Se ha movido toda su vida entre números y finanzas. En 1981, en calidad de consejero de Hacienda vasco, negoció con el Gobierno de España la reinstauración del Concierto y Cupo vasco en Vizcaya y Guipúzcoa. Herramientas que hoy defiende con ahínco liderando una comunidad civil en su defensa y divulgación. Pedro Luis Uriarte alcanzó después las cotas más altas de la banca española como consejero delegado del BBVA.

Hoy, a sus 74 años, continúa asesorando a grandes empresas. Ha vivido a miles de kilómetros de distancia la aprobación de las nuevas leyes de Concierto y Cupo para el periodo 2017-21 y el incendio posterior en el debate de financiación autonómica abierto en España. Uriarte dice comprender y compartir el malestar expresado por muchas comunidades autónomas por el modelo de financiación del que dependen, “es opaco, no se sabe quién paga ni quién recibe ni en qué cantidad ni el destino de los fondos”.

Por eso defiende fijarse en el modelo de relación financiera vasco y navarro con el Estado -Concierto y Convenio- que cree viable trasladar al resto del Estado: “Tendría complejidades técnicas pero superables”. Una propuesta que debería ir acompañada de un mecanismo que garantice el principio de solidaridad, “de modo transparente, bien definido y bien orientado”.

Pregunta.- El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, plantea crear una Hacienda propia para Catalunya, ¿sería viable?
Respuesta.- A Catalunya se le ofreció un Concierto Económico en el verano de 1980 en mi presencia y rechazó esa posibilidad. Posteriormente, en el año 2012, el president Mas reclamó a Mariano Rajoy, un “pacto fiscal” y esa posibilidad la rechazó el Presidente del Gobierno. Por lo tanto, ésta es una cuestión que lleva sobre la mesa casi cuatro décadas. Esa hipotética Hacienda sería totalmente viable, desde una prospectiva técnica, como lo es la vasca. Es cierto que tendría que soportar un elevadísimo nivel de endeudamiento y que en estos momentos la calificación de la deuda catalana, sin la protección del Estado, es de “bono basura”, lo cual significaría que tendría que soportar una fuerte carga inicial de intereses. Pero eso, con una buena gestión, podría irse atemperando a lo largo del tiempo.

P.- ¿La creación de 17 haciendas autonómicas perjudicaría la recaudación del Estado?
R.- Por supuesto que no. Hay que suponer que los técnicos de las distintas Haciendas territoriales podrían tener, perfectamente, la misma cualificación que los estatales. Entre otras cosas, porque se tendría que producir un proceso de transferencia de medios materiales y humanos, desde la administración del Estado a la de las Comunidades Autónomas. No creo que haya nadie que pueda decir, y menos demostrar, que los técnicos de Hacienda de las cuatro Haciendas Forales tienen menos cualificación técnica que los equivalentes estatales. Eso sería perfectamente aplicable a las Haciendas autonómicas.

P.- ¿Sería un disparate plantear un concierto andaluz, un concierto extremeño o riojano?
R.- No solamente no sería un disparate, sino que podría ser conveniente, en mi modesta opinión. Obviamente, la extensión de un Concierto Económico a estas y a todas las Comunidades Autónomas de régimen común tendría complejidades técnicas que juzgo superables. Además requeriría establecer, en paralelo, un mecanismo para garantizar el principio de solidaridad. Debe ser transparente, bien definido y bien orientado. En estos momentos, es algo que se echa en falta.

P.- ¿La extensión del Concierto Económico a las 17 Comunidades Autónomas no significaría la quiebra del Estado?
R.- Rotundamente no. El sistema de Cupo lo que conlleva es que el País Vasco aporta al sostenimiento de todos los gastos del Estado no transferidos a la Comunidad Autónoma Vasca en base al peso de su PIB sobre el estatal. Por lo tanto, si se extendiera este mismo principio a la totalidad de las Comunidades Autónomas, es obvio que, sumando el peso del PIB de las 17 Comunidades Autónomas sobre el PIB estatal, dará el 100% del mismo. En otras palabras, el Estado tendría cubierta la totalidad de los gastos que incluya en su Presupuesto por la aportación de las 17 Comunidades Autónomas. Otra cosa es que este modelo perjudicase, por ejemplo, a aquellas Comunidades Autónomas que en estos momentos están recibiendo más recursos del Estado, con el actual modelo de financiación común, que lo que recibirían recaudando ellas la totalidad de sus impuestos. Esto se corregiría con un adecuado y potente mecanismo de solidaridad, con las características que antes he definido.

Hay 15 comunidades autónomas soportando un modelo de financiación pésimo”.

