Las fuerzas de seguridad venezolanas han «maltratado» y «torturado» de forma «generalizada y sistemática» a manifestantes y detenidos, denunció hoy la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

«Hemos recibido informes creíbles de trato cruel inhumano y degradante por parte de las fuerzas de seguridad a los detenidos, que podrían ser definidos en varios casos como tortura», afirmó la portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani, al agregar que «estos no fueron casos aislados».

La ONU también afirmó que la destitución de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es una muestra más de la ruptura del estado de derecho en el país. «Está en la línea de lo que hemos estado denunciando, que el estado de derecho en el país se ha roto y la fractura se está ahondando», afirmó Ravina Shamdasani.

Asalto del Hemiciclo

Por otro lado el presidente del Parlamento de Venezuela, el opositor Julio Borges, ha denunciado que oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana «forzaron las puertas y asaltaron el Hemiciclo», donde la Cámara celebra sus sesiones, para permitir la entrada a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. Según un comunicado de la oficina de prensa de Borges, Rodríguez y otros dos dirigentes oficialistas entraron «aprovechando la noche» y acompañados de los guardias al Hemiciclo para adaptar ese espacio «para una reunión que tendrán mañana (…) de la fraudulenta constituyente».

La comitiva que forzó las puertas estaba encabezada por el coronel Bladimir Lugo, jefe del destacamento de la Guardia Nacional (policía militarizada) en el Parlamento, que hace semanas empujó a Borges tras una disputa dialéctica y ha sido acusado de permitir la entrada a la cámara de grupos de chavistas armados que agredieron a diputados. La Asamblea Nacional Constituyente fue instalada el viernes en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo. En el Hemiciclo de ese mismo recinto celebra sus sesiones el Parlamento, de mayoría opositora, que no reconoce la Constituyente y la considera un instrumento del Gobierno para instaurar una dictadura.

Estos dos órganos han convivido hasta el momento en las dos salas del Palacio, pese a que el choque parece inevitable entre una Constituyente plenipotenciaria que espera obediencia de todas las instituciones y un Parlamento que no reconoce sus decisiones. La Constituyente instaló el domingo una «Comisión de la Verdad» que tiene como misión castigar a los líderes opositores que han convocado manifestaciones antigubernamentales en los últimos meses, a quienes el chavismo gobernante responsabiliza de los hechos violentos en que han desembocado estas protestas.

Este hecho cometido hoy es un abuso más contra los 14 millones de venezolanos que votaron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015″

Según el propio presidente Nicolás Maduro y destacados constituyentes como Diosdado Cabello, la asamblea instalada el viernes planea eliminar la inmunidad parlamentaria de los diputados. Esta junta -que no es reconocida por buena parte de la comunidad internacional- ya ha destituido de su cargo a la fiscal crítica con Maduro Luisa Ortega. «Este hecho cometido hoy es un abuso más contra los 14 millones de venezolanos que votaron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015», dijo sobre la entrada de Rodríguez con la Guardia al Hemiciclo la oficina del presidente del Parlamento, que había manifestado hoy su voluntad de mantener el control de ese espacio.

La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) convocó hoy a los venezolanos a cortar calles este martes en todo el país para protestar contra la Constituyente. La MUD ha recurrido varias veces a esta forma de protesta conocida en Venezuela como «trancazo» antes y durante la elección de la Constituyente el 30 de julio, una fecha desde la cual las manifestaciones contra el presidente Nicolás Maduro se han ido reduciendo. «Hay que continuar porque la única forma de que nos derroten es que nos rindamos», dijo en nombre de la MUD el diputado Juan Guaidó, que pidió no caer en la “desmoralización” que, a su juicio, busca Maduro con la Constituyente; mientras que el también parlamentario opositor Juan Requesens llamó a “reactivar” la movilización en la calle.

Mucha de nuestra gente tiene que decidir entre marchar y comer por culpa de la dictadura»

La MUD ve en la puesta en marcha de la Constituyente -que se instaló el viernes pasado en la sede del Legislativo y durante más de dos años ejercerá su poder plenipotenciario para reordenar el Estado- una forma de Maduro de consolidar la dictadura que a juicio de la oposición ya existe de facto en Venezuela. En su primera decisión, esta asamblea convocada por Maduro para cambiar la Constitución y apuntalar así la llamada Revolución chavista destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz, que había alertado de las supuestas intenciones totalitarias de la Constituyente y ha acusado al presidente de convertir el país en un «Estado policial».

En su segunda medida de más relevancia, este órgano no reconocido por buena parte de la comunidad internacional creó una «mesa de la justicia y la verdad» que debe encargarse de castigar a los líderes opositores que han convocado marchas antigubernamentales que se han saldado con hechos violentos en los últimos meses. Tras semanas de trancazos» continuos y dos huelgas generales, las calles de Carcas y de la mayoría de ciudades venezolanas han permanecido en calma y normalidad desde la elección de la Constituyente el 30 de julio. «Mucha de nuestra gente tiene que decidir entre marchar y comer por culpa de la dictadura», afirmó hoy Requesens sobre ese enfriamiento de la calle.

Venezuela ha vivido desde el pasado 1 de abril una ola de protestas contra Maduro que se recrudecieron un mes después cuando el presidente activo la Constituyente. Las manifestaciones han sido dispersadas por las fuerzas de seguridad, y han dejado hasta el momento más de 120 muertos, numerosos heridos y miles de detenidos.