El Canal de Isabel II, la empresa pública que gestiona el servicio de aguas de la Comunidad de Madrid, instará un arbitraje en Brasil contra el empresario que les vendió el 75% del capital de la compañía carioca Emissao Engenharia e Construçoes (Sebastiao Cristovam) para intentar recuperar hasta 10 millones de euros por las contingencias aparecidas tras la operación que ha tenido que asumir pese a que el contrato obligaba a correr con estos gastos al vendedor. Éste sigue teniendo el 25% de las acciones.

Según ha podido conocer El Independiente en fuentes de toda solvencia, la empresa ya ha contratado los servicios de una consultora para preparar la documentación necesaria para instar el procedimiento arbitral, en virtud de una cláusula pactada cuando se negoció la compraventa entre la compañía pública y el empresario carioca. El laudo arbitral es irrecurrible, por lo que, en caso de no prosperar la reclamación, la Administración madrileña no dispondría ya de ningún mecanismo para ser resarcida por unos gastos no previstos cuando se pactó el precio de compra y a los que quedaba comprometido el vendedor.

En noviembre de 2013, en vísperas del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de Río 2016, la filial latinoamericana de Canal de Isabel II -Interamerciana de Aguas y Servicios SA (Inassa)- se hizo con el control de Emissao, compañía de ingeniería especializada en la ejecución de obra pública relacionada con el agua y el saneamiento radicada en Río de Janeiro. La adquisición se formalizó a través de Soluciones Andinas de Agua SRL, una sociedad de tenencia de acciones y sin actividad con sede en Uruguay que meses antes había sido adquirida por dos filiales del grupo Canal de Isabel II (Inassa y Canal Extensia), y se cerró en 68,7 millones de reales brasileños (unos 21,4 millones de euros) sin una valoración independiente que certificara que el precio era realmente lo que valía el porcentaje accionarial a comprar.

La empresa pública ha tenido que asumir contingencias que le correspondían al vendedor por contrato

No ha sido el único desembolso. Canal Isabel II ha tenido que hacer frente a provisiones adicionales al aparecer contingencias no previstas inicialmente -activos sobrevalorados que han obligado a dotar más el fondo de comercio y pasivos laborales y fiscales, principalmente- y a conceder un préstamo intercompañía por 10 millones para capitalizaciones. La empresa pública reconoce una depreciación de la inversión, si bien considera que la pérdida de valorar no se podrá cuantificar hasta que termine la valoración de los resultados que arroje el plan de reestructuración puesto en marcha hace un año el saneamiento de la compañía.

En la denuncia presentada el pasado 6 de marzo ante la Fiscalía, los grupos de la oposición en la Comunidad de Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos) cifraban en 36 millones de euros el quebranto económico que ha supuesto para la empresa pública la compra de Emissao durante la etapa de Ignacio González como presidente de la comunidad.

Esa cantidad podría aumentar si prospera la reclamación civil que ha interpuesto grupo Essentium, que, como develó El Independiente el pasado 20 de diciembre, exige un millón de euros a Inassa en cumplimiento de un supuesto acuerdo por el que tendría derecho a percibir el 5% del montante económico en que se tasó el 75% del capital de la empresa brasileña. El diseño inicial de la operación preveía que en el accionariado de Emissao entraran tanto Inassa como Essentium, manteniéndose en el capital los socios brasileños. No fue lo que ocurrió finalmente, dado que sólo la filial del Canal de Isabel II terminó tomando participación en la empresa carioca.

El Canal de Isabel II espera que la cuenta suiza en la que el empresario brasileño recibió el 84% del dinero esté bloqueada

Un mes después de desembolsar 21,4 millones, Emissao figuraba en las cuentas del Canal con un patrimonio neto de 10.629.000 euros, lo que suponía una depreciación del 50%. En diciembre de 2014, se tasaba en tan sólo 5.380.000 euros y a finales de 2015 aparecía en el balance consolidado del grupo con una valoración negativa de 5,54 millones de euros, a lo que se sumaba que la participación en Soluciones Andinas de Agua había caído a -10,52 millones.

El Canal de Isabel II no sólo confía en que los árbitros brasileños les den la razón sino en poder recuperar aún el dinero. La esperanza la ha avivado el hecho de que, como informó El Español, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional enviara una comisión rogatoria a Suiza el pasado verano para que bloqueara los fondos que Sebastiao Cristovam todavía tuviera en la cuenta de la que es titular en el país helvético y a la que la empresa pública transfirió la mayor parte del dinero en que se pactó la operación.

El documento firmado establecía que el dinero se desembolsaría en tres pagos y que el 84% (18 millones de euros) se ingresaría en una cuenta corriente en un banco en Suiza. El primer abono se materializó el 29 de noviembre de 2013, justo dos semanas después de que se cerrara la operación. Días antes, Inassa había dado órdenes a su banco -el Helm Bank en Miami- para que hiciera dos transferencias de 10 millones de dólares cada una a una cuenta corriente de Cristovam en el Royal Bank of Canadá de Suiza.

La Audiencia Nacional trata de cuantificar los fondos públicos desviados en esta operación de compraventa

La segunda transferencia a favor del empresario brasileño, por importe total de cinco millones de dólares, se hizo el 2 de diciembre de 2013 a una cuenta que Sebastiao Cristovam tiene en el Banco Bradesco, la segunda entidad financiera privada más importante de Brasil. Y el tercer pago, de 4,44 millones de dólares y fechado el 21 de enero de 2014, tuvo como destino la misma cuenta domiciliada en el Royal Bank of Canadá.

Que la mayor parte del dinero se abonara en Suiza es una de las sombras que arroja la operación de compra del 75% del capital de Emissao, como puso de manifiesto la auditoría que encargó el Gobierno de Cristina Cifuentes y que motivó que pusieran los hechos en conocimiento de la Fiscalía el 13 de julio de 2016. También llama la atención que la adquisición se realizara a través de una sociedad de tenencia de acciones y sin actividad con sede en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua SRL).

Sobrevaloración del precio de compra

El presidente del Canal de Isabel II cuando se consumó esta operación empresarial era Salvador Victoria, consejero de Presidencia y Justicia entre 2012 y 2015. El presidente ejecutivo de Inassa en aquellos momentos era Edmundo Rodríguez Sobrino, destituido por el Ejecutivo de Cifuentes tras aparecer vinculado a tres sociedades bajo jurisdicción del antiguo paraíso fiscal de Hong Kong -Idra Drilling Equipment Holding Limited, Asia Drilling Equipment Holding Limited y Luntam Holding Limited- y al que el juez Eloy Velasco mandó a prisión preventiva el pasado 21 de abril tras su detención en el marco de la operación Lezo junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, entre otros.

En el auto por el que ordenó su encarcelamiento, Velasco expone que, a la vista de los indicios reunidos en el curso de la investigación, Rodríguez Sobrino se conchabó con otros directivos para sobrevalorar el precio de compra de Emissao “con el presumible objetido de desviar fondos”. “Dada la inexistencia de una valoración del precio de compra de la mercantil brasileña determinada por un tercero independiente, por el momento no es posible hacer una estimación exacta de la cantidad de fondos públicos desviados”, sostuvo.