El juez que investiga en el Supremo el procés hacia la declaración unilateral de independencia en Cataluña, Pablo Llarena, ha pedido a la Guardia Civil todas sus diligencias de investigación sobre este asunto y la ha designado policía judicial a sus órdenes. La decisión es un paso más del magistrado para hacerse con todos los sumarios de este caso abiertos en distintos tribunales.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe el magistrado del Supremo designa a la Unidad de Policía Judicial de la 7ª Zona de la Guardia Civil, Cataluña, para practicar las diligencias de investigación correspondientes al presente proceso.

Además, les reclama informe sobre el contenido básico de las indagaciones que puedan haberse abordado, respecto de los hechos de susceptible naturaleza penal, en el llamado Proceso para la Independencia de Cataluña.

Llarena pidió ayer otro informe a la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela como paso previo antes de asumir la causa que se sigue contra exmiembros del Govern de Cataluña y los responsables de ANC y Òmnium en la Audiencia Nacional.

Este juez investiga en el Supremo el ‘procés’ hacia la declaración unilateral de independencia de Cataluña en lo que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y otros miembros de la Mesa del legislativo autonómico. En ese contexto, ha interrogado a esos imputados y los ha dejado en libertad bajo fianza.

La juez de la Audiencia Nacional, por su lado, sigue la misma causa contra exmiembros del Govern, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras, y contra responsables de las organizaciones independentistas ANC y Òmnium, para quienes ordenó prisión preventiva sin fianza.

Esa es la principal cuestión en torno a la cual, a efectos inmediatos al menos, gira la decisión del juez del Supremo de acumular en sus manos las dos causas, también en lo relativo a los ex miembros del Govern: podría dejarlos en libertad bajo fianza, como ha hecho con Forcadell y otros, a diferencia de los decido por Lamela. Llarena ha pedido además al Tribunal Constitucional y al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña diligencias sobre este caso.