Agentes de la Policía de la Generalitat consideran que la dirección del cuerpo debería suspender provisionalmente en sus funciones al mayor Josep Lluís Trapero, al que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela retiró este lunes el pasaporte y le ha prohibido salir de España mientra lo investiga por la posible comisión de un delito de sedición. La instructora trata de determinar si los Mossos d’Esquadra tuvieron una actitud pasiva mientras una multitud trataba de impedir el pasado 20 de septiembre que la Guardia Civil trasladara a los altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda detenidos por su participación en los preparativos del referéndum de autodeterminación.

«Cada minuto que siga Trapero en el puesto, mayor será el descrédito para los Mossos», declara sin rodeos a El Independiente un agente de la Policía Autonómica con veinte años de servicio en el Cuerpo y destinado actualmente en el área metropolitana de Barcelona. El funcionario, que accede a hablar bajo reserva de su identidad, asegura que su opinión es compartida por muchos compañeros «unionistas o españolistas».

Como informó este periódico, la Ley de la Policía de la Generalitat -en vigor desde julio de 1994- faculta al Ejecutivo autonómico a suspender de forma cautelar o a adscribir a otro puesto de trabajo a un agente del Cuerpo investigado por la posible comisión de faltas graves o muy graves en el desempeño de sus funciones, lo que podría conllevar la «pérdida provisional del uniforme, el arma y la credencial del funcionario expedientado o sometido a procesamiento».

La posibilidad que plantea una parte del colectivo y que tiene amparo normativo es descartada totalmente por la dirección política del Cuerpo: el investigado Trapero, recibido en la mañana de este martes con una larga ovación a su llegada a las dependencias centrales de los Mossos en Sabadell (Barcelona), se mantendrá al frente de los casi 17.000 funcionarios que integran este cuerpo. En declaraciones a RAC1, el consejero de Interior, Joaquim Forn, se ha apresurado a decir que el máximo responsable operativo «tiene la confianza del Govern y de la mayoría de la sociedad catalana». No hay debate, al menos dentro del Ejecutivo de Puigdemont.

«En una situación normal, a cualquier agente que cometiera una infracción determinada se le aplicarían las medidas cautelares. Y por cuestiones a veces más nimias que ésta. Es una cuestión de sentido común. La propia Dirección General tendría que decir que hay que apartarlo por imagen o él mismo irse por vergüenza», añade el Mosso.

Éste está convencido de que la responsabilidad de Trapero en la comisión del delito de sedición será más evidente cuando se investigue la actuación del Cuerpo el día del referéndum de autodeterminación y cuando se terminen de analizar los efectos intervenidos en los 41 registros llevados a cabo por la Guardia Civil los pasados 20 y 21 de septiembre por orden del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona.

«A la gente que hicimos actuaciones aquel día nos han dicho en comisaría que lo hicimos porque quisimos», asegura

De hecho, la Guardia Civil considera que Trapero formaba parte del «comité estratégico» que se detallaba en la hoja de ruta del procedimiento independentista que figuraba en un documento intervenido en el domicilio de Josep María Jové, número dos de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y Hacienda, bajo el nombre de EnfoCATs.

Al margen de los problemas judiciales, el agente subraya la dificultad de trato del mayor del Cuerpo. «De los jefes que han tenido los Mossos a lo largo del tiempo, deja mucho que desear como persona. Te corta en las reuniones, es muy despectivo, no es afable y tiene un liderazgo muy áspero. Se le tiene la afinidad que se puede tener al que haya en Corea, que si no te cortan la cabeza», sostiene.

Dispositivo policial «nefasto»

Este Mosso considera que el dispositivo desplegado por el Cuerpo el 1-O fue «nefasto», al haberse desoído la orden judicial y dejar todo el peso de la actuación en manos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y desvela los reproches recibidos por mandos por haber intentado hacer su trabajo el día del referéndum. «A la gente que hicimos actuaciones aquel día, en comisaría nos han echado en cara que lo hicimos porque quisimos», asegura.

El funcionario tiene claro que en el hipotético caso de que se proclamara la república catalana sería uno uno de los policías de la Generalitat que entregaría el arma y la placa, al tiempo que llama la atención sobre la situación tan «incómoda» en que quedarían muchos compañeros afines al proceso independentista.

No es la primera voz que plantea la conveniencia de que Trapero sea apartado. Como informó este diario, los cinco sindicatos con representación en el Cuerpo Nacional de Policía y seis organizaciones profesionales de la Guardia Civil han pedido al Ministerio del Interior que inste la inhabilitación del mayor de los Mossos, al entender que un mando que está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de sedición “no puede estar ni un minuto más al frente de un Cuerpo de seguridad”.