El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, analizará este viernes con sus ministros en el Palacio de la Moncloa la respuesta del Ejecutivo a una posible declaración de independencia por parte del presidente de la Generalitat, así como otras medidas ante los pasos que están dando los soberanistas.

Entre ellas podría estar un decreto ley que permitiría a las empresas acordar el cambio de sede social sin someter esa decisión a la junta de accionistas, lo que aceleraría la salida de Cataluña a las compañías que así lo dispongan.

Rajoy presidirá en el Palacio de la Moncloa la reunión semanal del Consejo de Ministros, a la que asistirán todos los miembros del Gabinete después de que alguno de ellos haya cancelado actos previstos con anterioridad en su agenda y que le iban a impedir su presencia en la Moncloa.

Es el caso de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha anulado su intervención en la cumbre global «Nuestro Océano», en Malta.

La de hoy será la primera reunión del Gobierno tras la jornada del 1 de octubre y se desarrollará a tres días del pleno que pretendía celebrar el Parlament en el que se podría proclamar la independencia pero que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional.

Rajoy, en una entrevista con Efe, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que renuncie a la declaración unilateral de independencia para evitar «males mayores» y aseguró que «sabe perfectamente lo que va a hacer» ante cualquier escenario y lo hará en el momento oportuno.

A la espera de que se concrete esa respuesta, lo que el Gobierno puede aprobar hoy (aunque no hay confirmación oficial) es ese decreto ley que permitiría acelerar la salida de empresas de Cataluña.

La idea del Ejecutivo es que el decreto ley incluya una nueva disposición final que modifique la Ley de Sociedades de Capital con la fin de agilizar el cambio de sede de una compañía.

La agenda del Consejo de Ministros sí incluye con total seguridad la renovación del Plan Prepara de ayuda para parados sin prestación, una medida que estaba previsto que se incluyera en la reunión del Gobierno de la pasada semana pero que finalmente no se tramitó.

También se aprobará una partida de 50 millones de euros para mejorar la instalación de fibra óptica o internet en pequeños municipios, una decisión que anunció ayer en Valladolid el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. Otra decisión será la aprobación de un decreto que regula la figura del consumidor vulnerable y el bono social eléctrico.