El juez Manuel García Castellón tiene intención de incorporarse «de manera inmediata» al juzgado de la Audiencia Nacional que instruye, entre otros, los casos Púnica y Lezo que investigan la supuesta financiación ilegal del PP de Madrid. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado esta plaza del concurso convocado el pasado 17 de mayo para sustituir al magistrado Eloy Velasco que ha sido ascendido a la sala de apelaciones de esta sede judicial.

El órgano de Gobierno de los jueces ha tomado esta decisión después de que García Castellón comunicara el pasado viernes que renuncia a su plaza de juez de enlace en Roma para volver a su despacho de la Audiencia Nacional del que salió hace 17 años.

Situación indeseada

Por ello, la plaza de su juzgado no será ofertada para evitar que el designado, que sería elegido por razones de antigüedad, quede en «una situación indeseada durante un tiempo prolongado», ya que quedaría adscrito a la presidencia de la Audiencia Nacional hasta que se produjera una vacante en algún juzgado.

García Castellón se encontrara con un juzgado sobrecargado de trabajo. El juez Velasco deja abiertas 80 causas de las que una decena investigan a ETA y 50 afectan a causas de corrupción o de criminalidad organizada.

Juez conservador

Los sumarios más mediáticos son la operación Púnica y Lezo. En el primero permanece en prisión el ex número dos de Madrid Francisco Granados hasta que deposite una fianza de 400.000 euros, aunque el ex dirigente popular se ha ofrecido a entregar 120.000 euros. García Castellón, de tendencia conservadora, tendrá que tomar una decisión.

Otro caso que le consumirá horas es la operación Lezo que ha mandado a la cárcel al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. En este sumario están imputadas casi una centena de personas que han sido convocadas por el juez Velasco para que declaren a partir del próximo mes de septiembre. García Castellón tendrá que confirmar o modificar este calendario.

García Castellón se marchó a Francia como juez de enlace después de instruir casos tan mediáticos como el caso Banesto o Jesús Gil. Este juez mandó a la cárcel a Mario Conde el 23 de diciembre de 1994 tras tomarle declaración durante cuatro días. Sin embargo, la Audiencia Nacional le dejó en libertad el 30 de enero de 1995 con una fianza de 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros). En el caso del ex presidente del Atlético de Madrid no llegó a firmar contra él ninguna orden de prisión.