El Canal de Isabel II tiene la «total seguridad» de que ganará dinero con la venta de la casi treintena de compañías suramericanas en las que tiene participación accionarial, si bien no tendrá una cuantificación de la eventual plusvalía hasta que contrate los servicios de un asesor financiero que orientará el plan de desinversión. La empresa controlada por la Comunidad de Madrid (82,4%) calcula que este proceso durará un año.

El consejero de Presidencia y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, ha hecho estas declaraciones en vísperas de que la junta general de accionistas apruebe en la tarde de este miércoles las cuentas correspondientes a 2016, cerradas con un beneficio de 232,7 millones de euros y una cifra de negocio de 866,8 millones. Garrido ha confirmado que la compañía instará un arbitraje en Brasil para reclamar hasta diez millones de euros al empresario Sebastiao Cristovam por desatenderse de las contingencias aparecidas tras venderles el 75% del capital de Emissao -operación que constituye uno de los ejes de la investigación del caso Lezo– y que esta empresa carioca vale hoy ocho millones de euros menos de lo que se invirtió (36,5 millones), como ha informado El Independiente.

El Canal de Isabel II, a través de Canal Gestión, participa en el accionariado de 26 sociedades radicadas en Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Uruguay y México, de las que la mitad se encuentran ya en fase de liquidación. El porcentaje oscila entre el 29,13% de Metroagua (Colombia) y el 90,62% de Soluciones Andinas del Agua SRL, sociedad uruguaya a través de la que se adquirió la empresa brasileña Emissao en noviembre de 2013.

Las empresas suramericanas aportan el 20% de los ingresos del Canal y el 12% de su beneficio bruto

En plena investigación judicial del caso Lezo, en la que se investiga si se acometieron inversiones fuera de España para el posterior desvío de fondos públicos, Ángel Garrido ha anunciado el inicio de una nueva etapa que incluye la retirada como socio de empresas fuera de España, 16 años después de que la compañía pública iniciara su desembarco con la compra de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa). En su opinión, «no tiene sentido» que la empresa participe como accionista en compañías ubicadas «fuera de nuestras fronteras». Con todo, la sociedad pública prevé participar como consultor o ingeniería para seguir aportando su conocimiento del sector.

El primer paso para su desinversión en Latinoamérica será la contratación de un asesor financiero que será el encargado de proyectar los «escenarios de salida». Ese trabajo permitirá cuantificar el valor de los activos, lo que determinará las eventuales plusvalías que puedan obtenerse por la venta de sus participaciones.

Las empresas suramericanas aportan en torno al 20% de los ingresos del grupo (1.104 millones), lo que representa unos 200 millones de euros tomando como referencia los resultados del pasado ejercicio. El impacto sobre las ganancias es mucho menor: en torno al 12% del beneficio bruto (376 millones).

«Joya de la corona»

La joya de la corona en Latinoamérica es la Triple A de Barranquilla (Colombia), en la que la empresa española tiene una participación del 67,91% y que supone el 80% de la inversión en Suramérica. Es el activo que generará una mayor plusvalía. «Grandes grupos las han mirado con muy buenos ojos», ha señalado el director general del Canal de Isabel II, Rafael Prieto, que la calificado como una «referencia» en el Cono Sur.

Garrido también ha anunciado que se evaluará «la posibilidad de venta» de la empresa con la que opera en Lanzarote -Canal Gestión Lanzarote SAU- y la delegación en Cáceres, el otro punto de España donde sigue teniendo intereses.

Además del repliegue a su territorio natural, el Canal de Isabel II trabaja ya en la elaboración de un plan estratégico a 2022 con el que busca su «relanzamiento». El objetivo pasa por dar entrada en su accionariado al resto de municipios de la Comunidad de Madrid, lo que se articularía bien mediante una ampliación de capital o bien mediante una dilución del porcentaje que tiene actualmente el Gobierno regional del 82,4% al 80%. Garrido ha asegurado que hay algunos municipios que han mostrado ya interés por incorporarse, casos de Leganés y Brunete.