Los policías nacionales y los guardias civiles han reclamado al Ministerio del Interior que inste ya la inhabilitación del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, al entender que un mando que está siendo investigado por la presunta comisión de un delito de sedición “no puede estar ni un minuto más al frente de un Cuerpo de seguridad”.

Ésta es una de las peticiones que representantes de 11 organizaciones representativas de Policía Nacional (5) y Guardia Civil (6) trasladaron al ministro Juan Ignacio Zoido y al Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, durante la reunión mantenida en la tarde-noche de este miércoles para exigirles medidas de protección para los agentes desplegados en Cataluña por el desafío secesionista ante el acoso y el hostigamiento que están sufriendo por los independentistas.

Trapero está citado a declarar este viernes en calidad de imputado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, que admitió una denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las protestas ante las puertas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Generalitat durante el operativo desplegado los días 20 y 21 de septiembre por la Guardia Civil que se saldó con la detención de 14 altos cargos y la práctica de 41 registros. La juez entiende que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de sedición por ir “dirigidos a romper la organización territorial del Estado” y ha llamado también al procedimiento en calidad de investigados a la intendente de los Mossos Teresa Laplana y a los presidentes de Asociación Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

Los agentes dicen que un mando investigado por sedición “”no puede estar ni un minuto mas al frente de un Cuerpo de seguridad”

Según han informado en un comunicado conjunto las 11 organizaciones sindicales y profesionales (Sindicato Unificado de Policía, Confederación Española de Policía, Unión Federal de Policía, Sindicato Profesional de Policía, Alternativa Sindical de Policía, Asociación Unificada de Guardias Civiles, Unión de Oficiales, Asociación Española de Guardias Civiles, Asociación Escala Suboficiales, Asociación Pro Guardia Civil y Unión de Guardias Civiles), Interior también “volcará” sus recursos para “identificar” a los Mossos d’Esquadra que hicieron dejación de funciones el pasado 1-O en el marco de las investigaciones que impulsan ocho juzgados catalanes por la inacción de este Cuerpo en el cumplimiento de la orden dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que fueran clausurados todos los centros de votación antes de las 6 de la mañana del pasado domingo.

Las actuaciones contra los Mossos también se dirigen en otro frente: el de las condecoraciones, cuya retirada han solicitado asociaciones profesionales de la Guardia Civil. En este sentido, la Secretaría de Estado de Seguridad va a remitir una “comunicación formal” a todos los agentes de este Cuerpo que han recibido distinciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado instándoles “un posicionamiento formal sobre el ordenamiento legal y la lealtad a los principios constitucionales. “De no producirse, se retirarán” las medallas, informa la nota.

La Fiscalía abre diligencias para investigar el acoso y las coacciones a los policías nacionales y guardias civiles

En relación al acoso que están sufriendo los policías nacionales y los guardias civiles desplegados en Cataluña, Interior va a centralizar todas las actuaciones jurídicas para intentar frenar “estos ataques intolerables” con la creación de un gabinete jurídico específico al que trasladar todas las denuncias, tanto por inacción de los Mossos como por las coacciones a los agentes.

En este contexto se enmarcan las diligencias de investigación que la Fiscalía de Barcelona ordenó abrir el miércoles, y que ya ha asumido el fiscal de delitos de odio y discriminación, para perseguir los ataques a los policías nacionales y guardias civiles por ser presuntamente constitutivos de delitos de amenazas y coacciones. “Esta actuación es esencial para proteger jurídicamente a los agentes y, mucho más relevante, para que esas ‘cacerías al policía/guardia civil’ no queden impunes”, sostienen las organizaciones profesionales, que han pedido que esta protección se extienda a los hijos y a las parejas de los agentes por la discriminación que en muchos casos están sufriendo en su vida cotidiana.

Equiparación salarial… si hay Presupuestos en 2018

Durante la reunión, Juan Ignacio Zoido ha anunciado “mejoras” en relación con la equiparación salarial con otros cuerpos policiales que las fuerzas de seguridad del Estado vienen reclamando, aunque la condición que ha puesto el ministro para que ello pueda concretarse es que el Gobierno pueda aprobar los Presupuestos Generales para 2018. El titular de Interior no ha ofrecido más detalles al respecto.

“Nosotros le hemos dejado claro que exigimos que el Gobierno esté a la altura de la relevancia de este momento histórico y del papel clave que policías nacionales y guardias civiles asumen, y que vamos a trabajar sin descanso y en todos los frentes para que los partidos políticos que puedan apoyar esos Presupuestos se retraten y hagan cuanto esté en su mano para que podamos eliminar, de una vez y con carácter inmediato, esa injusticia salarial”, señalan.

A lo que sí se ha comprometido ya el ministro es a que se abone con carácter urgente la productividad que percibirán los policías nacionales y guardias civiles por participar en el despliegue de Cataluña. “El ministro nos ha impartido instrucciones muy claras para que el desembolso se ejecute el 5 de octubre”, añadieron.