Política LA INSTRUCCIÓN DEL 'CASO LEZO'

López Madrid pide que declare el detective que contrató Ignacio González en busca de micrófonos

Javier López Madrid, dirigiéndose a la Audiencia Nacional.

Javier López Madrid, dirigiéndose a la Audiencia Nacional.

El empresario Javier López Madrid ha pedido al juez que instruye el caso Lezo que cite a declarar como testigo al detective privado que contrató el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González para que averiguara si le habían instalado micrófonos ocultos en su despacho profesional, como así terminó descubriéndose. El contenido de esas escuchas ha arrojado indicios de gran relevancia sobre las presuntas irregularidades que se dilucidan en este procedimiento.

El yerno de Villar Mir es uno de los más de 60 investigados en la causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. En concreto, la acusación que pesa sobre López Madrid es el supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros a González por la adjudicación a la empresa OHL -cuyo consejo se vio forzado a abandonar tras su detención el pasado 22 de abril en el marco de la Operación Lezo– del contrato para la construcción y posterior concesión de la línea de ferrocarril entre Móstoles y Navalcarnero en 2007.

En el escrito, fechado este lunes y al que ha tenido acceso El Independiente, López Madrid pide la declaración testifical del director general de la agencia de detectives Grupo Novo para que explique el encargo que Ignacio González le hizo en los años 2016 y 2017, cuando éste ya sabría que estaba siendo investigado por su gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Este profesional habría descubierto un aparato de escucha oculto en el despacho del ex mandatario, al que aconsejó que no lo retirara por estar bajo autorización judicial.

El yerno de Villar Mir defiende que el ex presidente madrileño habría «acomodado su discurso» al saber que las conversaciones en su despacho estaban siendo interceptadas

El imputado se basa en sendos artículos periodísticos que El País y El Mundo publicaron el pasado mes de mayo en los que informaban de que el ex presidente madrileño había cambiado la cerradura de la puerta al saber que le habían colocado micrófonos en su despacho y que conocía al menos desde octubre que la Guardia Civil le escuchaba. «No consta que la veracidad de las informaciones contenidas en ambos artículos haya sido cuestionada por ninguna de las personas o entidades que en ellos son mencionadas», expone en el escrito.

La defensa de López Madrid, dirigida por el abogado José Merino, considera que esos artículos han permitido conocer datos «de singular relevancia en la investigación» a los que no se le ha dado la suficiente importancia hasta ahora, máxime si se tiene en cuenta que la llamada al procedimiento en calidad de investigado de su representado deriva «en buena parte» de las conversaciones captadas en el despacho profesional del antecesor de Cristina Cifuentes en el Gobierno regional.

«Las informaciones publicadas en los artículos periodísticos que ahora adjuntamos ponen en tela de juicio la expectativa de confidencialidad con la que, se suponía, el Sr. González mantenía esas conversaciones objeto de captación. Hasta el momento, la instrucción y las conclusiones manejadas por la Fiscalía y por la fuerza investigadora han partido de esta premisa», indica.

Ignacio González encargó un «barrido completo» a un detective privado, que descubrió que había micrófonos ocultos en la estancia y que le aconsejó que no los retirara

Esta parte considera que si se confirmase «la certeza» de que Ignacio González era conocedor de la existencia de micrófonos ocultos en su despacho profesional, lo que explicaría que hubiera contratado los servicios de la citada agencia de detectives para que llevara a cabo un ‘barrido completo’ en busca de aparatos de escucha, las conversaciones captadas a partir del 5 de octubre de 2016 -fecha del encargo del trabajo a Grupo Nova- pasarían a «albergar un alcance muy diverso del atribuido hasta la fecha».

«Cabe razonablemente pensar, entonces, que los encuentros y conversaciones mantenidos por D. Ignacio González en su despacho a partir de la fecha indicada no estaban presididos por la perspectiva de privacidad o reserva. Antes al contrario, sabedor de que los diálogos desarrollados en su oficina eran objeto de captación, es lógico presumir que el Sr. González acomodase su discurso a ese contexto y a la presencia de oyentes remotos», argumenta.

El abogado de López Madrid asegura que, «lejos de parecer insensata», esa sospecha «se concilia bien con el contenido de algunas de las escuchas que han trascendido», por cuanto las conversaciones captadas a partir de octubre de 2016 «son profusas en datos, nombres, detalles e imputaciones variadas de conductas, rasgo ausente en las mantenidas antes de esa fecha».

López Madrid considera «imprescindible» aclarar este episodio, por lo que pide al instructor del caso Lezo que cite al director general de la citada agencia de detectives a fin de que desvele el contenido del encargo realizado por el ex presidente de la Comunidad de Madrid, las fechas en las que lo llevó a cabo y el resultado que arrojó el mismo.

También solicita que el testigo aporte al juzgado el libro-registro de dicha agencia de detectives debidamente diligenciado por la Jefatura Superior de Policía de Madrid para que se incorpore a la causa y una copia de los informes realizados a encargo de Ignacio González.

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