Ada Colau se ha sumado a los paros convocados por las organizaciones independentistas y ha suspendido durante hoy y mañana la actividad institucional del Ayuntamiento de Barcelona en señal de protesta por la prisión provisional decretada para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, líderes de Ómnium Cultural y ANC, respectivamente.

La alcaldesa de Barcelona ha leído una declaración institucional suscrita por los grupos de BComú, PDeCAT, ERC, y la CUP en la que ha tildado de “presos políticos” a los líderes de las organizaciones independentistas, investigados por la Audiencia Nacional por ser los “principales promotores y directores” de las concentraciones destinadas a entorpecer e impedir la labor de la Guardia Civil en la madrugada del 21 de septiembre. Tanto Colau como el líder de Podemos, Pablo Iglesias, han puesto en cuestión la independencia de la justicia apenas 24 horas después de la decisión judicial.

Colau ha anunciado la suspensión de la actividad y lo ha enmarcado como una “señal de protesta” y “en solidaridad” con los dos Jordis, y ha remarcado “el derecho a la libertad de expresión y manifestación y de participación política”. En este mismo sentido, ha rechazado la  “judicialización de la vida política” por parte del “Estado español” y ha aprovechado para pedir la “inmediata puesta en libertad” de los dos afectados, que según la alcaldesa “están en prisión por causas políticas”. “Quiero llamar a la ciudadanía a seguir defendiendo los derechos y libertades”, ha señalado Colau, que ha reclamado una “efectiva separación de poderes”.

Podemos también ha criticado la resolución judicial y se ha concentrado en el Congreso de los Diputados junto a En Comú Podem, PdeCat, Compromís, Bildu y PNV para protestar contra esta actuación. El líder del partido, Pablo Iglesias, ha insistido en la idea de que son “presos políticos” y ha calificado de “pacífica” la concentración de septiembre, en la que quedaron destrozados varios vehículos de la Guardia Civil y donde el tumulto obligó a los agentes a permanecer en el edificio hasta la mañana siguiente.

Iglesias pone en cuestión la independencia de la juez de la Audiencia Nacional

“No les han enviado a la cárcel por robar, como al PP, sino por organizar una protesta pacífica. Es una vergüenza”, ha destacado el secretario general de Podemos, que también ha cargado con la juez de la Audiencia Nacional encargada del caso, Carmen Lamela. “Esta señora fue recusada por su cercanía con el PP”, ha señalado desde Galicia, adonde se ha trasladado por los incendios. “El PP quiere utilizar algunos jueces para que resuelvan sus problemas políticos. El 12 de octubre políticos, periodistas y jueces adelantaban lo que pasó ayer. Eso demuestra que la separación de poderes no funciona en este país”.

Las entidades soberanistas abren una cadena de manifestaciones

Por su parte, las entidades soberanistas preparan una nutrida cadena de manifestaciones en respuesta a la prisión sin fianza decretada este lunes por la juez de la Audiencia Nacional para los líderes de la ANC y Ómnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Unas movilizaciones que se abrían con el paro anunciado a las 12 del mediodía en todos los centros de trabajo de Cataluña, como muestra de rechazo a unas medidas judiciales que los independentistas han leído como la respuesta “represiva” del Gobierno a la oferta de diálogo de la Generalitat. Y esa lectura llegará también a las escuelas, donde los profesores han recibido instrucciones de cómo organizarse.

Nota informativa de un colegio sobre los paros convocados en apoyo a los líderes de la ANC y Òmnium.

Nota informativa de un colegio sobre los paros convocados en apoyo a los líderes de la ANC y Òmnium. EL INDEPENDIENTE

El ejemplo de la nota colgada en el tablón de anuncios de un instituto de Barcelona es bastante gráfico. Propone que los profesores que quieran secundar el paro “en protesta por la detención de personas por motivos políticos” bajen a los alumnos al patio y los dejen a cargo de dos responsables mientras el resto se concentra frente al edificio del instituto durante 15 minutos. “Pasado este tiempo volverá todo el mundo al aula”, concluye el texto tras señalar que los profesores que no quieran secundar el paro harán clase normal.

El sector educativo está en el centro de la polémica desde que algunos miembros del Gobierno y del PP señalaran a la enseñanza en Cataluña como una de las fuentes de la radicalización política, especialmente entre el electorado más joven. Unas críticas que a su vez han sido asumidas por el nacionalismo como un auténtico agravio, hasta el punto de crear una campaña en la plataforma change.org en contra del presidente del PP catalán, Xavier García Albiol. Una campaña encabezada por las declaraciones en las que Albiol afirmaba que “en la mayoría de las escuelas públicas catalanas se enseña a odiar España”, que ha sido profusamente publicitada por los medios públicos de la Generalitat.