Hace casi seis años que dejaron los atentados terroristas y cuatro meses que escenificaron su desarme. Pero ETA aún no se ha disuelto. Fuentes del entorno radical y policial prevén que hasta final de año la banda no anuncie su disolución. Hasta entonces la banda sigue viva, no sólo por su legado de sangre aún por resolver, sino por los cientos de etarras que cumplen condena en las prisiones españolas y francesas. Pero más de un lustro después del anuncio del final de sus acciones armadas, ¿qué queda de ETA? 331 presos en busca de una salida.

La muerte del preso de la banda Kepa Del Hoyo el pasado lunes en la prisión de Badajoz ha vuelto a reavivar el debate sobre la política de dispersión que el Gobierno mantiene sobre los etarras y que no sólo el entorno de la izquierda abertzale ha pedido suprimir, sino también el PNV y el Gobierno Vasco que lidera Iñigo Urkullu.

Cádiz, Murcia y Castellón son las provincias con más etarras en sus cárceles

Hoy la mayor parte de los etarras cumplen sus condenas a cientos de kilómetros del País Vasco. Cerca del 70% de los terroristas lo hace en cárceles ubicadas en un radio de entre 600 a 1.000 kilómetros de Euskadi. Actualmente la cárcel que agrupa a más etarras es la más alejada del País Vasco, la de Cádiz (Puerto I-III), con 22 presos de ETA y a donde se ha trasladado a algunos de los reclusos más sanguinarios. A pocos kilómetros se encuentra otro de los centros con más etarras, la prisión de Algeciras, que alberga a una docena.

71 etarras en veinte prisiones francesas

Murcia es otra de las prisiones en la que se concentra un mayor número de etarras, 19. En tercer lugar figuran las prisiones de Levante, las de Castellón y Valencia, con 16 etarras en su interior. El ‘mapa de los presos de ETA’ mas alejados del País Vasco también pasa por Granada (13), Huelva (11), Sevilla (10), Córdoba (9), Jaén (9) o Almería (8).

La política de dispersión de los presos se traduce en disgregación por un gran número de centros de España -42- así como de Francia, donde cumplen condena actualmente uno de cada cinco etarras en prisión. Los 71 presos condenados en el país galo también están dispersos en una veintena de prisiones y en algunos casos a más distancia del País Vasco que en nuestro país. A todos ellos se suman otros tres etarras encarcelados en Suiza, Portugal y Brasil.

Los presos iniciarán procesos individuales para pedir el acercamiento, pero sin ‘arrepentimiento ni delación’

El denominado ‘Colectivo de Presos Políticos vascos’ EPPK acordó recientemente que dará libertad a los etarras encarcelados para iniciar un proceso individualizado para solicitar beneficios carcelarios, entre ellos el acercamiento a cárceles del País Vasco. Sin una dirección a la que someterse, los etarras han optado por un ‘sálvese quien pueda’ individualizado. Hasta ahora tan sólo los etarras acogidos a la denominada ‘Vía Nanclares’, que prevé medidas beneficiosas para quienes se arrepientan y colaboren con la justicia, habían sido trasladados a cárceles vascas. Esta decisión, que rompe con la directriz histórica de ETA de ignorar la ley española, está sin embargo limitada a no ceder bajo ningún concepto a “la delación” y el “arrepentimiento”, consideradas líneas rojas que no se deberán rebasar.

Interior ha afirmado públicamente que no concederá beneficios penitenciarios a quienes no sólo no repudien y condenen su pasado en ETA sino a quienes no colaboren en los cientos de crímenes de la banda terrorista que restan por resolver. De este modo, los cambios de grado, los permisos o incluso el acercamiento a cárceles vascas podría aún demorarse.

Gobierno: disposición al cambio sólo en privado

Desde el Gobierno vasco se trata desde hace meses de procurar un cambio de posición en esta materia por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En varias ocasiones se ha apuntado desde Ajuria Enea que en el Gobierno se comienza a percibir una mayor sensibilidad y cambio de posición hacia la necesidad de modificar la política penitenciaria que se aplica a los 331 presos de ETA. Sin embargo, la resistencia de determinados sectores del PP, así como de algunas asociaciones de víctimas estarían ralentizando cualquier paso en este ámbito. Por el momento Zoido ha limitado cualquier cambio a la disolución de ETA.

El informe entregado este martes al lehendakari por el colectivo de familiares de presos de ETA, Etxerat, denuncia que existe una docena de etarras que padecen enfermedades graves y que deberían ser puestos en libertad. El Gobierno ha asegurado en reiteradas ocasiones que sólo en condiciones muy determinadas y con pruebas médicas que lo acrediten se decreta este tipo de excarcelaciones. El ministro Juan Ignacio Zoido llegó a señalar que tan sólo cuando exista constancia médica de que al preso apenas le restan dos meses de vida se tomarán este tipo de decisiones.

Interior asegura que sólo contemplará acercamientos tras la disolución de ETA, que algunas fuentes auguran para final de año

El debate sobre la necesidad de modificar la política penitenciaria ha vuelto a resurgir después de que tras la muerte de Kepa Del Hoyo en la prisión de Badajoz se movilizara a la izquierda abertzale. Arnaldo Otegi llegó a afirmar que “a nuestro compañero” lo “habían matado” las medidas de dispersión, los malos tratos y las huelgas de hambre”. La petición de iniciar una campaña de presión para unir a partidos vascos e instituciones para forzar a Interior a modificar la situación de los etarras encarcelados ha vuelto a fracturar el debate político. El lehendakari Urkullu recordó a Otegi la posición mantenida por la izquierda abertzale durante décadas impidiendo a los presos de ETA acogerse a la ley penitenciaria y con ella a beneficios penitenciarios.