La juez que instruye el caso ERE ha accedido a que se practique una prueba solicitada por la defensa de Eduardo Pascual Arxé, directivo de una de las empresas que intermediaban en la contratación de las pólizas de prejubilaciones financiadas por la Junta de Andalucía y que se encuentra en busca y captura internacional desde finales de septiembre de 2015 al dejar de presentarse al juzgado en garantía de su libertad provisional.

El pasado 18 de abril, el abogado de Pascual presentó un escrito en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla para que la magistrada Núñez Bolaños encomendara al perito de la Dirección General de Seguros que presta labores de auxilio judicial que analizara si las primas percibidas por las aseguradoras con las que trabajaba habitualmente Vitalia -la compañía de la que era directivo Eduardo Pascual- fueron "mayores, menores o similares" a las percibidas por Generali. "Ésta fue  la otra aseguradora que contrataba las pólizas de los ERE con la Junta de Andalucía y cuya actuación, por ser plenamente ajustada a derecho, no ha recibido reproche penal alguno", exponía su letrado en el escrito.

En un auto fechado el pasado martes, al que ha tenido acceso El Independiente, la magistrada accede a la pretensión de esta parte y amplía la tarea encomendada al citado perito judicial, al que el pasado 7 de abril instó a elaborar un informe en el que cuantifique las cantidades abonadas por la Administración andaluza en concepto de prima que superan el coste de mercado de las pólizas suscritas y que cuantifique el "perjuicio total" generado a la Junta de Andalucía. Pascual es uno de los imputados en la pieza separada de las sobrecomisiones, en la que se investiga el dinero de más que pagó la Junta cuando se suscribieron los seguros colectivos de renta a favor de trabajadores andaluces afectados por empresas en crisis o en proceso de reestructuración.

Eduardo Pascual, ex directivo de la mediadora Vitalia, está en busca y captura internacional desde septiembre de 2015

Cuando se declaró en rebeldía, el hoy fugitivo se encontraba en libertad condicional tras haber pasado más de 15 meses en un centro penitenciario de Sevilla por su presunta implicación en el escándalo de los ERE. En concreto, ingresó el 24 de marzo de 2013 y salió el 18 de julio de 2014, tras depositar la fianza de 6.000 euros que le impuso la magistrada Mercedes Alaya cuando aún era la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. El dinero lo aportó un hermano.

La huida de la Justicia de Eduardo Pascual se produjo semanas después de que hubiera solicitado sin éxito a la Audiencia Nacional que le devolviera el pasaporte, una medida que consideraba indispensable para poder obtener un empleo -aseguraba tener dos ofertas de trabajo en el extranjero y ninguna opción laboral en España- y para completar la documentación que acreditaría cómo dinero destinado a pagar prejubilaciones de trabajadores andaluces se desvió a inversiones inmobiliarias en el Caribe. Cuando declaró como imputado el 26 de septiembre de 2014 ante el juzgado de los ERE, Pascual aseguró que 18 de los 98,5 millones que la Junta pagó a la mutua Fortia Vida en comisiones acabaron invirtiéndose “en dos hoteles en República Dominicana” controlados por “empresarios vinculados con la cúpula del PSOE nacional”.

La pista de la marisquería

El Independiente publicó el pasado 16 de octubre que un testigo había acudido en marzo de ese año a la Policía Nacional para informarles de que había visto almorzando en un restaurante de Barcelona a Eduardo Pascual. Según su relato, el imputado en el caso ERE habría estado comiendo en la marisquería Solera gallega, un restaurante ubicado en el número 176 de la barcelonesa calle París -en pleno Ensanche de la capital catalana- no demasiado alejado del despacho al que acudía cada mañana el hoy prófugo en el Pasaje Permanyer.

Es la única pista que ha trascendido desde que fue declarado en rebeldía al dejar de presentarse en el juzgado, según acordó el 28 de septiembre de 2015 la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a petición de la Fiscalía Anticorrupción. Se da por seguro que Pascual se refugia lejos de Europa.

“Estaba comiendo con su ex esposa y coacusada [en el caso Eurobank] Encarnación Riera Juliá. Los vio uno de mis clientes, que los conoce perfectamente. Tan es así que yo mismo facilité este extremo a la Policía, al Grupo de Fugitivos Nacionales”, declaró a este periódico Ricardo Gómez de Olarte, abogado catalán que ha representa a un grupo de accionistas minoritarios en el procedimiento por la quiebra de Eurobank -ya enjuiciado por la Audiencia Nacional- y que desde 2009 había pedido hasta cinco veces la detención de Pascual al apreciar riesgo de fuga.