El juez ha acordado este jueves prisión incondicional para el presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar; su hijo Gorka y el vicepresidente económico, Juan Padrón, ante el riesgo de que puedan huir de la Justicia por la gravedad de los delitos que se le imputan: administración desleal, apropiación indebida, corrupción entre particulares y falsedad documental. El cuarto detenido en el marco de la Operación Soule, el directivo de la Federación tinerfeña Ramón Hernández Baussou, podrá eludir la cárcel si deposita una fianza de 100.000 euros.

En un auto dictado este jueves, de 44 folios y al que ha tenido acceso El Independiente, el instructor accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y decreta privación de libertad para los principales implicados en este presunto caso de corrupción ante la posibilidad de que puedan sustraerse a la acción de la Justicia y obstruir la investigación en marcha, «máxime ante la gran capacidad económica de la que disponen». El instructor relata pormenorizadamente los manejos del capo del fútbol español y su lugarteniente para perpetuarse en el poder y desviar fondos en perjuicio de la Federación.

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Según el juez, Ángel María Villar creó al menos desde 2009 un entramado que ha permitido la desviación de fondos tanto públicos como privados de la RFEF y organismos vinculados a ellos -como la Fundación y la Mutualidad de Previsión Social de Futbolistas Españoles a Prima Fija (Mupresfe)-, estableciendo lo que denomina un «clientelismo» tanto en la contratación del personal que recae en familiares como en la presunta adjudicación arbitraria de contratos de suministro y prestación de servicios a «empresas vinculadas bien directamente o a través de familiares y mediante la obtención de determinadas contraprestaciones por dichas adjudicaciones, con incumplimiento de sus obligaciones como responsables de los fondos federativos y aprovechándose de los puestos que ostentan».

El CSD inicia el procedimiento para inhabilitar al mandamás del fútbol español desde hace 29 años

En este sentido, Santiago Pedraz llama la atención sobre el hecho de que Ángel María Villar decidiera evitar la percepción de subvenciones públicas -como la que concede anualmente el Consejo Superior de Deportes (CSD)- «con la finalidad de eludir el control financiero y contable» derivado de la aplicación de la Ley de Transparencia.

Dada la gravedad de la decisión adoptada por Pedraz y los indicios reunidos por los investigadores sobre la presunta actuación delictiva de los dos máximos responsables de la Federación, el CSD ya ha iniciado los trámites para solicitar al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) la suspensión provisional de Villar y del resto de afectados en la operación Soule. En ese caso, tendría que nombrarse una gestora y convocarse un nuevo proceso electoral. El ex jugador del Athletic de Bilbao fue reelegido el pasado mes de mayo.

La redada desplegada esta semana por la UCO tiene su origen en una denuncia formulada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) a principios de 2016, cuando al frente del máximo organismo de gestión del deporte español se encontraba Miguel Cardenal. La investigación, dirigida por el juez Pedraz en coordinación con las fiscales Anticorrupción Inmaculada Violán y Esther González, se divide en varias líneas y trata de aclarar el perjuicio económico que la gestión de Villar -en el cargo de forma ininterrumpida desde julio de 1988 y reelegido el pasado mes de mayo por octava vez- ha causado a la Federación. Una primera cuantificación cifra el presunto daño en unos 45 millones de euros.

Negocio con los partidos amistosos

Los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que Villar impulsó la celebración de partidos amistosos entre la selección española y otros combinados nacionales, consiguiendo «contraprestaciones para la contratación de servicios y otras relaciones comerciales en beneficio de su hijo» Gorka. Entre los encuentros bajo sospecha están los disputados contra Corea del Sur en 2010 y 2012 o los encuentros que el combinado entrenado entonces por Vicente del Bosque disputó el 7 de junio de 2011 en Puerto La Cruz (Venezuela) contra la selección de dicho país, repitiéndose medio año después en Málaga.

También están bajo sospecha los tres encuentros disputados contra Chile entre el 19 de noviembre de 2008 y el 10 de septiembre de 2013. «Unos meses antes del segundo de estos encuentros deportivos, exactamente el 26 de abril de 2011, Gorka Villar formalizó un contrato con el presidente de la Federación Chilena de Fútbol (FFC), Sergio Jaude, por el que cobró de la FFC 36.000 euros en 2011 y 48.000 euros en 2012», expone el magistrado en el auto.

«El dato objetivo de que entre el segundo y tercer partido amistoso de la SEfútbol con la selección chilena se formaliza el contrato de asesoría jurídica con Gorka Villar, junto a la circunstancia añadida de que no es la primera vez que esto sucede respecto a otras federaciones nacionales de fútbol, lleva a creer que la relación comercial del investigado Gorka Villar con la FFC no es fruto del azar, sino que se corresponde a un resultado que se ha buscado y en el que habría influido tanto la posición de su padre en la FIFA como las ventajas que para la FFC pudiese suponer disputar partidos con la que por entonces era la selección de fútbol ganadora del último campeonato mundial», añade.

