El conflicto en la Comisión de Garantías de Podemos, el órgano disciplinario del partido, continúa su expansión. Si hasta ahora se había mantenido en un plano interno, ahora la disputa se abre a las bases. Una plataforma morada ha lanzado un manifiesto y ha impulsado una recogida de firmas por la independencia del tribunal interno de Podemos, con dos peticiones: que la ejecutiva morada rectifique los estatutos, y que se le retiren las sanciones a la presidenta de la Comisión, Olga Jiménez, entendidas como una represalia por haber desafiado a la cúpula de Podemos. La ejecutiva ha guardado hasta ahora el más estricto silencio respecto a este asunto y lo ha rebajado a una pugna interna entre órganos. Este lunes tendrán que dar una postura oficial en la que será la primera rueda de prensa después del verano, y también la primera desde que se presentaron los estatutos.

Este nuevo reglamento, presentado a finales de julio, traía consigo un régimen sancionador que otorgaba a la Ejecutiva de Pablo Iglesias potestad para ejercer como tribunal político e imponer sanciones a cualquier militante o cargo público por expresiones tan ambiguas como “dañar la imagen” del partido. El 28 de julio, el tribunal interno de Podemos aprobó un dictamen, instado por Jiménez, en el que anulaba estos nuevos estatutos, elaborados por el secretario de Organización, Pablo Echenique, y aprobados por el Consejo de Coordinación -la ejecutiva-.

Desde aquel desafío a la cúpula de Podemos, los acontecimientos no han dejado de sucederse: primero llegó la denuncia a Olga Jiménez por parte de una minoría de miembros de la Comisión; la ejecutiva aprobó por vía rápida la apertura de un expediente sancionador a la presidenta, y, luego otro miembro de la Comisión -el mismo que había impulsado esta denuncia- se autoerigió como nuevo presidente del órgano. El resultado fue la existencia de dos órganos paralelos que no se reconocían entre sí, y en este argumento se ha refugiado hasta ahora el partido para eludir las explicaciones sobre el asunto y reducirlo a una discusión interna.

Estos movimientos -la relegación de Jiménez ante la disidencia- fueron vistos como un “golpe” de Iglesias para intentar controlar políticamente el órgano disciplinario del partido, y las respuestas no han tardado en llegar. Las Comisiones de Garantías autonómicas de cinco territorios -Madrid, Valencia, Navarra, La Rioja y Cataluña- emitieron comunicados apoyando el dictamen que anulaba los nuevos estatutos, conocido como Dictamen 3. Luego, 45 miembros de estos tribunales internos de 13 comunidades autónomas dieron abiertamente su apoyo a la Comisión de Garantías elegida en Vistalegre II, y el pasado jueves tenía lugar un Pleno federal de tribunales internos en el que representantes de 11 de los 16 órganos territoriales pedían a la ejecutiva dar marcha atrás en los Estatutos y retirar la sanción impuesta a Olga Jiménez.

En aquella reunión se propuso además un manifiesto abierto para que las bases pudieran respaldarlo, y el sábado se puso en marcha una recogida de firmas con ese mismo manifiesto para que los simpatizantes de Podemos puedan adherirse a la petición. En 48 horas, la plataforma Con Garantías Democráticas ha recogido en su página web (garantíasdemocráticas.es) más de un millar de apoyos. El manifiesto insiste en las dos peticiones a la Ejecutiva: la revisión y corrección de los nuevos estatutos; y la retirada del expediente a Olga Jiménez, “por ausencia de fundamento en la denuncia y por la garantía de indemnidad en el ejercicio de sus funciones”.

Además, el escrito asegura que “Podemos debe ser ejemplo de Nueva Política“, y carga contra la actuación llevada a cabo por la dirección: “No está justificada la intervención de ningún órgano ejecutivo del Partido en las competencias de las Comisión de Garantías Democráticas, ni mucho menos la usurpación de sus funciones. Quitar y poner jueces al antojo es propio de otros partidos”, destaca.