La Audiencia Nacional ha requerido al Canal de Isabel II que aporte a la causa el informe de valoración de Emissao según el cual el valor de esta empresa brasileña sería superior a los 21,4 millones de euros que pagó el gobierno de Ignacio González por su adquisición en noviembre 2013.

El magistrado Fernando Andreu (que acordó estas diligencias por encontrarse de guardia) explica en un auto al que ha tenido acceso Europa Press que de cara a lograr «el esclarecimiento de los hechos» se requiere al Canal esta documentación a la que se hace referencia en las cuentas anuales del organismo del ejercicio 2016 y que vendría a reflejar un valor del 30 por ciento superior a su precio de venta.

El juez accede a la petición de las defensas y requiere igualmente al Canal las cuentas anuales consolidadas (balances, memoria e informes de gestión) relativas a los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016 de Canal Gestión y Canal Extensia. El informe sobre la compra de la brasileña viene a oponerse a la versión mantenida por el juez que comenzó instruyendo la causa, Eloy Velasco, de que la operativa estuvo repleta de «irregularidades» y que mediaron en ella «comisiones prohibidas», según lo expuso en el auto por el cual acordó el ingreso en prisión provisional para el expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la trama, Ignacio González.

El Canal de Isabel II compró la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes en noviembre de 2013 por 30 millones de dólares (21,4 millones de euros) a través de dos pagos dirigidos a un banco suizo y otro en un banco carioca Bradesco, el primer pago de 20 millones, el segundo de 5 millones y el tercero de 4,8 millones de dólares.

Irregularidades en el Canal

El actual magistrado instructor, Manuel García Castellón, investiga las presuntas irregularidades cometidas en la empresa pública madrileña durante el gobierno de Ignacio González que es el único de todos los imputados en la causa que permanece en prisión tras su ingreso el pasado 21 de abril por presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación, blanqueo, fraude y falsificación documental.

Su defensa ha vuelto a recurrir esta semana su encarcelamiento alegando que, transcurridos seis meses, ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. El nuevo recurso de González coincide con la finalización de las comparecencias de los más de 60 investigados en la trama que lideraba el exdirigente del PP madrileño, a la espera de que la Fiscalía Anticorrupción estudie toda la documentación de la que dispone por si viera necesario imputar a otros presuntos responsables.