El comisario ya jubilado José Manuel Villarejo y el comisario en activo Carlos Salamanca han ingresado en la misma cárcel madrileña en la que están internados Oriol Junqueras y otros siete ex consellers que formaban parte del Gobierno de Carles Puigdemont, con los que no podrán coincidir en ninguna dependencia del centro penitenciario al encontrarse en un módulo especial: el reservado a los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Fuentes penitenciarias han confirmado a El Independiente que Villarejo y Salamanca llegaron pasadas las 00 horas de este domingo a la prisión de Estremera, en la que se encuentran desde el pasado día 2 el ex vicepresidente de la Generalitat y los ex consejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Meritxel Borràs, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Carles Mundó. Existe otro punto en común: la causa en la que han sido imputados los mandos policiales -el primero ya jubilado desde el verano de 2016- la instruye la misma magistrada de la Audiencia Nacional (Carmen Lamela) que investiga a los antiguos miembros del Govern por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos.

Las fuentes dijeron que Villarejo y Salamanca no podrán coincidir físicamente en ningún momento con Junqueras y los ex consellers, al ocupar celda en un módulo específico por razones de seguridad para los integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Este área de Estremera cuenta con gimnasio, sala de lectura y taller para manualidades.

Villarejo y Salamanca ocupan celda en el módulo que la cárcel de Estremera tiene para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

José Manuel Villarejo y Carlos Salamanca son dos de los siete detenidos en el marco de la Operación Tándem, que, coordinada por la Fiscalía Anticorrupción bajo autorización del Juzgado Central de Intrucción 3 de la Audiencia Nacional, trata de determinar si se valieron de sus cargos policiales para prestar “servicios de inteligencia” y facilitar la “entrada ilegal de ciudadanos no comunitarios” en España a cambio de “elevadas sumas de dinero y regalos suntuarios diversos”. El tercer investigado para el que la juez Lamela decretó este domingo prisión incondicional es Rafael Redondo, abogado y socio de Villarejo.

El resto de detenidos en esta redada fueron Gemma Alcalá Garcés, esposa de José Manuel Villarejo; su hijo, José Manuel Villarejo Gil; un hijo del comisario Salamanca, y Juan Carlos Escribano, administrador solidario de la empresa malagueña Cenyt Salud SL. Todos quedaron en libertad con cargos tras comparecer este domingo ante la instructora.

De otro lado, la Policía Nacional ha suspendido provisionalmente de sus funciones al comisario Carlos Salamanca, adscrito actualmente a la Comisaría General de Extranjería tras haber estado al frente de la comisaría de Policía del aeropuerto internacional Madrid-Barajas. Está acusado de la posible comisión de delitos de cohecho, blanqueo de capitales, organización criminal y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

La Policía suspende provisionalmente al comisario en activo Carlos Salamanca, uno de los tres detenidos en la ‘Operación Tándem’

Fuentes policiales han confirmado a este diario la apertura de expediente disciplinaria por la posible comisión de faltas tipificadas muy graves en el régimen disciplinario del Cuerpo, regulado en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su artículo 28.6, la norma prevé que, iniciado un procedimiento penal o disciplinario, “se podrá acordar la suspensión provisional por la autoridad competente para ordenar la incoación del expediente administrativo”.

La citada ley establece que la apertura de una causa penal contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad no impide la incoación de expedientes disciplinarios, si bien la resolución definitiva de éstos sólo podrán producirse cuando la sentencia recaída en el ámbito penal sea firme. Hasta ese momento podrán prolongarse las medidas cautelares.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción, con la Operación Tándem se ha desmantelado una organización criminal cuyo principal objetivo es la “reintroducción en España, y otros países de la Unión Europea, de fondos procedentes de actividades ilícitas vinculadas a la corrupción internacional en los negocios”.