Rajoy reúne al Consejo de Ministros para debatir si aplica el 155 en Cataluña

El Gobierno ha respondió a las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, asegurando que ni se puede aceptar dar validez a la Ley del Referéndum -suspendida por el Tribunal Constitucional al admitir a trámite cuatro recursos interpuestos por el Ejecutivo- ni se puede dar como válido el supuesto de una consulta "fraudulenta e ilegal". Su primera medida, tras la reunión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido la de reunirse con Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y ahora se encuentra debatiendo de manera extraordinaria con el Consejo de Ministros para analizar si se aplica el artículo 155 en Cataluña.

Su aplicación requiere, en primer lugar, un requerimiento al president para que vuelva a la senda de la legalidad. En caso de ser desoído, el Ejecutivo acudiría al Senado, que volvería a dirigirse a Puigdemont antes de reunir a la comisión general de comunidades autónomas donde se debe dar el plácet al debate en plenario. Esto significa que el Gobierno pondría de nuevo la pelota en el tejado de los independentistas, a los que ofrecería dialogar en el marco de la ley.

El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, en declaraciones esta mañana a Cataluña Radio, ha asegurado que "si el Gobierno pone en marcha el 155, quiere decir que no hay ninguna voluntad de diálogo, y el Govern entonces será consecuente con el compromiso con el pueblo catalán".

Santamaria replica a Puigdemont que en democracia se dialoga "dentro de la ley"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha hecho una breve declaración en Moncloa, sin preguntas, para recordar respecto a la propuesta de diálogo con la que Carles Puigdemont intenta ganar tiempo, que el diálogo en democracia "se hace dentro la ley y respetando las reglas del juego", cerrando así la puerta a la enésima añagaza del catalán.

Tras acusarle de haber embarcado a Cataluña en el mayor nivel de tensión e incertidumbre de su historia, dice que el discurso que ha desgranado este martes en el Parlement "es el de una persona que no sabe dónde está, a dónde va y con quién  quiere ir".  El Gobierno "no puede aceptar que se dé validez a la ley catalana del referéndum", suspendida por el Constitucional; tampoco esgrimir los resultados del 1-O porque "ese fue un acto ilegal, fraudulento y sin las más mínimas garantías"; y tampoco es aceptable, a juicio del Gobierno, que se erija en portavoz de la mayoría de los catalanes.

Rajoy se ha reunido con Sánchez y hablado con Rivera

Por tanto, ni Puigdemont, ni nadie, "puede sacar conclusiones ni consecuencias" de una ley que no existe, de un referéndum que no se ha producido, y de una voluntad del pueblo de Cataluña "de la que una vez más quieren apropiarse".  Tampoco puede pretender "sin volver a la legalidad y a la democracia, imponer una mediación".

Rajoy ha celebrado una reunión con el líder del PSOE, Pedro Sánchez , y hablado con el de Ciudadanos, Albert Rivera. Éste último ha abogado sin ambages por la aplicación del 155, siendo la posición del socialista mucho más difusa, aunque, en un gesto de buena voluntad, ha aplazado la reprobación contra Sáenz de Santamaría por la actuación policial del 1-O. La vicepresidenta se ha limitado a indicar que en el consejo de este miércoles se abordarán "los próximos pasos".

Nada mas conocer la intervención dé Puigdemont, fuentes gubernamentales han insistido en que no es admisible "hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita".

Y es que en su comparecencia en el Parlament, Puigdemont ha aceptado este martes el "mandato" de las urnas para iniciar el camino hacia una "Cataluña independiente en forma de república", aunque ha anunciado inmediatamente después que la Cámara autonómica pide la suspensión de esta declaración para que "en las próximas semanas lleguemos a un diálogo sin el cual no es posible llegar a un acuerdo".

La duda que se plantea es si el Gobierno de Rajoy adoptará alguna medida tras el anuncio de Puigdemont de seguir avanzando hacia la pretendida independencia a la espera de que los tribunales avancen en la instrucción de los procedimientos que instruyen, como la querella contra los miembros del Govern que se dilucida en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) o la denuncia por sedición que instruye el Juzgado Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional contra los líderes de la asociaciones soberanistas -Jordi Sánchez (ANC) y Jordi Cuixart (Òmnium Cultural)-, mayor de los Mossos d'Esquadra y la intendente de este cuerpo Teresa Laplana.