Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid han ampliado este jueves la denuncia que presentaron ante la Fiscalía General del Estado el pasado 17 de abril tras conocer nuevos datos referentes a la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, por si facilitan la investigación que llevan a cabo el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. En el documento inicial, la oposición cifraba en 36 millones de euros el agujero que supuso la compra de esta compañía para las arcas públicas.

En esta ampliación, PSOE, Podemos y Ciudadanos ponen en conocimiento de la Fiscalía nuevos datos sobre la preparación de esta compra aportados por uno de los despachos uruguayos que participaron en la operación, Estudio Algorta&Asociados, cuyo presidente se habría puesto en contacto con los miembros de la Asamblea de Madrid para manifestar su "deseo de colaborar". Del estudio de la documentación aportada, los firmantes de la denuncia deducen que la compra fraudulenta de Emissao, completada en el año 2013 por algo más de 21 millones de euros, se llevaba preparando desde el año 2007.

La oposición sitúa "entre abril y julio" de ese año las primeras gestiones para constituir las sociedades instrumentales que finalmente ejecutarían la operación. La denuncia aporta una larga cadena de correos electrónicos cruzados con el despacho uruguayo en el que se perfilan los detalles técnicos que permitan al Canal ejecutar la compra en las mejores condiciones y termina concluyendo que la operación "presenta indicios de haber sido programada con mucha premeditación".

Hasta ahora, las pesquisas se remontaban hasta el 13 de abril de 2012, cuando el consultor catalán se hizo con el control de Turman Investment, rebautizada posteriormente como Soluciones Andinas del Agua SRL, una empresa uruguaya sin actividad real adquirida por orden del líder del Canal en América, Edmundo Rodríguez Sobrino, para articular la compra de Emissao. El 20 de junio de junio de aquel año, Inassa y Canal Extensia –accionista mayoritaria de la primera- compraron al 50% las participaciones de Turman, meses antes de afrontar la operación de la filial brasileña.

La nueva información aportada por los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid pone en contexto estos datos y revela que fueron sólo el final del proceso y no el inicio, que se situaría cinco años antes, con la constitución de Turman.

El rol de KPMG

La ampliación de la denuncia presentada este jueves en la Asamblea también pone el foco sobre el papel de la auditoria KPMG, que -según el auto del juez Velasco- elaboró un informe, ignorado por los responsables del Canal, que "indicaba que los datos económico/financieros utilizados eran insuficientes para hacer una valoración de Emissao". Según el escrito, el informe señalaba igualmente "la existencia de riesgos potenciales que podrían influir directamente sobre la valoración de la empresa brasileña". La representante de KPMG, sin embargo, negó en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid lo que, para los denunciantes, "parece acreditado para el juez".

La oposición critica que los costosos informes de KPMG no detectaran 'ninguna de las irregularidades del Canal en América'

En esa misma línea, los partidos de la oposición se refieren a las constantes e importantes relaciones entre el Canal y KPMG, subrayando las diferencias entre las cantidades que la empresa pública reconoce haber pagado por sus servicios a la auditora, y la que aparece en los propios informes de auditoría en la compañía. El escrito de denuncia llega a asegurar que "llama la atención" que los informes de KPMG, "de tan elevado coste", no hayan detectado "ninguna de las irregularidades que se están acreditando en la adquisición y/o gestión de las empresas del Canal en América".

A preguntas de este periódico, fuentes de KPMG señalaron que "los honorarios por servicios de auditoría en Grupo Canal de Isabel II Gestión correspondientes a los ejercicios 2012-2015 fueron de 516.000 euros de media al año, adjudicados de acuerdo con la normativa sobre contratación pública aplicable" y que se trata de honorarios "de mercado y comparables con compañías de tamaño y nivel de facturación similar".

KPMG dice que la labor de asesoría prestada al Canal es compatible con su condición de auditor

De la misma manera, los denunciantes cuestionan la compatibilidad entre los trabajos de asesoría de KPMG y su labor como órgano auditor de todas las empresas del Canal, en una superposición que se habría desarrollado prolongadamente, incluido el periodo en el que se realizó la polémica compra de Emissao. Los diputados Eduardo Gutiérrez (Podemos), Juan Rubio (Ciudadanos) y Mercedes Gallizo (PSOE) terminan recogiendo, además, las informaciones periodísticas que han revelado la contratación del futuro yerno de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y principal acusado en la operación Lezo, como asesor senior de la auditora.

"Los servicios prestados por KPMG al Canal de Isabel II son compatibles con la actividad de auditoría y no afectan a la independencia del auditor. De hecho, la facturación de los servicios de no auditoría supone un 30% de la facturación de los servicios de auditoría, muy inferior al 70% que permite la Ley de Auditoría", defendieron las fuentes de la multinacional.