El Gobierno y las fuerzas constitucionalistas en Cataluña están inmersos en una carrera contrarreloj al objeto de impedir que llegue al pleno del Parlament la llamada Ley de Referéndum una vez sea calificada por la Mesa de la cámara autonómica, lo que puede ocurrir este miércoles o jueves. El temor que albergan es que los partidos secesionistas fuercen un trámite express que limite la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado, esto es, el Ejecutivo y el Tribunal Constitucional.

Moncloa se prepara para poner en marcha de inmediato una reunión del Consejo de Ministros que eleve al alto tribunal la petición de interposición de un recurso de inconstitucionalidad. No obstante, ahora surgen dudas respecto a si el TC podría actuar motu proprio apelando a un incidente de ejecución, una vez que ha advertido de manera explícita a la Mesa del Parlament, y muy específicamente a su presidenta, Carme Forcadell, de la ilegalidad de cualquier actuación preparatoria del 1-O.

El TC apenas podría disponer de unas horas entre la toma en consideración y la votación

En todo caso, el TC apenas podría disponer de unas pocas horas entre la calificación por parte de la Mesa y el debate y votación en el pleno, lo que exigiría una reunión de urgencia para paralizar el proceso parlamentario. Ahí también entran también las fuerzas políticas constitucionalistas, esto es, Ciudadanos, PSC y PP. A pesar de sus discrepancias ideológicas todas ellas han anunciado que no participarán en la votación de las llamadas leyes de ruptura, que incluyen, además de la del Referéndum, la de Transitoriedad Política. Los 51 diputados que suman (25 de Ciudadanos, 16 del PSC y 11 del PPC) se ausentarán de la Cámara llegado el momento.

En todo caso, según han revelado a El Independiente fuentes del PP catalán, intentarán dilatar el tiempo que transcurra entre la toma en consideración por parte de la Mesa del Parlament y el debate y votación, de modo que no se llegue a dicha cita sin que el Constitucional se haya pronunciado al respecto y declare inconstitucional que se someta a votación por la Cámara territorial.

Ciudadanos, PSC y PP intentarán dilatar el trámite parlamentario

Una de las vías puede pasar por exigir que la toma en consideración de la ley pase antes por el Comité de Garantías Estatutarias, lo que no está ni de lejos en la voluntad de los independentistas. Cabe recordar que este órgano consideró inconstitucional la partida presupuestaria catalana destinada a financiar la consulta secesionista ilegal. Asimismo ha cuestionado la presunta ley tributaria, con la que diseñar una hacienda propia para la quimérica República catalana.

Ese es el objetivo primordial de los constitucionalistas en estos momentos a falta de saber qué harán los 11 representantes de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la coalición formada en torno al partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

A los «comunes» les iría hien que no hubiera votación dadas sus discrepancias internas

La coalición de izquierdas no ha aclarado el sentido de su voto, que parece que en ningún caso sería contrario a la llamada ley del Referéndum, sino que se cobijaría en la abstención. Sin embargo, han surgido voces discrepantes dado que alguno de los diputados autonómicos apuesta por el «sí», como es el caso de Joan Giner, de Podem. Llegado este punto, y dado el clima de división interno, también les convendría a los «comunes» que no hubiera votación en el Parlament.

El propio Mariano Rajoy ha expresado este lunes durante la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP  su temor  respecto a que el Parlament pretenda calificar la ley de Referéndum, meterla en el pleno, no debatirla ni elevarla al Comité de Garantías Estatutarias de la Cámara autonómica y aprobarla, todo en cuestión de horas. Se trataría, denuncia el jefe del Ejecutivo, de sacar adelante una consulta «ilegal», «hurtar» el debate a los miembros de la oposición «y saltarse todos los trámites legales de los parlamentos democráticos del mundo».