurso voluntario de acreedores- fueron de las compañías más beneficiadas por los encargos realizados por el Gobierno de Aguirre para ejecutar acciones publicitarias, tanto de los nuevos hospitales como de la red de centros de salud construidos entre 2003 y 2007.

Los agentes de la Guardia Civil han requerido a la Comunidad de Madrid que aporte información sobre todos los contratos que con cargo a la partida del 1% para publicidad recibieron estas empresas, ante la sospecha de que -como en Baleares- Daniel Mercado pudo transferir parte del dinero facturado al PP de Madrid o sufragar actos electorales de esta formación.

En un auto fechado el pasado 16 de marzo, el Juzgado de Instrucción 3 de Palma ha procesado al empresario argentino en una subpieza del caso Over -rama desgajada a su vez de la causa Palma Arena– por la presunta comisión de delitos de prevaricación y otro continuado de fraude a la Administración.