La Generalitat ha enviado mediante un burofax sus alegaciones a la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno, justo antes de que su cumpliera el plazo para este trámite, que expiraba a las diez de la mañana de hoy, han confirmado a EFE fuentes del Senado. El Govern ha decidido remitir mediante burofax el documento con las alegaciones en vez de presentarlo en el registro de la Cámara, donde después de las diez de la mañana no tenían constancia de que hubiera entrado ningún documento procedente de la Generalitat.

No obstante, las fuentes han explicado después que las alegaciones sí han llegado por la otra vía, y dentro del plazo establecido por la comisión encargada de tramitar en el Senado las medidas del 155. En este burofax deja claro que delega su representación de esta tarde en el delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado Miquel Angel Estradé y Josep Lluís Cleries.

La Generalitat ha acusado en estas alegaciones al Gobierno de haber «sobrepasado ampliamente» y «sin justificación» los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista. A juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, «despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones».

Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que el presidente del Gobierno vaya a asumir la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de «la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto». Por ello, considera que si el Senado autoriza las medidas, «estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio» respecto al objeto del requerimiento previo que el Gobierno hizo a la Generalitat al activar el 155.

También interpreta que existe «una clara falta de congruencia» respecto de ese requerimiento y «con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat». En consecuencia, la Generalitat considera que ha habido una «patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución».

Según informa La Vanguardia, el Govern ha mantenido contactos con Moncloa, en los que habría asegurado que abandonaría la idea de declarar la DUI a cambio de cuatro condiciones. Tal y como asegura la periodista Lola García, el president de la Generalitat habría solicitado que no se aplicase el artículo 155, la liberación inmediata de los líderes de la ANC, Jordi Sánches, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; que controle a la Fiscalía General del Estado en sus actuaciones con los dirigentes independentistas y que se retiren las fuerzas del estado que se encuentran desplegadas en Cataluña desde el 1 de octubre.

Reunión del Parlament

La reunión convocada este miércoles en el Palau de la Generalitat por el presidente Carles Puigdemont se extendió durante más de siete horas. Sin acuerdo sobre la respuesta al artículo 155 ni sobre la fórmula de proclamación de la independencia o los pasos a dar posteriormente. Los contactos continuarán el jueves por la mañana.

Los primeros miembros del sanedrín convocado, en el que se incluía el Govern en pleno, representantes del grupo parlamentario de Junts pel Sí, de las entidades soberanistas Òmnium y ANC y el ex presidente Artur Mas comenzaron a abandonar el Palau a las 2 de la madrugada. La reunión había comenzado a las siete de la tarde. No estuvo presente la CUP.

Durante ese período de tiempo, se debatieron las distintas estrategias a seguir en el decisivo pleno convocado para la tarde de este jueves. Antes del inicio de la reunión, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, había asegurado en declaraciones a la agencia norteamericana Associated Press que el gobierno de España «no deja otra opción» al independentismo que proclamar la república esta misma semana, antes de que se aplique el artículo 155.

Durante todo el miércoles se había especulado con la posible dimisión de miembros del Gabinete que se oponen a la DUI, como el consejero de Empresa Santi Vila, y la de Gobernación, Meritxell Borràs. Tanto el consejero de Salud Toni Comín como el de Justicia, Carles Mundó, también han sido situados en el alambre de la dimisión, aunque ambos lo han desmentido públicamente.

La de Vila se ha dado incluso por confirmada sobre las 10 de la noche, aunque sus portavoces se han afanado en desmentirla.

En un principio, el pleno del Parlament estaba previsto para las 10 de la mañana de este jueves, con la previsión de suspenderlo a mediodía si Puigdemont finalmente decidía comparecer ante el Senado por la tarde. El presidente de la Generalitat ha rechazado esa invitación, y ha asegurado a través de los redes sociales que ya no cabe «perder el tiempo» con aquellos que «ya han decidido arrasar con el autogobierno de Cataluña».

Este martes, además, Junts pel Sí distribuyó un argumentario interno entre sus 62 diputados en el que se aseguraba que el pleno del jueves estaba convocado con el objetivo de la proclamación de la República Catalana, pese a que el único punto en el orden del día sea el debate sobre la aplicación del artículo 155 y sus efectos.

Reunión de grupo

Antes del encuentro en el Palau de la Generalitat, el grupo de JxSí en el Parlament había mantenido este miércoles una reunión en que se han reiterado en declarar la independencia de Cataluña, algo que el presidente del grupo, Lluís Corominas, y la portavoz, Marta Rovira, trasladarán al presidente del Govern, Carles Puigdemont, han explicado fuentes asistentes al encuentro.

La reunión ha comenzado pasadas las 15.00 en la sala de grupos de la Cámara, ha durado dos horas y media, y han participado la mayoría de los 62 diputados de JxSí y dos consellers: Josep Rull y Toni Comín.

Las mismas fuentes han explicado que no se ha hablado de elecciones de ningún tipo y que algunos han defendido no votar la declaración de independencia en el pleno que comienza este jueves, mientras otros han apostado por votar –a través de propuestas de resolución– «los efectos de esa declaración», es decir, la puesta en marcha de la ley de transitoriedad y de un proceso constituyente.