La Audiencia Nacional ha decidido mantener en prisión al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por haber creado «una compleja organización» para, entre cosas, financiar irregularmente al PP a través de la Agencia Informática y Comunicaciones del Gobierno regional. Por ello, los jueces consideran que el riesgo de fuga es elevado porque se enfrenta a penas muy graves y puede subsistir sin problemas en el extranjero y esconderse en países que no le entregarían a España si fuera localizado.

Con esta decisión, los magistrados confirman la decisión del juez Eloy Velasco que encarceló a González el pasado 21 de abril. Los togados explican que las pruebas localizadas por el instructor acreditan que el ex presidente de Madrid está «implicado» en el cobro de una comisión de 1,4 millones de euros por la adjudicación del tren de Navalcarnero.

Una ristra de delitos

Los indicios también le vinculan con la expansión del Canal de Isabel II «al adquirir empresas» y a adjudicar obras así como con la «adjudicación y explotación» del Gold Canal. Por ello, los jueces confirman que el ex dirigente popular se enfrenta a una ristra de delitos, ya que por la financiación ilegal del PP puede ser acusado de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Además, los magistrados consideran que también existen pruebas contra él por blanqueo de capitales y «por impagos de patrimonio» por dinero que «presuntamente ha enviado al extranjero».

Con estas acusaciones, los jueces rechazan dejarle en libertad, como solicitó su abogado. Y rechazan que su arraigo familiar sea motivo suficiente para salir de la cárcel.

Dinerillo b

El tribunal subraya que otros miembros de su familia están siendo investigados en esta causa como su hermano, Pablo, que está en prisión hasta que abone una fianza de cuatro millones de euros.

Además, los magistrados rechazan que la notoriedad pública de González en España sea motivo suficiente para salir de la cárcel, ya que podría buscar «refugio» en países donde no es tan conocido y en los que haya «un menor nivel de cooperación judicial y policial» lo que dificultaría su entrega «en el caso de ser localizado».

Los magistrados también tienen en cuenta que González ha desviado dinero al extranjero y que, según otros dos imputados en esta causa, dispone de «dinerillo b». Además, el ex dirigente popular, según los jueces, está acostumbrado a viajar y desenvolverse en el extranjero por lo que cuenta con «numerosos contactos» por lo que puede trasladarse «de un lugar a otro» sin problemas.

Asimismo, el tribunal confirma que la investigación se encuentra en «un momento central» al estar pendiente de analizar la numerosa documentación intervenida por lo que no descarta que se puedan «abrir más líneas de investigación».

Desvío de 25 millones de euros

Los jueces, en otra resolución, confirman la fianza de cuatro millones de euros que el juez Velasco impuso a María Fernanda Richmond que aún no ha pagado por lo que sigue en prisión, por haber desviado 25 millones de euros de fondos públicos en la compra de una empresa brasileña.

Los magistrados aseguran que en su caso existe un elevado riesgo de fuga que no se minimiza por el hecho de que su madre y su hermano dependan económicamente de ella porque en el caso de que huyera, al tener dinero en terceros países, sus familiares «podrían desplazarse con ella».