Una corriente de Podemos denuncia al partido por los nuevos estatutos

El conflicto de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos ha ascendido a los tribunales ordinarios este lunes, el mismo día en que el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, hiciera oídos sordos a la polémica en rueda de prensa. Profundización Democrática, una corriente del partido que tiene entre sus principios la apuesta por una mayor transparencia y democracia, ha interpuesto la demanda, de carácter colectivo y a la que puede sumarse cualquier inscrito de Podemos, con el fin de resolver un asunto que lleva más de un mes encallado y para que sea la Justicia la que resuelva sobre la legalidad de los nuevos estatutos del partido. La judicialización del asunto también impide que la ejecutiva de Iglesias pueda tener la última palabra, más aún después de que Echenique volviera a reafirmarse sobre el nuevo reglamento.

"Tras estudiar todas las acciones posibles, entendemos que la vía de la demanda civil pata cuestionar la ilegítima transposición del Documento Organizativo a Estatutos es una vía que debía abrirse", señala la corriente en un comunicado. Con esta acción legal, Profundización Democrática persigue que el Consejo de Coordinación -la ejecutiva- retire los actuales estatutos y los rectifique acorde con los documentos aprobados, al considerar que el nuevo reglamento "desobedece flagrantemente el mandato y lo acordado por la Asamblea General de Podemos" de Vistalegre II, según el texto de la denuncia. En el escrito, señala que se han introducido "artículos con materias y cuestiones no tratadas en ningún documento aprobado" por los inscritos.

La rectificación de estos estatutos es una de las demandas que ha provocado la rebelión en Podemos. El 28 de julio la presidenta de la Comisión de Garantías elegida en Vistalegre, Olga Jiménez, llevó a votación al tribunal interno un dictamen en el que anulaba algunos apartados de estos estatutos por considerar que no eran una simple "transposición" de los documentos votados en Vistalegre II. Contó para ello con el voto de los miembros titulares y suplentes, tal como había sido hasta ese momento, aunque el nuevo reglamento limitaba el voto a los primeros. A raíz de este episodio, fue denunciada y la Ejecutiva de Podemos le abrió expediente, mientras otro de los miembros -uno de los denunciantes- se autoproclamaba presidente del órgano. Desde entonces varias comisiones autonómicas han apoyado a Jiménez y se han recogido más de 1.000 firmas entre las bases.

En el texto de la demanda, Porfundización Democrática reivindica la validez del dictamen 3/2017, que anulaba los estatutos, y acusa a la ejecutiva de cometer un "cúmulo de actos irregulares". Así, la denuncia señala "la desobediencia y las reacciones impropias del Consejo de Coordinación Estatal de Podemos, que no solo registra el texto Estatutario que se denuncia sin cumplir lo acordado, se procede por el mismo a abrir e instruir expediente disciplinario a la Presidencia de la Comisión de Garantías Democráticas".

Y en el impasse, con dos comisiones paralelas que no se reconocen entre sí, Echenique volvió a defender los nuevos estatutos este lunes después de la Ejecutiva. Este nuevo reglamento incluye un régimen de sanciones a quienes puedan "dañar la imagen" de Podemos, y deja como tribunal a la ejecutiva de Iglesias, que supliría el papel de la Comisión de Garantías. En el artículo 77.7 [consulte aquí los Estatutos de Podemos] deja al arbitrio del Consejo de Coordinación -ejecutiva- suspender a inscritos a causa de "situaciones irregulares o perjudiciales para la imagen de Podemos que a su juicio merezcan tal medida".

En Profundización Democrática llevan semanas defendiendo la falta de legalidad del nuevo reglamento, y en un comunicado señalan que "la intención de esta demanda judicial por vía civil es convenir una sensata rectificación para que la normalidad democrática vuelva a su cauce mediante la retirada de los actuales Estatutos ilegítimos y la realización de una nueva trasposición a Estatutos del Documento Organizativo que fuese legítima y fidedigna". Con este fin, y a lo largo de las 89 páginas de demanda, se exponen las diferencias entre el texto aprobado por los inscritos y los estatutos, elaborados por Echenique y aprobados por la cúpula de Iglesias, para que la Justicia se pronuncie sobre los hechos y tenga la última palabra.