El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado conceder permiso al ex director de la Oficina Antifraude Cataluña Daniel de Alfonso para comparecer en la comisión de investigación constituida en el Congreso de los Diputados para depurar responsabilidades políticas por el escándalo de las escuchas en el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz.

Así lo ha acordado este lunes la comisión permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces, que ha confirmado la voluntad del magistrado -al frente del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cantabria- de acudir a la Cámara Baja para «facilitar datos o declaraciones» sobre los hechos que se investigan. «El objeto y la finalidad de la comisión no es incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional ni su comparecencia compromete su imparcialidad e independencia», ha concluido el CGPJ.

La comisión de investigación acordó el pasado 21 de marzo citar a Jorge Fernández Díaz y a Daniel de Alfonso, los dos altos cargos que fueron grabados en los encuentros que mantuvieron los días 2 y 16 de octubre de 2014 -conversaciones que trascendieron en la recta final de las elecciones generales del 26-J- para intercambiar información acerca de casos que comprometían a dirigentes independentistas. Fernández Díaz y De Alfonso estaban llamados a declarar este miércoles por la tarde.

De Alfonso quiere acudir para informar sobre la grabación de sus reuniones con el ex ministro Fernández Díaz

Pero la comparecencia del ex director Antifraude de Cataluña estaba en el aire después de que el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, enviara un escrito a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en el que exponía que Daniel de Alfonso no estaba obligado a acudir. La incógnita queda resuelta por el permiso concedido y por la voluntad del magistrado de comparecer ante los comisionados.

En todo caso, la comisión permanente del CGPJ recuerda a la presidenta del Congreso que, en virtud del artículo 76.2 de la Constitución y de la normativa concordante, «se desprende un deber constitucional de comparecer y colaborar con las comisiones de investigación que, tratándose de jueces o magistrados en activo, no podrán versar sobre datos o declaraciones que se refieran a su cargo o función jurisdiccional».

Con los votos del PSOE, los nacionalistas catalanes y vascos, Ciudadanos y Unidos Podemos, el Congreso aprobó el pasado 27 de septiembre constituir una comisión de investigación para aclarar el uso presuntamente «partidista» de los medios del Ministerio del Interior por parte del entonces titular con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos a través de una «policía política», si bien los trabajos no se han iniciado hasta principios de este mes después tras diagnosticársele un tumor de hígado al ex ministro hace más de un año.

Dispositivo de grabación

Como informó El Independiente, el ex titular de Interior autorizó la instalación de un dispositivo para grabar las conversaciones que se producían en el Ministerio del Interior, entre ellas las que mantuvo con el responsable Antifraude catalán en vísperas de la consulta soberanista del 9-N.

Sobre De Alfonso sobrevolaba la sospecha de algún sector como responsable de las grabaciones de sus encuentros con el ex titular de Interior, acusación que él siempre ha negado. En sus manifestaciones públicas y cuando compareció en el Parlamento catalán para dar explicaciones por el contenido de sus reuniones con Fernández Díaz. «¿Usted sabe las medidas de seguridad que hay que pasar para entrar en el Ministerio? ¿Cree que no te van a registrar cuando vas al despacho del Ministerio al que está encomendada la seguridad del Estado español? ¿En qué me beneficia? Y, si tengo la grabación que no me ha beneficiado en nada, lo que no voy a hacer es difundirla. Es de cajón”, respondió a este diario en una entrevista concedida el pasado 13 de enero a la pregunta de si fue él quien registró las reuniones.


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