A 24 horas para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, responda al segundo requerimiento del Gobierno central y todo son incógnitas en cuanto al contenido y tono de su repuesta, de haberla. Si no hay regreso a la legalidad estatutaria y constitucional, proseguirá el proceso destinado a intervenir competencias del ejecutivo regional a través del 155, aunque también hay otra maniobra de la que puede echar mano Puigdemont y que el PP no descarta, como adelanto ayer El Independiente: que anuncie su intención de convocar autonómicas.

En ese sentido, el Gobierno ha lanzado un mensaje hoy: Si Puigdemont convoca elecciones no se aplicará el artículo 155 de la Constitución. Distintas fuentes del Gobierno han explicado que, en ese caso, el Ejecutivo dejaría que los comicios siguieran su curso. Al carecer de una ley electoral propia, las elecciones catalanas se regularían por la Loreg y por la Junta Electoral, que impedirían su carácter constituyente y las desarrollaría como unas autonómicas más. Tanto en el Gobierno como en grupos de la oposición como PSOE y Ciudadanos, ésta es la opción más deseable y con la que intentan persuadir al president.

Ni siquiera haría falta que pusiera fecha a esas elecciones. Bastaría con exponer su intención de ir a comicios para paralizar el 155, puesto que «no tendría sentido intervenir las competencias en un escenario electoral», arguyen fuentes populares. Corresponde a Puigdemont la convocatoria de elecciones antes de que el Estado le quite la batuta del gobierno autonómico. Y, es más, Génova cree que una cita ante las urnas en estos momentos «podría beneficiar al independentismo», muy movilizado en la calle al objeto de no perder terreno y más tras el ingreso en prisión de los líderes de las dos entidades soberanistas con más fuerza, esto es, Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural.

El 155 puede ser usado como argumento de campaña por el independentismo

Sin embargo, el compromiso de Puigdemont de no presentarse a unas autonómicas, unido a las pésimas perspectivas que todos los sondeos con intención de voto dan a la antigua Convergencia, hoy PDCat, puede ser lo suficiente disuasorio para que el president dé ese paso. Además, la aplicación del 155 podría engordar el argumentario del Estado español opresor, vulnerador de derechos fundamentales, que el independentismo lleva usando de forma ininterrumpida desde la jornada del 1 de octubre.

Mientras tanto, Gobierno y PP se mantienen en continuo contacto para ir de la mano en la puesta en marcha de los mecanismos del 155. El Congreso ha sido escenario este martes de una conversación entre los dos responsables de Organización de PP y PSOE, Fernando Martínez Maíllo y José Luis Ábalos. Con la cuenta atrás activada, Mariano Rajoy no quiere tomar ninguna iniciativa que no tenga el apoyo explícito del líder socialista, Pedro Sánchez, aunque cuenta también con el apoyo del máximo responsable de Ciudadanos, Albert Rivera.

De hecho, Rivera viene reclamando en las últimas semanas con bastante vehemencia la aplicación del 155, exigencia que provoca un indisimulable malestar en las filas populares y en el Ejecutivo «porque una cosa es aplicarlo de verdad desde  el Gobierno y otra estar en la oposición» lo que quita presión y desgaste a un instrumento institucional que nunca se ha empleado y de resultado, por tanto, incierto.

Parece que también hay coincidencia entre Moncloa y PSOE en que la activación del 155 sea rápida, «porque no tiene sentido que estemos más de una semana con esta cuestión pendiente». No obstante, «a diferencia de los independentistas, nosotros debemos respetar los plazos y dar la voz a todos los partidos», tanto en el seno de la comisión mixta -que, con toda seguridad, se constituirá en el Senado entre la General de Comunidades Autónomas y la Constitucional, donde podrán sentarse representantes del gobierno catalán-, y en el debate en pleno.

Lo previsible es que este jueves haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros

Lo previsible es que el mismo jueves haya una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros una vez se cumpla el plazo dado a Puigdemont, que vence a las diez de la mañana, si la respuesta no es muy distinta a la que ofreció el pasado lunes. El acuerdo ministerial se trasladaría ese mismo día al Senado, que tiene parte del jueves y del viernes para convocar a la comisión mixta y dirigirse al gobierno de la Generalitat por si quiere hacer alegaciones o nombrar un representante para dicha comisión, a la que corresponde hacer un primer informe sobre la petición del Gobierno. Este informe será elevado al pleno de la Cámara Alta, que celebra reunión ordinaria el martes, miércoles y jueves de la semana que viene.

El Ejecutivo debe concretar el alcance de las medidas propuestas, sin generalidades, lo que lleva a pensar que todo está cerrado ya con el PSOE. Previamente los equipos jurídicos del Gobierno han estado estudiando durante meses todas las posibilidades y adaptándolas al terreno. Los Mossos y TV3 están en el foco de la intervención para asegurar el éxito de la misma.