Los casos de supuesta corrupción en Madrid conocidos hasta ahora, como la Gürtel o la Púnica, «son todos de la época de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, no son irregularidades nuestras», afirman tajantes fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes. Responden así a la petición del juez de la Audiencia Nacional que investiga el «caso Gürtel», José de la Mata, de remitir al Tribunal Superior de Justicia (TSJM) los indicios que dice tener de supuesta actuación delictiva de la actual diputada autonómica María José Aguado en su calidad de jefa de Deportes de la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey en 1999.

La presidenta de la Comunidad de Madrid intenta marcar distancias en todo momento con sus antecesores aunque le toca lidiar con un Grupo Parlamentario cuya lista elaboró la que en 2015 era todavía presidenta regional del PP, la actual portavoz popular en el ayuntamiento madrileño, en cuya composición hay muchas personas que ocuparon cargos municipales con anterioridad. Sin embargo, algunos de los afectados por casos de corrupción antiguos han ocupado puestos por designación directa de Cifuentes.

El «código ético» del PP de Madrid es mucho más duro que lo que marcan los estatutos nacionales

La que fuera también delegada del Gobierno en Madrid elaboró antes de las elecciones autonómicas un código ético que firmaron todos los candidatos y por el cual se comprometían a dimitir y abandonar sus cargos en caso de ser «investigados formalmente por delitos de corrupción o por delitos que por su gravedad causen una especial alarma social, ante cualquier órgano jurisdiccional, o, en su caso, ser condenado, aunque la sentencia no haya alcanzado firmeza, por delitos dolosos perseguibles de oficio».

Se trata de una posición mucho más dura que la que mantienen otros compañeros suyos de partido que defienden, en la línea de lo que marcan los estatutos del PP, la apertura de juicio oral como límite para dirimir responsabilidades políticas. Ese fue el caso del murciano Pedro Antonio Sánchez, que sólo dimitió cuando era evidente que la moción de censura contra su persona prosperaría con el apoyo de Ciudadanos.

Con ello, el equipo autonómico pretendía inaugurar una nueva etapa, sin adherencias aguirristas que lastraran a la presidenta regional. Los medios consultados insisten en este sentido que los casos que se van conociendo, y que se han llevado ya por delante no menos de cuatro altos cargos, «son de la época anterior. No es corrupción de la época de Cifuentes».

Si la diputada Aguado resulta imputada por el TSJM, «se aplicará estrictamente el código ético» y deberá dimitir

En todo caso, antes de tomar ninguna decisión sobre María José Aguado, esperarán a que el TSJM se pronuncie al respecto. Es al Tribunal Superior al que compete decidir sobre la imputación o no de la misma por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos por la adjudicación a Francisco Correa de la organización de las «X Olimpiadas escolares» que se celebraron en la localidad madrileña de Arganda. No se actuará hasta ese momento, si se produce,  «porque si no sería una frivolidad tremenda», aducen desde la Asamblea.

En caso de ir adelante la imputación «habrá una aplicación estricta del código ético», significa que ésta deberá cumplir con su compromiso de dejar el escaño, siguiendo el mismo camino que otros compañeros de partido que se vieron relevados de sus cargos por la mera imputación, sin esperar a la apertura de juicio oral.

Otros cesados

Ha sido el caso de Miguel Garzón, que fuera asesor de Cifuentes, cesado fulminantemente en el marco de la investigación del «casto Teatro» de Getafe; del ex alcalde de Móstoles y diputado, Daniel Ortiz, en su caso por presuntos vínculos con la red Púnica; del también asesor, éste en asuntos taurinos, Miguel Ángel Satamaría,por licencias urbanísticas dudosas en el ayuntamiento de Colmenar Viejo, localidad de la que había sido alcalde o Carlos López Jimeno, que fue director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad hasta que apareció vinculado, e imputado, por la investigación de la Púnica.