Por último, la Fiscalía sospecha que el hijo de Villar se lucró con los partidos disputados contra México en el año 2010, contra Colombia en 2011 y 2017 y Argentina en 2009 y 2011.

Abogado especialista en Derecho Deportivo, Gorka Villar Bollain es administrador único de Sport Advisers SL, empresa madrileña que comenzó a operar en diciembre de 2010 y que logró un beneficio de casi un millón de euros entre 2011 y 2013. La investigación trata de acreditar si la compañía se nutría de contratos por la influencia de su padre tanto en España como en la FIFA.

Pedraz llama la atención sobre el hecho de que Sport Advisers se haya convertido en «el mayor beneficiado a través de su padre y de otro personal afecto a la RFEF en la dirección y administración de dicha federación» y asegura que las múltiples conversaciones telefónicas revelan «el cada vez mayor control de Gorka en la Federación» a pesar de no desempeñar cargo ni vinculación.

Apropiación de fondos

Las pesquisas alcanzan también a Juan Padrón, vicepresidente económico de la RFEF y persona de la máxima confianza de Ángel María Villar. Los investigadores aseguran que Padrón se excedió presuntamente en sus facultades de administración del patrimonio de la Federación, causando perjuicio a la misma. Igualmente, habría favorecido la contratación de sociedades de las que habría obtenido un beneficio propio en forma de contraprestación económica y también habría participado, junto con el secretario general de la Federación Tinerfeña, en «una operativa continuada de apropiación de fondos de dicha Federación a través del desvío de éstos a una sociedad gestionada por ambos».

‘Compra’ de voluntades

También se sospecha que Ángel María Villar pudo beneficiar a determinadas federaciones regionales a fin de conseguir los apoyos necesarios para mantenerse en el cargo, en el que relevó a José Luis Roca hace ahora 29 años. El presidente «se garantiza la mayoría necesaria para el apoyo a sus decisiones nutriendo éste y otros órganos de determinado personal que se ha venido mostrando fiel a sus decisiones y no le manifestará oposición. Lo utiliza a modo de recompensa para premiar la lealtad de los presidentes de las federaciones territoriales que le son afines y, en sentido contrario, vetar a los que no», razona Pedraz.

En este sentido, el magistrado detalla cómo Villar se ganó el favor de la Federación Murciana eligiendo a esta comunidad para la disputa del partido España-Colombia, lo que permitió al presidente de esta territorial, José Miguel Monje, «rentabilizar la celebración del partido en Murcia como mérito propio ante autoridades locales u otras fuentes de financiación de su federación».  A cambio, el mandamás del balompié español provocó que el dirigente autonómico estuviera «en deuda» con él.

El reverso de la moneda lo representa Eduardo Herrera, al frente de la Federación Andaluza de Fútbol desde 1986 y partidario del relevo en la RFEF. Las llamadas interceptadas por la UCO revelan cómo Villar buscó castigar al veterano dirigente andaluz sustituyéndolo como miembro de la Española en una comisión de la UEFA. Ese puesto se lo ofreció al presidente de Murcia. «¿Te interesa que te proponga a la comisión en sustitución de Eduardo Herrera, sí o no?», le dice el mandamás a Monje.

Los pinchazos telefónicos, dice Pedraz, «ponen de manifiesto que desde la RFEF no se favorece económicamente por igual a todas las federaciones que la integran, sino que se mejora a aquellas cuyos dirigentes han sido afines a la política de su presidente, quien en caso necesario recuerda dichos favores para asegurarse nuevos apoyos, evidenciándose que una de las más beneficiadas habría sido la Federación de Fútbol de Madrid (FFM)».

Subvención del CSD

En paralelo a las diligencias que instruye la Audiencia Nacional, Villar tiene abierto otros dos frentes judiciales. Por un lado, está imputado por el Juzgado de Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid), que le investiga por el desvío de la ayuda de 1.222.500 euros que el CSD le concedió a la RFEF el 25 de noviembre de 2010 para la realización de diversos proyectos en Haití. No se destinó ni un euro a este fin y, a principios de año, el organismo que preside José Ramón Lete le reclamó la devolución del dinero: más de 1,5 millones, intereses incluidos.

En paralelo, el Juzgado de Instrucción 5 de Majadahonda investiga si la RFEF dio trato de favor al Recreativo de Huelva y al Marino al permitirles tramitar fichas cuando tenían deudas. Es el llamado caso Recre, en el que también están imputados el ex presidente del club onubense Pablo Comas; el ex secretario general de la Federación Jorge Pérez; el ex administrador general José María Castillón y Marcelino Maté, director de la comisión de Segunda B.