Un ingeniero técnico en química industrial recién jubilado que vive en Jaén ha interpuesto la primera denuncia por rebelión contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por su desafío a la Constitución española al convocar el referéndum de autodeterminación como paso previo a la proclamación de la república catalana. La comisión de este ilícito está penado con hasta 30 años de prisión.

Entre las medidas que ha adoptado hasta ahora la Fiscalía en relación con la preparación del 1-O está la interposición de una querella por sedición contra los responsables de los altercados registrados a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat con motivo de las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, admitida a trámite por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. Ningún poder había presentado hasta ahora una acción penal por rebelión, opción que sopesa la Fiscalía General del Estado en caso de una eventual declaración unilateral de independencia.

La denuncia, a la que ha tenido acceso El Independiente, la presentó el pasado martes el técnico de Seguridad e Higiene en el Trabajo Jacinto Contreras Vázquez. Éste expone que a sus 61 años sigue manteniendo el «juramento de fidelidad a la bandera» que hizo el 12 de marzo de 1978 cuando realizaba el servicio militar en el Centro de Instrucción de Reclutas 11 de Araca (Álava) y que la Constitución, que consagra la enseña como símbolo de la unidad de la patria común, «está siendo vulnerada tanto por acción como por omisión» por Puigdemont al convocar un referéndum ilegal.

Muchos españoles nos sentimos violentados ante la conspiración para cometer rebelión contra la Constitución», expone

«Como cualquier ‘ciudadano español’ venimos viendo por las diferentes cadenas de televisión, por la radio, por los periódicos y revistas las declaraciones de ciertos políticos catalanes independentistas, encabezados por el presidente de la Comunidad de Cataluña, que públicamente manifiestan y proponen realizar un referéndum anticonstitucional para declarar la ‘independencia de Cataluña del Reino de España’, con lo cual como muchos ciudadanos españoles nos sentimos violentados porque estamos ante ‘la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión contra la Constitución Española’ recogidas» en el Código Penal, denuncia.

«Declarar la independencia de una parte del territorio nacional” es uno de los siete supuestos que encajan en el delito de rebelión (tipificado en el artículo 472 del Código Penal), que exige para su comisión un alzamiento violento y público y que sea perpetrado por un grupo (aun reducido). En el caso de análisis, no sería necesaria la proclamación de la república catalana para que se consuma el delito. Bastaría con que los que se levantaran utilizando la violencia tuvieran objetivamente posibilidades de conseguir la independencia del territorio.

El denunciante recuerda que, cuando el presidente de Cataluña es investido por el Parlament y toma posesión de su cargo, «jura o promete defender la Constitución Española y demás leyes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Cataluña». Y añade: «El referéndum que se ha convocado por el Gobierno de la Generalitat en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el día 1 de octubre de 2017 es ilegal y anticonstitucional».

Primero, a la Fiscalía

La denuncia ha recaído en el Juzgado de Instrucción 1 de Jaén, que primeramente deberá resolver si es competente para investigar la posible comisión de este delito contra la Constitución o debe ser otro órgano jurisdiccional el que lo haga. En su artículo 65.1.a), la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que corresponde conocer sobre los «delitos contra el titular de la Corona, su Consorte, su Sucesor, altos organismos de la Nación y forma de Gobierno» -los actos dirigidos, en definitiva, a romper la organización territorial del Estado y desgajar una parte de su territorio frente al principio de unidad que consagra la Constitución en su artículo 2- a los juzgados centrales de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Ocurre que el denunciado, Carles Puigdemont, goza de fuero ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por su condición de presidente de la Generalitat, por lo que el juzgado jiennense no necesitará entrar en el fondo y se mostrará incompetente para investigar los hechos.

Jacinto Contreras ya presentó la misma denuncia contra Puigdemont el pasado 7 de julio ante la Fiscalía Provincial de Jaén, que la elevó a la Fiscalía General del Estado. Ésta le comunicó al denunciante el 18 de julio que daba traslado a la Fiscalía Superior de Cataluña, por ser los hechos expuestos competencia de ese órgano. Al no haber recibido más de dos meses después respuesta del fiscal catalán es por lo que Contreras Vázquez ha decidido acudir al juzgado. «Sin lealtad constitucional volveremos a la caverna», sostiene.