P.- Si fuera ministro, ¿qué es lo que revisaría en el rediseño de un sistema de financiación autonómica?
R.- Como nunca voy a ser ministro, ni quiero serlo… Lo resumo en tres ideas. Primera, es absolutamente necesario elevar el actual nivel de corresponsabilidad fiscal de todas las Comunidades Autónomas. Segunda, no debe haber discordancia entre capacidades de gestión de gasto público y de ingresos públicos. Tercera, hay que establecer ya el “principio de ordinalidad” que caracteriza, por ejemplo, el sistema de financiación alemán. Según este principio, una Comunidad Autónoma que ocupe determinada posición en el ranking de ingresos fiscales per cápita no pueda situarse por debajo de esa posición en el de gasto público per cápita. Y, cuarta, hay que poner en marcha un modelo de solidaridad, no de donativos, que responda a las características que he señalado anteriormente.

P.- El modelo de relación financiera-tributaria del Concierto Económico vasco, ¿podría extenderse a otras comunidades autónomas?
R.- Desde una perspectiva técnica, sí. Lo prueba el hecho de que Bizkaia y Gipuzkoa, que tienen una economía más compleja y un tamaño de la misma que supera al de varias Comunidades Autónomas, pusieron en marcha sus Haciendas Forales el 1 de junio de 1981, tras 43 años de haberlo perdido. Sin embargo, hoy -y subrayo esa palabra- existen problemas políticos que lo impiden, así como una interpretación del Tribunal Constitucional de la Disposición Adicional Primera de la Constitución. En 1987, el alto Tribunal determinó que los Derechos Históricos de los Territorios Forales. que “ampara y respeta” la Constitución, se ciñen exclusivamente a los de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Navarra. Y, dentro de ellos, los más destacados son el Concierto vasco y su hermano gemelo, el Convenio navarro.

P.- ¿Soportarían todas las regiones españolas el sistema de “riesgo unilateral”?
R.- Sería positivo que hicieran el ejercicio de soportarlo, siempre protegidas, en el caso de las de menor renta, por un sistema que garantice la solidaridad, bien instrumentado y dotado adecuadamente.

P.- La deficiente situación financiera autonómica, ¿es responsabilidad de la mala gestión de los gobiernos autonómicos?
R.- No hay que generalizar. La gestión de algunos gobiernos autonómicos, en condiciones muy difíciles, ha sido la adecuada y, en algún caso, muy buena. En otros territorios, en cambio, se han apreciado no sólo déficits graves de gestión, sino además casos intolerables de corrupción.

P.- ¿Ha habido un exceso de protección por parte del Estado?
R.- Un exceso de protección del Estado es siempre negativo. Lo grave ha sido el modelo aplicado. Lo demuestra que, para paliar las deficiencias de ese sistema de financiación tan malo, el Estado les haya tenido que prestar más de 200.000 millones de euros. El que haya una concordancia total entre gasto público e ingresos fiscales es fundamental, porque el que gasta tiene que tener sobre su cabeza el coste político que supone toda recaudación de impuestos. Gastar sin pagar ese precio político y social se traduce, como se ha visto en algunos casos, en situaciones muy negativas.

Las comunidades autónomas deben 216.380 millones de euros al Estado al Estado y no podrán pagar.”

P.- ¿Existe un problema tributario en España que complica su financiación? ¿Se pagan suficientes tributos y del modo adecuado?
R.- No sé si existe un problema tributario, pero sí existe una realidad muy negativa, si tomamos la referencia comparativa de los países de la OCDE: la presión efectiva real en España es baja y mucho menor de la que debería ser. Y esto no es debido a que existan tipos nominales bajos o algunos “oasis fiscales”, por calificarlos suavemente, como es en estos momentos, la Comunidad Autónoma de Madrid, sino que es directa consecuencia de que la economía sumergida es demasiado elevada en España. Es un problema que no se ha podido o querido resolver y que está erosionando fuertemente las cuentas públicas. No es aceptable que España tenga los déficits públicos más altos de la Unión Europea, después de Grecia.

P.- La tan traída solidaridad entre comunidades autónomas, ¿cómo debería medirse?
R.- El establecimiento de un mecanismo potente de solidaridad entre las Comunidades Autónomas es absolutamente necesario. El que existe actualmente es muy malo: es opaco, no se sabe quién paga y quién recibe, ni en qué cantidad, ni tampoco se sabe el destino de estos fondos. De hecho, el desarrollo de esos mecanismos de solidaridad, desde el año 1980, cuando aprueba la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas, ha dado resultados extremadamente pobres.

P.- ¿Cómo debería ser ese futuro esquema de solidaridad autonómico?

R.- Ante todo, además de suficiente, tendría que ser transparente. Es decir, debería quedar absolutamente claro quién paga y quién recibe, y en qué cuantía. En segundo lugar, habría que establecer claramente para qué son esos recursos, exclusivamente para garantizar los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad y ayudas sociales. Además, debería existir un control estricto del destino de esos recursos. En cuarto lugar, debería valorarse si las cantidades recibidas en concepto de solidaridad están cumpliendo con sus fines, porque es muy importante dejar claro que solidaridad no equivale a donativo y que, además, no puede, ni debe ser perpetua.

P.- ¿Aportan poco a la solidaridad el País Vasco y Navarra?
R.- Aportan lo que deben. Si es poco, eso es una responsabilidad del Estado, no de las Comunidades Forales. Su aportación al Fondo de Compensación Interterritorial, si es pequeña, es porque el Estado lo ha decidido así en su propio Presupuesto.

