El Canal de Isabel II celebra Junta General de Accionistas el próximo 5 de julio con un claro objetivo: iniciar el proceso de liquidación de todas las filiales iberoamericanas tras el estallido del caso Lezo. Con esta decisión, los gestores del Canal quieren evitar cualquier riesgo de que surja otro caso de corrupción o de mala gestión de dichas empresas habida cuenta de las dificultades para ejercer un control real y directo sobre las mismas. "¿Qué hacemos gestionando el agua de Barranquilla?", se preguntan fuentes del gobierno de la Comunidad de Madrid.

La Junta General de Accionistas, formada por representantes de la administración autonómica, que controla el 82 por ciento del capital social; del Ayuntamiento de Madrid, que ostentan un 10 por ciento, y de 110 municipios de la Comunidad, con otro 8 por ciento, conocerá un Plan Estratégico del Canal que pretende romper con la ejecutoria de sus antecesores. Este plan estará guiado por la desvinculación de las filiales que el Canal fue adquiriendo en los últimos años.

Hay 26 empresas participadas, algunas rentables, pero otras sin ninguna actividad

Ese es el caso de la brasileña Emissao Engenharia e Construçoes, por la que el ex presidente del ejecutivo madrileño Ignacio González está en prisión preventiva acusado de seis delitos. A saber: organización criminal, fraude en la contratación, malversación de fondos públicos, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales. Su detención y posterior encarcelamiento llevó a la que había sido su jefa de filas, Esperanza Aguirre, a dimitir de portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.

Se trata de un total de 26 empresas participadas, muchas de ellas rentables, pero también otras sin actividad o con objetivos muy distintos al de la gestión del ciclo integral del agua, tarea esencial del Canal. Empresa puntera en su sector, el Canal "puede trabajar en el exterior vendiendo o fabricando infraestructuras pero sin tener que gestionarlas luego", aducen las fuentes consultadas. El miedo que alberga ahora la Comunidad es que pueda estallar cualquier escándalo asociado a estas filiales "sin que tengamos nada que ver" más que las dificultades de ejercer la supervisión sobre las mismas. No se trata, en definitiva, "de una cuestión económica sino política y de gestión", admiten.

Se han encargado auditorías estatutarias completas independientemente de la legislación de cada país

La Comisión de Auditoría y la Dirección General y Financiera del Canal encargaron auditorias estatutarias completas de los activos internacionales para analizar el estado real de los mismos independientemente de la legislación de cada país, lo que también ha venido dificultando las tareas de supervisión. "No se trata tampoco de perder dinero", apuntan las fuentes consultadas por El Independiente, antes de proceder a su venta.

Asimismo, el presidente del Canal, cargo que recae en el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, además de mano derecha de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, elevará a la Junta la aprobación de las cuentas de 2016. Garrido creó un grupo de trabajo interno para analizar esas cuentas tras conocerse el caso de la filial Emissao, centro de la trama del Canal. Adquirida en 2013 por 21 millones de euros, tan sólo un año después su valor contable no superaba los cinco millones, lo que sin duda ha supuesto un quebranto patrimonial para la empresa pública madrileña y ha acabado con sus principales implicados entre rejas o imputados.

El Canal declarará beneficios de 245 millones en las cuentas consolidadas

Este fue el caso que el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y por el que se aceleró la llamada operación Lezo. Precisamente, Emissao fue adquirida a través de una sociedad instrumental uruguaya llamada Soluciones Andinas de Agua, que carecía de actividad. De ahí la decisión de liquidar todas las empresas participadas de Iberoamérica.

Aún así, en las cuentas que se aprobarán el 5 de julio se contempla un beneficio de 232,7 millones de euros en las cuentas individuales y de 245 en las consolidadas incluyendo los activos en el extranjero. Por haber, habrá hasta reparto de dividendos por valor de 31,9 millones de euros.

Críticas del Ayuntamiento de Madrid

Ello no impedirá que en la Junta General de Accionistas surja el caso de Emissao con posibles críticas del Ayuntamiento de Madrid, gobernando por Ahora Madrid,  y de parte de los representantes de algunos de los 110 municipios que se sientan en dicha Junta. Se prevé una reunión intensa en una empresa que ha tenido hasta que reforzar sus medidas de seguridad para impedir la destrucción de pruebas de sus archivos.