Los pinchazos registrados por la Guardia Civil a los teléfonos de seis altos cargos de la Generalitat de Cataluña en los días previos al 1-O permitieron a los investigadores obtener relevante información sobre el plan estratégico del Ejecutivo de Carles Puigdemont y evidencias sobre la inacción de los Mossos d’Esquadra a la hora de hacer cumplir la orden dictada el pasado 27 de septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): la clausura de los centros de votación para evitar que pudiera llevarse a cabo el referéndum ilegal. Los datos obtenidos apuntalan también los indicios sobre la comisión del delito de sedición que investiga la Audiencia Nacional.

Las conversaciones vienen a corrobar el contenido del documento denominado EnfoCATs, reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso, un detallado plan de actuación para alcanzar la pretendida independencia e intervenido durante el registro practicado el pasado 20 de septiembre en la vivienda de Josep María Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda y uno de los 14 altos cargos de la Generalitat detenidos aquel día por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

En un atestado incorporado tanto a la causa que instruye el citado juzgado barcelonés por prevaricación, malversación de caudales públicos y desobediencia como al procedimiento que dirige la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por la presunta comisión de un delito de sedición, los agentes transcriben el contenido de diversas llamadas reveladoras sobre los planes de la Generalitat y la cuestionada actuación de la Policía Autonómica.

Extracto del atestado de la Guardia Civil.

Extracto del atestado de la Guardia Civil en el que se detalla el contenido de una de las conversaciones telefónicas ‘pinchadas’. EL INDEPENDIENTE

A las 13. 54 horas del 23 de septiembre, el técnico en tecnologías de la Comunicación y de la Información en el Consorci Administració Oberta de Cataluña Joan Manel Gómez es telefoneado por un hombre llamado ‘Jordi’ para intercambiar impresiones sobre la detención del primero en el curso del operativo desplegado por la Guardia Civil días antes. Lo más sabroso tuvo lugar al final de la conversación, cuando Gómez detalla a su interlocutor el trato recibido por los Mossos en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona: “Soy el cabo jefe de la sección y es un honor custodiarles a ustedes; que sepan que nosotros les damos nuestro apoyo. Lo que sea, que mucha fuerza y muchas gracias por lo que están haciendo, lo que sea cualquiera de nosotros. Fuerza, fuerza…”, comenta.

No menos esclarecedora resulta la charla telefónica que, aquella misma tarde, mantuvo otro de los investigados -Carlos Viver Pi Sunyer, director del Instituto de Estudios de Autogobierno de la Generalitat- con Margarita Gil, miembro del Consejo de Garantías Estatutarias del Parlament y esposa del ex consejero de Interior Jordi Jané. Viver revela que, por recomendación de aquél, había eliminado todos los datos comprometedores antes de que la Guardia Civil le confiscara el teléfono durante el registro de su despacho profesional. “[Me] avisó [tu] marido ya hace tiempo y le hice caso, así que no encontrarán grandes cosas”, comenta satisfecho.

Atestado en el que se reproduce la conversación de Carlos Viver con la esposa del ex consejero catalán de Interior.

Atestado en el que se reproduce la conversación de Carlos Viver con la esposa del ex consejero catalán de Interior. EL INDEPENDIENTE

La conclusión que extraen los investigadores es clara: “Jordi Jané había aleccionado a Carlos Viver de las medidas de seguridad que debía de tener en cuanto al uso de medios de almacenamiento de datos y en sus comunicaciones, ya que en esas fechas Carlos Viver se encontraba incurso en una investigación judicial”.

La Guardia Civil también intervino el teléfono de Francesc Sutrías, director de Patrimonio de la Secretaría de Hacienda. Los agentes consideran relevante para la investigación la conversación que éste mantuvo con el presidente de la Mesa por la Diversidad Audiovisual de Cataluña entre 2005 y 2006, Joan Manuel Tresserras, en la que hablan acerca de la revuelta generada por la movilización ciudadana ante las detenciones y registros producidos en distintas dependencias oficiales de la Generalitat los pasados 20 y 21 de septiembre.

El ex consejero Jané instruyó a un alto cargo sobre cómo ‘limpiar’ su teléfono para eliminar información que pudiera comprometerle

Sutrías y Tresserras tienen el absoluto convencimiento de que fue la presión popular -unas 40.000 personas llegaron a concentrarse a las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda- lo que impidió que los arrestos alcanzasen a Carles Puigdemont y a Oriol Junqueras. “Si no llega a ser por esta reacción que tuvo la gente en las calles se habría ido más allá con el Presidente y el Vicepresidente”, comentan. En opinión de los interlocutores, era necesario mantener la movilización hasta el día del referéndum. De no hacerse así, se ‘perdería la energía’ y sería muy difícil volver a “levantar a la tropa”.

La interceptación de las comunicaciones en el móvil de Sutrías ha permitido a los investigadores obtener claras evidencias sobre el dispositivo de contravigilancia ofrecido por la Generalitat a los actores del proceso independentista más expuestos ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su nivel de responsabilidad. Tan sólo dos días antes del 1-O, el alto cargo habla con Pere Soler, director de los Mossos d’Esquadra. El primero le pide al jefe de la Policía Autonómica que necesita estar tranquilo en su despacho, su coche y su casa y el segundo le tranquiliza al decirle que “han aumentado la contravigilancia a los que han estado más expuestos”.

“Es un honor custodiarles a ustedes; les damos nuestro apoyo. Fuerza, fuerza”, le dijo un mando de los Mossos a uno de los altos cargos detenidos

Las dudas de la Guardia Civil sobre la colaboración del Ejecutivo autonómico quedan disipadas tras conocer el contenido de esa conversación. “La Generalitat utiliza a su Policía Autonómica para realizar funciones de protección y seguridad de sus miembros, no contra acciones de terceros que puedan infringir la ley para tratar de perjudicarles, sino contra la actuación de un juez o de una investigación policial. Y es obvio que las órdenes para el cumplimiento de los requerimientos que Sutrías hace al sr. Soler se transmiten a través del jefe policial de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero”, se detalla en el atestado.

La figura de Trapero sale también a relucir en la llamada que Josep María Jové recibió de su esposa a media tarde del 27 de septiembre para decirle que había recibido un mensaje de un tal ‘César’ que iba a reunirse con el mayor de la Policía catalana. El alto cargo sospecha que la comunicación puede ser intervenida y se cuida de ofrecer detalles. Jové le dice que “no hable con nadie, nadie de nadie, y que tiene otra petición [para Trapero] que no es para él, que es para otra persona, que estaría bien que si pudiera, que se espere un momento [y] que ahora le envía un mensaje”. Para no cometer una indiscreción, interpretan los investigadores, Josep María Jové corta bruscamente la conversación y se despide.