La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, quiere desvincularse a toda costa de cualquier acusación sobre la trama Púnica después de que la UCO iniciara una investigación en la que atribuye a la presidenta regional la comisión de un delito de prevaricación y cohecho por su participación en la adjudicación de la cafetería de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del empresario Arturo Fernández.

En un escrito sobre dicho proceso de adjudicación al que ha tenido acceso El Independiente, Cifuentes deja claro que su participación como Vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011, años en los se llevó a cabo las adjudicaciones de la cafetería de la Asamblea de Madrid, "se ajustó plenamente a derecho".

El informe de la Guardia Civil argumenta en su investigación que Isaac Arturo Zubiri García, miembro del Comité de expertos, "faltó a la verdad a la hora de elaborar el informe de valoración de las ofertas y no tuvo en consideración la oferta presentada por la empresa Clece S.A." y pone el foco en la presidenta de la Comunidad de Madrid ya que, según la UCO, tanto ella como María Merino Muñoz, ambas del comité de expertos, "tuvieron que ser directas partícipes y conocedoras, lo cual ha podido acreditarse de manera indubitada respecto al criterio de adjudicación que valoraba otras mejoras de los licitadores".

En su defensa, Cristina Cifuentes asegura que todas las decisiones se llevaron a cabo "por unanimidad, aplicándose en todo momento los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad" y en ningún caso fueron decisiones individuales, sino colegiadas y siguiendo siempre "los criterios técnicos".

La adjudicación definitiva de los contratos, asegura el informe de la presidenta regional, "la hizo la Mesa de la Asamblea, compuesta por distintos partidos políticos" y, una vez efectuada, "ninguna de las empresas participantes en el concurso presentó recurso o alegación alguna para mostrar su discrepancia con el resultado".