El grupo de Cristina Cifuentes en la Asamblea regional madrileña es desde sus inicios un baile continuo de sillas. Desde las elecciones autonómicas de mayo de 2015, donde el PP obtuvo 48 diputados, la renovación de caras alcanza casi a la mitad del grupo, con la renuncia al acta de 20 diputados; una cifra que podría aumentar en los próximos días con una renuncia más: la de Isabel González, hermana del ex presidente de la Comunidad Ignacio González, detenido al hilo de la operación Lezo junto a un tercer hermano, Pablo González. El PP madrileño reconoce que la situación de la diputada es «insostenible».

Otra de las candidatas a engrosar la lista de bajas populares en la Asamblea Regional es la diputada Josefa Aguado, a la que el juez del caso Gürtel José de la Mata ha pedido imputar por tres posibles tres delitos. En caso de que la imputación se formalice, tendría la obligación de renunciar a su acta de acuerdo con el código ético establecido por el grupo.

En una situación similar está el diputado Bartolomé González, al que la Guardia Civil atribuyó el pasado septiembre la recepción de 60.000 euros cuando era alcalde de Alcalá de Henares por parte de una empresa de la Púnica, aunque no ha sido formalmente imputado y no tiene la obligación de dejar su acta, como establece el pacto firmado con Ciudadanos en la Comunidad.

El número tres de Cifuentes, Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, también ha estado en la cuerda floja, después de que el conseguidor de la trama Púnica le acusara de gestionar obras públicas y amañar contratos para un plan de inversiones de la Comunidad de Madrid. A día de hoy sigue como diputado al no haberse salpicado por la imputación.

Estos cuatro ceses, en caso de producirse, se sumarían a la lista de representantes populares que han tenido que renunciar por verse implicados en casos de corrupción. Así sucedió con Borja Sarasola Jaúdenes, ex consejero de Ignacio González, que no llegó a recoger su acta de diputado tras ser imputado en la trama Púnica, aunque la razón oficial  que esgrimió fue el paso a la empresa privada. Justo un año después, en julio de 2016, hizo lo propio Daniel Ortiz Espejo después de ser imputado por recibir 240.000 euros de comisión de una empresa de la misma trama a cambio de una adjudicación en su etapa en la Alcaldía de Móstoles.

Sin embargo, y aunque varios diputados populares cayeron por este motivo, en la mayoría de los casos la renovación se debe a una renuncia para cumplir el régimen de incompatibilidades puesto en marcha por el PP de Madrid, que pretende evitar la acumulación de cargos.

Incompatibilidad por altos cargos

Una de las críticas más duras que recibió Cifuentes por parte de la oposición en la Asamblea de Madrid era el elevado número de diputados que renunciaron por casos de corrupción. Sin embargo, la mayor parte de las renuncias se deben a otra razón: la incompatibilidad. En total, 12 de los 20 diputados dejaron su acto por esta causa. Los ocho restantes, además de los casos por corrupción ya repasados, estuvieron motivados por distintas razones. José Ignacio Echeverría Echaniz presentó su dimisión irrevocable tras un accidente de coche, pese a asegurar que no conducía ebrio. Otros,como José Cabrera de Orellana, renunció para no tener que publicar su declaración de bienes; y, en el caso de Antonio Pablo González Terol, dejó la Asamblea regional para ser diputado en el Congreso de los Diputados.

El PP obtuvo 48 puestos en la Asamblea regional y a día de hoy el último diputado en entrar, el pasado febrero, Ana Belén Barbero, ocupaba el número 68 de las listas. En los dos primeros meses después de las elecciones hubo nueve renuncias, en la mayoría de casos por la asunción de otro cargo en el Gobierno regional de Cifuentes y la consecuente incompatibilidad. Así fue el caso de Manuel Francisco Quintanar, que dejó su acta tras ser nombrado secretario general del Consejo de Gobierno regional, o Miguel Ángel Ruiz López, que también entró en el equipo de Gobierno como viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

También fue el caso de José Tortosa de la Iglesia, director general de Urbanismo; Cristina Álvarez Sánchez, a la que Cifuentes nombró directora general de Relaciones con la Asamblea de Madrid, o Eva Tormo, que en septiembre de 2015 renunció su acta de diputada del PP en la Asamblea de Madrid para dedicarse en exclusiva a la dirección de la Fundación Canal Isabel II.