La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una querella contra 19 personas, entre ellas, el presidente de La Razón Mauricio Casals por haber llevado a la ruina al grupo Zed. Esta demanda se apoya en la denuncia presentada por el ex presidente de esta compañía tecnológica, Javier Pérez Dolset, en esta fiscalía el pasado 19 de agosto. En ella, el empresario informó de diversas actuaciones que “llevaron a la insolvencia” a la compañía y la campaña de desprestigio que soportó entre otros de Casals.

La fiscalía recoge en su escrito las explicaciones de Pérez Dolset, que fue arrestado el pasado jueves junto a otras seis personas, quien reconoció que mantuvo una posición “encontrada” con responsables del Grupo Planeta, que era socio de Zed, sobre la creación de la empresa y su modo de gestionar las sociedades, según el escrito de la fiscalía.

Asimismo, el empresario describió la forma en que Zed obtuvo subvenciones de los ministerios de Economía e Industria por un importe de 69 millones de euros y de las gestiones llevadas a cabo por Casals.

El industrial manifestó a los fiscales que después de que los proyectos fueran “vestidos tecnológicamente” para encajar en la convocatoria de subvenciones publicada en el BOE, él se encargaba de las relaciones con las administraciones públicas donde tenía topos en los ministerios que le daban información previa al concurso y luego revisaban la ejecución del proyecto.

Las pruebas

Además, según la versión de Pérez Dolset, estas “labores de penetración en las administraciones públicas”, se realizaron bajo el “asesoramiento” del Grupo Planeta. Y señaló a Casals como la persona encargada de “mantener las relaciones necesarias con las instituciones públicas para lograr obtener la aprobación de las concesiones de ayudas”.

El empresario aseguró que Casals “medió” para que su empresa recibiera subvenciones públicas de los ministerios de Economía e Industria desde el 2012 hasta el 2014. “Tanto lo bueno como lo malo relacionado con el proceso de las subvenciones, se produjo a causa de la influencia política que Mauricio Casals tenía con el Ministerio de Industria”, apostilló ante los fiscales.

Pérez Dolset, en su denuncia, aseguró que era una “práctica habitual extendida a lo largo de los años, por parte de Mauricio Casals, el utilizar sus influencias y posición en los principales medios de comunicación controlados por el Grupo Planeta para solicitar compensaciones económicas”. Y que estas se camuflaban “a través de contrataciones de grandes campañas de publicidad a grandes grupos empresariales, a cambio de influencia política y tratamiento benévolo en los medios de comunicación controlados por ellos”.

Correos y otros documentos

Estas afirmaciones se apoyaron en correos electrónicos y facturas aportadas por Pérez Dolset que, según la querella, permiten sostener que el presidente de la Razón se encargó de este cometido, ya que “ofrecía para este fin su influencia política a través de sus supuestos contactos y posición social, así como una supuesta gestión de la línea editorial de los informativos de Antena 3 y La Sexta, y la dirección de La Razón y otros medios de prensa escrita”.

Sin embargo, estas gestiones no eran gratis, ya que Zed pagó por labores “de asesoramiento y relaciones institucionales” para la obtención de ayudas públicas, a Audiovisual Española 2000, editora de la Razón, la cantidad de 2.125.000 euros entre los años 2009 a 2013.

Anticorrupción en su escrito afirma que en sus investigaciones ha acreditado que Audiovisual 2000 “cobró estas cantidades” por la intervención de Casals y “sin una relación mercantil o prestación de servicios que justifique el pago de las mismas”. Y añade que dichas facturas “no se emiten por servicios de publicidad supuestamente prestados por el periódico La Razón, sino por conceptos amplios o indeterminados”.

Campaña de desprestigio

Además. Pérez Dolset narró a los fiscales que ha soportado “una campaña de presión e intimidación” que buscaba “evitar o debilitar” su decisión de denunciar a las personas que estaban atacando a su empresa.

En concreto, este empresario quiso frenar “las posibles actividades ilícitas de los inversores rusos tanto en Rusia como en Uzbekistán”  e intentó hacerse con el control de la compañía española al sacar de la misma “a los inversores españoles mediante coacciones y amenazas”.

Asimismo, este industrial denunció que le había pinchado el teléfono; que habían pirateado los ordenadores de Zed para “destruir documentación, alterar el contenido de correos electrónicos y crear documentos falsos”; que le habían amenazado para que parara su investigación y que incluso le avisaron de que “atacarían a sus hijos” si seguía en su empeño de continuar con la indagaciones.

Además, Pérez Dolset explicó a los fiscales que sabía que había intentado “pagar a periodistas para dirigir una campaña negativa contra Zed”. Y el pasado 28 de abril, ante la policia judicial denunció las presiones que estaba recibiendo de Casals.

Las coacciones

Estas coacciones se concretaron “en el anuncio intimidatorio” de que si comunicaba a las autoridades hechos irregulares o ilícitos del Grupo Planeta, la respuesta sería publicar informaciones negativas sobre su persona a través de “los medios de comunicación del Grupo A3 Media”.

Estas palabras no quedaron en el aire y tras la detención el pasado enero de Peter Nicolaas Wakkie, uno de los inversores de Zed, empezaron a aparecer informaciones en La Razón, El Periódico de Cataluña y Voz Pópuli con” referencias negativas, difamatorias y falsas” contra él y su familia. Esta campaña, según su versión, se ampliaría a otros canales que usarían la misma técnica como Antena 3 y La Sexta sobre los que Casals “tiene gran control”.