Artur Mas se resigna a que le embarguen su patrimonio ante la dificultad para terminar de reunir la fianza solidaria de 5,25 millones de euros que el Tribunal de Cuentas le impuso de forma preventiva mientras determina si incurrió en responsabilidad contable por disponer de fondos de la Generalitat para la consulta del 9-N (2014), suspendida por el Tribunal Constitucional. El ex president, inhabilitado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a dos años en marzo de 2017 por la comisión de un delito de desobediencia, ve cómo avanza el reloj y sólo se ha depositado el 46% de la cantidad a afianzar.

Mas, la ex vicepresidenta Joana Ortega, los ex consellers Irene Rigau y Francesc Homs, y otros cinco altos cargos de la Generalitat (Josefina Valls, Jaume Domingo, Lluís Bertrán, Jordi Vilajoana e Ignasi Genovés) tienen hasta este jueves para ingresar en la cuenta de depósitos del Tribunal de Cuentas los 2,8 millones de euros que faltan para atender la liquidación provisional practicada por el máximo órgano fiscalizador de las administraciones públicas (5.251.948 euros) tras la denuncia interpuesta por Sociedad Civil Catalana, la Asociación Cívica y Cultural y Abogados Catalanes por la Constitución el pasado 17 de mayo.

El ex presidente de la Generalitat de Cataluña depositó 2,2 millones de euros el pasado 16 de octubre merced a la caja de resistencia promovida por las asociaciones soberanistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cuyos presidentes –Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente- se encuentran en prisión preventiva desde el pasado 16 de octubre por la presunta comisión de un delito de sedición.

El ex ‘president’ y tres ex ‘consellers’ tienen hasta este jueves para reunir 2,8 de los 5,2 millones que le impusieron por el 9-N

Aquel día, Mas presentó también un escrito para que le concedieran 15 días más de margen, ante la imposibilidad de reunir el dinero en el plazo inicialmente otorgado. El Tribunal de Cuentas accedió y el ex president y el resto de los ex altos cargos a los que alcanza el procedimiento disponen hasta el 16 de noviembre para completar el dinero si no quieren que les sean bloqueados sus bienes para cubrir la cantidad que falte.

En caso de que se cumpla el plazo y no se haya depositado la fianza en su totalidad, el delegado instructor del procedimiento dictará providencia de embargo preventivo, medida cautelar que traba el patrimonio del presunto responsable hasta que el proceso jurisdiccional concluya mediante una resolución definitiva. Es en ese caso cuando el embargo se hace efectivo o se cancela.

En los últimos días, el sucesor de Jordi Pujol al frente de la Generalitat ha hecho un llamamiento a la desesperada para que los ciudadanos partidarios de la consulta contribuyan a fin de reunir todo el dinero y evitar el embargo de sus bienes. «Con un poco de generosidad de todos los que fueron a votar aquel noviembre de 2014, el problema podría quedar resuelto», dijo Mas el pasado jueves en declaraciones a 8TV. Y añadió: «Es mucho dinero. Estamos viendo cómo lo hacemos. Algunos de nosotros ya tenemos los pisos tasados ​​y valorados, y si no queda más remedio los tendremos que poner como fianza e incluso ni así llegaremos».

Mas ha hecho un llamamiento desesperado para evitar que le embarguen su vivienda, de 230.000 euros, y terminada de pagar en 2008

A fecha de julio de 2015, cuando difundió públicamente por última vez ve su patrimonio, el entonces jefe del Ejecutivo catalán aseguraba tener un presupuesto de 605.517 euros. En concreto, una vivienda valorada en 230.874 euros -el inmueble fue adquirido en 1991 y terminado de pagar en 2008-, 110.000 euros en saldos y depósitos bancarios, 51.543 euros invertidos en Bolsa y 213.100 euros en planes de pensiones y de ahorro a largo plazo.

En su calidad de ex presidente, Artur Mas percibe una cantidad equivalente al 80% del sueldo del jefe del Ejecutivo catalán. Si la retribución anual de éste asciende a 139.585,67 euros, el antecesor de Carles Puigdemont en el Palau de la Generalitat cobra 111.668,53 euros.

Por su parte, Joana Ortega declaraba entonces una vivienda valorada en 82.852 euros y cuentas bancarias y acciones por 2.408 euros, mientras que Irene Rigau tenía un inmueble de 11.060 euros y 171.613 entre saldos bancarios, acciones y planes de pensiones. Francecs Homs consignó en su última declaración de bienes (febrero de 2016) 14.632 euros en bancos y el 50% de una vivienda en Barcelona para la que solicitó un crédito hipotecario de 165.000 euros, de los que ya había amortizado entonces 87.652 euros.

Compra de portátiles

Tomando como referencia las cantidades declaradas hace dos años, antes de que fueran inhabilitados por desobediencia, el patrimonio conjunto de Mas, Ortega, Rigau y Homs sumaba unos 875.000 euros. Esa cantidad cubre apenas el 16% del importe de la fianza.

Desglosada ésta, el mayor importe (3.044.399,09 euros, entre principal e intereses) corresponde a la compra de ordenadores portátiles para su utilización en las mesas de votación. Le siguieron los gastos derivados de la campaña de publicidad institucional (876.560,63), la elaboración del soporte informático necesario para la consulta (759.470,76), el envío de información (334.755,47), el centro de prensa para la cobertura informativa (156.793,23), la fabricación y transporte del material electoral (54.694,92), el contrato para la producción de la campaña informativa del proceso de participación ciudadana (23.661,71), la contratación del seguro que cubría a los voluntarios (1.531,87) y el registro de una web institucional (80,49).

Artur Mas es presunto responsable del total fijado, mientras que el resto de los ex altos cargos alcanzados por el procedimiento abierto por el Tribunal de Cuentas tienen que responder por algunas de las partidas antes detalladas.