La Oferta Público de Empleo que el Ministerio del Interior tiene previsto convocar este año en Instituciones Penitenciarias, de entre 500 y 600 plazas, apenas permitirá cubrir un 20% de las vacantes que suman las cárceles españolas como consecuencia del déficit que se ha ido acumulando durante los años de crisis por los recortes presupuestarios. La cobertura de todas las plazas y la puesta en servicio de los módulos que aún no están operativos en las nuevas prisiones obligarían a incorporar a la plantilla a unas 4.000 personas.

Son los cálculos de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) -el sindicato mayoritario en el sector-, que califica de «nefasta» la gestión de personal realizada en los últimos años por el Ministerio del Interior y lamenta que Prisiones haya dejado de ser un «sector prioritario» de la Administración General del Estado a la vista de la oferta de plazas a la que ha dado el visto bueno el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con los datos que maneja esta organización, las prisiones españolas tienen sin cubrir 2.755 vacantes (2.102 funcionarios y 610 laborales), equivalente al 11,3% de la plantilla en su conjunto y del 24,73% si sólo se computan las plazas de laborales en relación a su dotación. Se trata de puestos vacantes por fallecimientos, jubilaciones, excedencias o servicios especiales en las cárceles que gestiona la Administración General del Estado.

Los recortes por la crisis económica provocan que unas 2.755 plazas estén vacantes en la actualidad

«Si tenemos en cuenta sólo al personal laboral, la situación es tan extremadamente grave que el porcentaje de vacantes es absolutamente inasumible para garantizar el servicio e imposibilita cualquier gestión pública, lo que se suple con la privatización a través de empresas que realizan funciones de mantenimiento integral, limpieza de dependencias o demandaduría», denuncia el sindicato.

En este sentido, el sindicato recuerda que Intituciones Penitenciarias llevó a cabo durante la pasada legislatura la privatización del servicio de control de accesos y vigilancia exterior de las prisiones «como contraprestación a la desaparición de un gran número de escoltas en la seguridad de numerosos cargos públicos debido a la inactividad de la banda terrorista ETA», sin que ello haya supuesto un «ahorro económico» puesto que «en la actualidad los puestos están duplicados e incluso triplicados».

Acaip asegura que entre 2010 y 2015 se contabilizaron un total de 1.896 bajas, mientras que se incorporaron a través de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 1.362. Ello supuso una merma de 534 efectivos. Esta situación se ha puesto de manifiesto en 57 de las 67 prisiones, es decir, «el 85% de los centros penitenciarios tienen menos funcionarios del área de vigilancia, personal sanitario, administrativo y técnicos».

El sindicato mayoritario critica la privatización del servicio de vigilancia exterior en las prisiones

El sindicato recuerda que la puesta en funcionamiento de los nuevos establecimientos penitenciarios a partir de 2010 se acometieron sin las ofertas de empleo público necesarias para su cobertura, origen de la «situación desastrosa» que se registra en materia de recursos humanos. «La Administración se equivocó al no prever que la crisis impediría nueva dotaciones de personal funcionario. Con el mismo personal existente en 2009, año que tuvo una oferta de empleo público de 1.123 funcionarios, se han inaugurado los últimas 22 infraestructuras penitenciarias (seis centros penitenciarios, catorce Centros de Inserción Social (CIS) y dos unidades de madres)», expone.

El futuro «no es nada prometedor», asegura esta representación sindical. Los 600 funcionarios correspondientes a la última Oferta Pública de Empleo que superaron el proceso selectivo no se incorporarán hasta mediados de 2017 y tan sólo vendrán a cubrir las «vacantes generadas en 2016», cuando dichas plazas se crearon en gran medida para las aperturas de las prisiones de Archidona (Málaga) y Ceuta. Está previsto que estos dos centros penitenciarios, que suman 1.656 celdas residenciales y 270 complementarias, abran sus puertas al 40% durante este año.

A la no cobertura de vacantes por razones vegetativas se suman los nuevos centros en los que tan sólo permanecen abiertas una parte de sus celdas. Es lo que ocurre en Araba/Nanclares de Oca (Álava), Pamplona, Las Palmas II, Murcia II y Menorca. Según Acaip, hay 38 módulos cerrados que no están operativos por falta de personal, con 1.812 celdas residenciales y 116 complementarias.

Las cárceles acumulan un total de 38 módulos cerrados debido a la falta de funcionarios

El déficit de personal se completa con los centros cuya ejecución ya se ha terminado pero que no han abierto sus puertas o aquellos que están pendientes de equipamiento. El caso paradigmático de la falta de planificación, a juicio de esta organización, es el centro penitenciario de Archidona (Málaga). Con una dotación de 1.008 celdas, la construcción de esta cárcel se terminó en 2013 tras una inversión de 117 millones de euros. El Ministerio del Interior ha tenido que contratar a una empresa para ejecutar labores de vigilancia y mantenimiento por 3,27 millones.

«Las necesidades mínimas del sistema penitenciario serían cubrir las plazas vacantes de personal y aquellas necesarias para el funcionamiento de los nuevos establecimientos que próximamente se van a inaugurar, lo que supone tener que dotar de más de 4.000 nuevos efectivos. Ésta es la necesidad más apremiante en estos momentos», añade.

Acaip recuerda que la significativa reducción en el número de presos que se viene registrando en los últimos años -casi un 20% menos desde 2010- «no reduce las necesidades de personal», puesto que siguen operativas las mismas instalaciones que cuando «la población reclusa llegó a su máximo».

Envejecimiento de la plantilla

Según los últimos datos estadísticos difundidos por Instituciones Penitenciarias, referidos a abril, las prisiones españolas albergaban a 60.594 presos o penados, de los que el 85,5% se encuentran en las 67 cárceles que gestionan la Administración del Estado y el resto en las de Cataluña. Desglosados por comunidades, los centros andaluces son los que una mayor población reclusa presenta (14.051), seguidas de los catalanes (8.746) y madrileñas (7.890).

Acaip advierte de otra circunstancia que puede agravar la situación si en los próximos años no se refuerza de manera importante la plantilla: el envejecimiento del personal que trabaja en las prisiones españolas. En 1995, casi el 79% de los funcionarios tenía menos de 40 años, la cifra no llega ahora ni al 21%. En sentido opuesto, el segmento de más de 50 años ha pasado en 20 años del 4,9% al 40,9%.

«Esta situación supone que, en un pequeño espacio de tiempo, un gran número de funcionarios se jubile o acceda a la segunda actividad. Además, ya se visualiza que en muchos centros existe un número fijo de licencias por enfermedad de larga duración debido a la dureza del medio y del trabajo realizado», avisa.