Conforme se acerca la fecha del 1 de octubre se acelera el proceso de descomposición del desafío independentista en Cataluña, o, al menos, ese es el escenario que maneja Moncloa. El Gobierno asiste al espectáculo público de enfrentamiento que viven en las últimas semanas PDECat, ERC y la CUP, pero también le hacen llegar por vías preferentes el profundo malestar de algunos consejeros del Gobierno autonómico y dirigentes políticos; malestar acrecentado por la última “purga” decretada por Carles Puigdemont. Desde Moncloa aseguran que “lo de Cataluña va a acabar saliendo bien”, entre otras cosas, porque “se van a matar entre ellos”, en referencia a los partidos que han entrado de hoz y coz en el “procés”.

Lamenta un ministro la falta de coraje de muchos convergentes, con cartera en el Ejecutivo de la Generalitat, “que dicen una cosa en las conversaciones privadas en Madrid y otra muy distinta en las que mantienen en Barcelona”. Y es que el diálogo con el Gobierno de la Generalitat, al menos entre cada uno de los ministerios y sus respectivas consejerías autonómicas nunca se ha cortocircuitado. Este panorama es muy representativo del doble miedo que se ha instalado en buena parte de la clase política catalana que se debate entre “caer en desgracia” en Cataluña por tibio ante el desafío independentista o poner en juego su futuro político y su patrimonio si se implican en la organización de un referéndum ilegal, tal y como alertó el ya ex consejero de Empresa Carles Baiget, el primero en ser purgado.

Ante el temor de pérdida patrimonial, Moncloa recuerda que se puso fin a la kale borroka multando a los padres

Precisamente, Baiget ha proporcionado un hilo argumental al Gobierno central, el de la pérdida del patrimonio que, hasta ahora, no se había atrevido a enarbolar como amenaza, pero que está en la mente de no pocos exconvergentes. Es más, otro miembro del Ejecutivo recuerda que “una de las medidas que más contribuyó a poner fin al terrorismo callejero”, a la kale borroka, fue hacer responsables subsidiarios a los padres, obligados a afrontar las multas de los actos vandálicos de sus hijos. Los efectos de tal medida se dejaron sentir casi de inmediato.

La decisión de Puigdemont de “limpiar” el Govern de ese concepto tan evangélico de los tibios ha sido un aldabonazo para muchos nacionalistas que no habían terminado de dar el salto hacia el independentismo. Pero ni siquiera la rendición de Puigdemont ante ERC y la CUP, -a quien ha regalado el relevo del que fuera consejero de Interior, Jordi Jané– calmará las aguas internas en Junts Pel sí, donde todavía queda por materializar los pasos mil veces anunciados; esto es, la convocatoria oficial, vía decreto, de la consulta ilegal y la tramitación exprés parlamentaria de la Ley de Desconexión y de la de Referéndum, lo que pondrá en marcha, de nuevo, a la Fiscalía y al Tribunal Constitucional ante el desafío independentista.

Silencio de Homs

El inhabilitado Francesc Homs, que tan indignado se mostró con el cese de Baiget, ha guardado esta vez silencio, al menos vía twiter. Su expresivo mensaje del pasado 3 de julio no tuvo continuidad este viernes y eso que todos los consejeros apartados eran del PDECat, un partido que vive en la orfandad de un líder casi desaparecido, Artur Mas, y un president que ha prescindido de las siglas.

Desde el Gobierno central repiten una y otra vez que no va a haber consulta el 1 de octubre, ni legal, por supuesto, ni tampoco ilegal. “No habrá referéndum, ni siquiera parodia de referéndum”, afirma un miembro del Consejo de Ministros. De la experiencia del 9-N de 2014 salieron “escaldados”, admiten, a sabiendas del descrédito que supondría volver a repetir el mismo simulacro. Ni unos podrían alegar desconocimiento de vulneración de la ley, ni, los otros, escudarse en que se trata de una mera “movilización ciudadana”, promovida por voluntarios sin consecuencias penales. Moncloa no quiere foto de urnas, aunque sean de cartón, ni de colegios electorales, ni comparecencias posteriores para dar cuenta de los resultados.

Sáenz de Santamaría e Iceta mantienen un canal directo de comunicación, sin intermediarios

En este punto Mariano Rajoy cuenta con el apoyo del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tal y como se puso de manifiesto en su última cita en Moncloa. Además, hay un canal de comunicación directo con el PSC, contactos que protagonizan la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el secretario general de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Ambos tienen una buena sintonía personal desde hace tiempo.

Todo movimiento será contrarrestado con la actuación del Tribunal Constitucional, al que se le ha dotado de los instrumentos suficientes para hacer efectivo el cumplimiento de sus sentencias. El artículo 92 de la reforma de 2015 habilita al Constitucional a imponer multa coercitiva de  3.000 a 30.000 euros “a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplieren las resoluciones del Tribunal, pudiendo reiterar la multa hasta el cumplimiento íntegro de lo mandado”, así como acordar “la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento, durante el tiempo preciso para asegurar la observancia de los pronunciamientos” del alto Tribunal.

Saben que agosto puede ser el mes clave para nuevos movimientos independentistas. En principio, Moncloa cierra el curso político en la reunión del Consejo de Ministros del viernes 28 con una rueda de prensa de Mariano Rajoy, el mismo que dos días antes se sentará ante el tribunal que juzga la primera etapa de la Gürtel.  El Gobierno no tiene previsto volver de vacaciones hasta la semana del 25 de agosto, aunque sin descartar que sea necesario regresar antes. De hecho, la mayoría de los ministros no ser irán muy lejos de viaje por lo que pueda pasar.