Mariano Rajoy ha anunciado este martes en Barcelona una inversión en infraestructuras de 4.200 millones de euros hasta el año 2020. El presidente del Gobierno ha abierto la jornada ‘Conectados al Futuro’ pidiendo “ayuda” a los empresarios presentes en el foro y “ofreciendo” la suya para “ganar la batalla de la moderación”. Y en este contexto, la moderación no es otra cosa que obra pública: mejoras en la red de Cercanías e impulso del Corredor Mediterráneo, paralizado en alguno de sus tramos.

El anuncio ha sido recibido con tibieza por el gobierno autonómico, que ya antes de conocerlo manifestaba por boca de su consejero de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, que les sabría a poco. “No sabemos lo que nos prometerán, pero vale la pena recordarles las deudas pendientes”, manifestaba el consejero, que las cifraba en 10.000 millones. No obstante, el anuncio es de entidad: 4.200 millones en tres años es más de lo que Fomento invirtió en la década transcurrida entre 2006 y 2015, en plena expansión del AVE, en todas las comunidades salvo Castilla y León (5.652 millones), Galicia (5.901 millones) y Andalucía (7.932 millones).

Cataluña recibió entre 2006 y 2015 el 17,77% de la obra pública de Fomento, más del triple que Madrid

Estos datos, extraídos del informe elaborado en 2016 por la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC), ponen de manifiesto que ya en aquel período Cataluña fue la región más favorecida por la inversión en infraestructuras, con 8.283 millones y el 17,77% del total de obra pública adjudicada a nivel nacional por el ministerio de Fomento. El doble que la Comunidad Valenciana, y el triple que Madrid o Castilla-La Mancha.

De estos mismos datos se extrae que la inversión prevista para Cataluña en los próximos tres años, 4.200 millones, es un 67% superior a la que se destinó a Madrid en diez años (2.513 millones), y bastante más del doble que la destinada al País Vasco en esa misma época (1.844 millones).

Dominio de Adif

Buena parte de todas estas inversiones, dentro de la cartera de Fomento, corresponden a Adif y al desarrollo ferroviario de la Alta Velocidad Española. En el informe, elaborado a partir de cifras aportadas por el propio ministerio y por el Banco de España, se cifra la inversión total de Fomento en la última década en 51.273 millones, un 63,5% de los cuales corresponderían a Adif, un 10,3% a AENA y un 10,2% a Puertos del Estado.

La inversión anunciada en Rodalies hasta 2020 supera a la que se hizo en total en 11 comunidades en una década

En esta nueva ronda de inversión en infraestructuras el tren sigue siendo el gran protagonista, aunque en este caso en su versión Rodalies, equivalente al Cercanías, que conecta las grandes urbes con las ciudades de su área metropolitana. El mal funcionamiento del servicio es una reclamación persistente en la sociedad catalana, que denuncia constantes averías, mal estado de mantenimiento en los trenes y frecuencias irregulares causadas por el estado general de la infraestructura. Rajoy, tanto en la entrevista concedida este martes a La Vanguardia como en su intervención ante los empresarios, ha puesto el foco sobre este problema en particular.

En concreto, el presidente del Gobierno ha anunciado una inversión hasta 2020 de 1.800 millones en Rodalies, que se ampliaría en 2.000 millones más durante la próxima legislatura. Una inversión que, de concretarse, superaría a lo invertido por el Gobierno central en la última década en todas las infraestructuras de comunidades como Aragón (1.638 millones), Asturias (1.505 millones), Extremadura (1.181 millones), Canarias (1.048 millones), Murcia (809 millones), Cantabria (711 millones), Baleares (642 millones), La Rioja (336 millones), Navarra (58 millones), Melilla (39 millones) y Ceuta (27 millones).

El problema, desde la perspectiva de la Generalitat, es que estas inversiones no lleguen nunca a concretarse. “El Estado español hace bueno el dicho de que las palabras se las lleva el viento”, escribían hoy mismo Carles Puigdemont y Oriol Junqueras en un artículo conjunto publicado en El Periódico de Cataluña. En él, ambos líderes soberanistas recordaban que las promesas sobre la inversión en Rodalies son “una de tantas que nunca se concretan” y ponían cifras a su descontento: Adif sólo ha cumplido el 27% de la inversión prevista, Aena el 14% y Puertos del Estado el 43%.

Territorialidad

En el informe elaborado por Convivencia Cívica, sin embargo, se tratada de desmentir “la tesis de un supuesto agravio inversor contra Cataluña en beneficio de Madrid”, y se recordaba que, durante la década analizada, “la obra pública adjudicada por Fomento en Cataluña triplica a la recibida en Madrid”. Y esto, pese a las peculiaridades de la inversión en infraestructuras, que como recuerda el informe depende en buena medida de la territorialización: “Inversiones como ferrocarriles o carreteras benefician tanto o más a los territorios que unen que a los territorios por los que discurren. Por tanto, cualquier valor que se ofrezca de territorialización debe tomarse a nivel orientativo y con las debidas precauciones”.

Sin embargo, un baremo que sí suele utilizarse habitualmente a la hora de ponderar las inversiones por infraestructuras a nivel regional es el de la superficie. CCC pone el ejemplo alemán, en el que la distribución del dinero público dedicado a este efecto se guía en buena medida de modo proporcional. En este sentido, se ponía el ejemplo del land de Renandia del Norte-Westfalia que, pese a portar el 21% del PIB germano, acepta el 12% de la inversión en infraestructura, “conscientes de que la superficie renana es tan solo el 10% de la de Alemania”.

En España esa correlación no se produce, o al menos no en esos parámetros. Cataluña, la región más favorecida por la inversión en infraestructura, con un 17,77% de la obra pública en la última década, ocupa sólo el 6,3% de la geografía española, aunque su porcentaje de población sobre el total español sí está más equilibrado: un 16,08%. Madrid, con un 1,59% de la población y un 13,8% de la población, recibe un 5,4% de la inversión. La única región que alcanza un equilibrio casi perfecto en este sentido es Andalucía, con un 17,02% de la inversión en infraestructuras, un 17,96% de de la población y un 17,3% de la superficie.