Podemos estrecha el cerco sobre los medios. El partido ha cambiado su estrategia de comunicación en los últimos meses a raíz de Vistalegre II y ha extremado el control sobre la información que se hace pública. La Asamblea Ciudadana Estatal supuso un punto de inflexión en esta materia, y la formación trata de acallar las críticas e imponer normalidad después de la cruda batalla que mantuvieron las dos grandes corrientes del partido. El nuevo sistema se caracteriza por su verticalidad, con una estricta supervisión sobre las comunicaciones oficiales de sus representantes, según reconocen estos en privado.

La nueva dirección de Podemos ha creado un área específica para este fin, con el lanzamiento de la nueva Secretaría de Comunicación, dirigida por el diputado Juanma del Olmo, uno de los dirigentes más cercanos a Pablo Iglesias. La formación quiere frenar así la sangría que se produjo en los meses previos a la Asamblea Ciudadana Estatal, donde el debate interno saltó al plano mediático y se lanzaron críticas encarnizadas en una y otra dirección.

Este área de nueva creación ha centralizado todo el flujo informativo del partido y ha puesto bajo foco las relaciones entre políticos y periodistas. En la nueva era de Podemos, cualquier declaración pública de los dirigentes morados se realizan previa autorización y bajo el criterio del nuevo área, mientras que las solicitudes de entrevistas pasan también por el criterio de este órgano superior.

La presión ha aumentado sobre los miembros del partido morado, que desde febrero miden sus palabras para evitar ser represaliados por la dirección de este área. En las últimas semanas, alguno de sus representantes ha sido llamado al orden por el nuevo responsable de comunicación después de mantener conversaciones informales con periodistas, en un intento por aumentar la presión sobre los dirigentes y evitar así la publicación de información sensible.

Uno de los aspectos más destacados de Podemos ha sido, desde sus orígenes, la fórmula comunicativa que acompañaba a su estrategia, experto en crear golpes de efecto y marcar la agenda política del resto de partidos. El interés por que no se filtre a los medios este tipo de información antes del anuncio oficial ha llevado a la dirección a estrechar los canales comunicativos, llegando a producirse situaciones insólitas, en las que los propios diputados de Unidos Podemos no tenían conocimiento de la iniciativa parlamentaria de mayor calado que había presentado su grupo.

En sus tres años de vida el partido de Iglesias ha conseguido explotar todas las posibilidades comunicativas a costa de multiplicar las apariciones públicas y ampliar el número de representantes con autoridad para hablar en nombre de la formación. Este número se ha reducido considerablemente en las últimas semanas, de forma que apenas un puñado de dirigentes, los más próximos a Iglesias, son los encargados de transmitir el mensaje de Podemos para intentar así minimizar los matices que puedan existir respecto al discurso oficial.

Una de las muestras de este cambio de estrategia comunicativa fue la polémica que se generó hace semanas con la Cadena Ser, después de que Del Olmo llamara a la Cadena Ser para anunciar que Iñigo Errejón dejaría de participar en la tertulia Hora 25 y trataran de sustituirle, sin éxito, por la nueva portavoz parlamentaria, Irene Montero.

La secretaría de Comunicación morada ha pasado a la ofensiva respecto a los medios de comunicación, y en la misma línea que ha tomado la dirección, ha lanzado en un plazo de diez días dos comunicados públicos pidiendo las rectificaciones a dos medios de comunicación de referencia, llegando a acusarles de «faltar a la verdad» y asegurando que los enfoques tienen una «intención malintencionada», al tiempo que dan proyección a su queja a través de las redes, donde denuncian el tratamiento informativo recibido, por no ser de su agrado.

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Polémica con la libertad de expresión

La advertencia del ministro de Justicia y del fiscal general del Estado de regular las filtraciones fueron ampliamente criticadas por Podemos, que se lanzó contra los dirigentes en las redes. En la misma semana de estas denuncias, Unidos Podemos ha presentado una propuesta de ley que contempla la creación de sanciones administrativas con multas de hasta 45.000 euros para quienes realicen comentarios en redes sociales que vulneren al colectivo LGTBI.

La iniciativa ha suscitado la polémica en redes y ha despertado el recelo de militantes y dirigentes. Es el caso de Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos y miembro del Consejo de Sabios de Pablo Iglesias. «En tiempos de censura, Podemos debe ser el partido más garantista de la libertad de expresión. La homofobia no se derrota censurando», reseñaba el ideólogo.

La polémica se centraba en la parte del texto en que establece una serie de infracciones que se resolverían mediante sanciones administraciones. Es decir, la falta sería reparada ante la Administración, en lugar de que fuera un tribunal quien las juzgara caso por caso.

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Entre las infracciones graves contempladas por la proposición de ley se encuentra la de «difundir en Internet o en las redes cualquier tipo de expresiones, imágenes o contenidos que sean ofensivas o vejatorias por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales contra las personas LGTBI o sus familias»; una expresión ambigua que podría invitar a la discrecionalidad en el caso de que se juzgara por la vía administrativa en lugar de la judicial.

La iniciativa fue criticada por usuarios y asociaciones. La Plataforma de Defensa de la Libertad de información tachó la propuesta de «inconstitucional», y ante el aluvión de reacciones, la cuenta oficial de Podemos en el Congreso tuvo que emitir un comunicado reafirmando la ley y alegando que en el proceso de enmiendas «se corrija cualquier interpretación (sic) susceptible de recortar el derecho a la libertad de expresión». El presidente de FACUA, Rubén Sánchez, volvió a acusar a la formación de «mantener la idea de que el Gobierno censure y multe saltándose a los jueces».

Esta ley es la segunda en la que Podemos admite errores y sugiere futuras correcciones, después de que presentaran en el Congreso la polémica ley para suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, que contenía errores de fondo y forma y que contenía un párrafo literalmente copiado de un artículo que justificaron como un «error» en el proceso de elaboración. Unos fallos que días después el propio Iglesias reprochó en privado a su ejecutiva.