Este lunes, Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau sabrán si el Tribunal de Cuentas les impone una fianza o un embargo de sus bienes por la organización de la consulta del 9N. Con este paso culminan las diligencias previas, la instructora elevará acta de liquidación provisional en la que previsiblemente recogerá la cantidad que según el veredicto del TSJC gastó la Generalitat en la organización de la consulta -5,2 millones de euros- y fijará o no fianza; y, por tanto, el embargo correspondiente sobre los bienes de los cuatro querellados.

La querella presentada en su momento por Sociedad Civil Catalana, a la que después se sumaron el fiscal del Tribunal de cuentas y la Abogacía del Estado se ha convertido en el peor dolor de cabeza para los impulsores del proceso soberanista en Cataluña. Y en la mejor herramienta del Gobierno y el Tribunal Constitucional para frenar el órdago soberanista.

La disolución, el viernes, de la Sindicatura Electoral y el cese del número dos del Departamento de Economía de la Generalitat, apenas 24 horas después de que el Tribunal Constitucional dictara multas diarias de 12.000 euros para todos ellos -y 6.000 euros para las sindicaturas locales y la responsable de procesos electorales de la Generalitat, Mercedes Vidal- por la desobediencia a sus dictámenes se ha demostrado como una herramienta de indiscutible eficacia para obligar a cumplir los dictámenes del alto tribunal.

El Gobierno es consciente de que la vía económica es el mejor terreno de batalla. Las imágenes de agentes de la Guardia Civil uniformados entrando en empresas y consellerias de la Generalitat pueden dar una imagen de autoridad en el resto de España, pero en Cataluña sólo alimentan el discurso victimista de Carles Puigdemont. “Es una intervención de facto de la autonomía” una “actuación antidemocrática”, claman los líderes independentistas.

Las tarjetas bloqueadas de altos cargos de la Generalitat, en cambio, no dejan rastro en las redes sociales. Los medios públicos catalanes se afanan desde el lunes en explicar que el bloqueo de las cuentas de la Generalitat dictado por el ministro Cristóbal Montoro está afectando a los pagos de centros de investigación médica o de escuelas de primaria, pero la avalancha de información de estos días hace que estos datos difícilmente calen en la opinión pública. Sin eco en la ciudadanía, la Generalitat tiene las cuentas bloqueadas, y los designados para sacar adelante el proceso ven cada vez más factible una futura querella ante el Tribunal de Cuentas como la que ahora afrontan Mas, Homs, Rigau y Ortega.

Crisis de gobierno

La primera muestra de la efectividad de las medidas de corte económico la dio la crisis de gobierno catalán del pasado julio. El conceller de empresa, Jordi Baiget, fue forzado a dimitir tras reconocer que temía por su patrimonio personal y las consecuencias que el proceso independentista podía tener para su familia. Su salida del Govern sirvió para “depurar” del gobierno Puigdmeont a todos los consejeros que no estaban dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias el desafío al Estado. Y Neus Munté, Mertixell Ruiz y Jordi Jané abandonaron también el barco.

No han sido los únicos dirigentes soberanistas inquietos por su patrimonio. Se ha dado el caso de algunos diputados que han puesto el patrimonio a nombre de familiares para evitar tener que hacer frente a responsabilidades penales por un delito de malversación, que la Fiscalía ha sumado a los de desobediencia en las querellas contra los responsables del procés -de momento, los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern-.

No todos los líderes del independentismo son igualmente sensibles a estas advertencias: desde la CUP, de hecho, se critica abiertamente la querencia de los ex convergentes por su patrimonio personal. Pero el caso es que el partido antisistema es la única de las fuerzas que dan apoyo al 1-O que no cuenta entre sus filas con un querellado, como es el caso del PDCat, ERC e incluso CSQP.