El cálculo del Cupo es muchos más transparente y claro que el modelo de financiación autonómico”

P- Cuando escucha que el cálculo del Cupo no es transparente, ¿qué piensa? ¿Están las cuentas claras? Hay quien incluso habla de apaño económico…
R.- Personalmente considero que el cálculo del Cupo no solamente es transparente y claro, sino muchísimo más transparente y claro que el actual modelo de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Y eso no es ceguera mía.

P.- Pero ¿no cree que del Concierto se podría decir algo parecido?
R.- Pues no. Está vigente en España desde el 28 de febrero de 1878, es decir, está a punto de cumplir la bonita edad de 140 años. Sería impensable que un modelo que tuviera las características negativas que se le han atribuido en el alboroto tumultuario que ha padecido las últimas semanas hubiera persistido durante tantos años, y en tan diferentes coyunturas políticas, si no tuviera una base conceptual sólida y respondiera a criterios de justicia y de equidad. Responde a la realidad de España, a su historia y a su Constitución, aunque eso lo acepten sus críticos.

P.- Las acusaciones de privilegio e insolidaridad se han escuchado estos días contra el modelo vasco. Los recelos entre autonomías, ¿están justificados?

R.- Está justificado un malestar generalizado, porque el 94% de la población española que vive en las 15 Comunidades Autónomas de régimen común está soportando un modelo de financiación pésimo, que ha tenido consecuencias tremendamente negativas para la financiación de los servicios públicos fundamentales. Me refiero, especialmente, a la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales de la gran mayoría de la población española.

P.- Por tanto, comprende el malestar generado en otras comunidades autonómicas…
R.- Por supuesto, no solamente lo comprendo, sino que lo comparto. En conjunto, esas 15 Comunidades Autónomas tienen por delante el desafío de resolver un problema financiero de singular magnitud: en estos momentos deben al Estado 216.380 millones de euros. Y es obvio que esa cifra mastodóntica no van a poder pagarla. Por lo tanto, el nuevo modelo de financiación que se apruebe algún día, y deseo que sea pronto, no solo tendrá que contemplar una mayor dotación de recursos, cuestión imperativa en la España de 2017, sino también producir quitas muy significativas, o totales, en las deudas con el Estado. Al menos deberían eliminarse, perdonarse, las deudas contraídas por aquellas Comunidades que hayan tenido un comportamiento financiero ortodoxo, en los años que ha cubierto el actual sistema de financiación.

Las haciendas territoriales serían viables, sólo habría que hacer una transferencia de medios

P.- ¿Deberían mirar más a su gestión y al Gobierno de España que a la singularidad vasca o navarra como las culpables de sus males económicos?
R.- La Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra no tienen que ver absolutamente nada en los males económicos de las Comunidades Autónomas de régimen común. El sistema foral y el sistema común son independientes y entre ellos no existen vasos comunicantes. Por lo tanto, lo que se dejará de pagar por Cupo no afecta, en absoluto, al nivel de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común. Todas ellas son financiadas por el Estado, independientemente de los ingresos que este reciba vía Cupo o Aportación navarra. Hay que destacar que esos pagos forales no tienen carácter finalista. Y además, y muy importante, que son un ingreso marginal para el Estado.

P.- El Gobierno vasco insiste en que paga el 6,24% cuando le correspondería menos por población, 4,8% y por PIB, el 6,1%. ¿Realmente Euskadi está pagando más de lo que debe?
R.- Desde una perspectiva exclusivamente técnica sí, por la comparación con las dos referencias que usted apunta. Sin embargo, quiero recordar el establecimiento del porcentaje del 6,24%, -una importante referencia contributiva que yo negocié personalmente con el Ministro de Hacienda, Jaime García de Añoveros, en las semanas finales de 1980 y que se incorporó al Concierto de 1981 y sigue vigente- responde a un pacto. Por lo tanto, no se lo han inventado los vascos ni lo han impuesto. No se trata de decir si se ha pagado más o menos, sino que hay que ser fiel a la palabra dada, ratificada nada menos que en siete Leyes Quinquenales de Cupo, aprobadas por las Cortes Generales.

P.- Pero, el País Vasco ha salido ganado con este sistema de financiación.
R.- No. Me he preocupado de hacer una reliquidación de todas las cantidades pagadas por Cupo desde 1981 con los datos reales del peso del PIB vasco sobre el estatal, de acuerdo con la información que publica el INE. La conclusión es clara: las diferencias de lo que debería haber resultado, aplicando esas cifras estadísticas, la cifra proveniente de la aplicación del 6,24% es prácticamente exacta. Es cierto que, en los primeros años de vigencia del Concierto de 1981, el 6,24% favoreció al País Vasco, pero también es cierto que a lo largo de todo el siglo XXI le está perjudicando. Sumando aquellos menores pagos con los mayores pagos que se hacen ahora, el resultado es prácticamente equilibrado. Será una casualidad, pero es una verdad como un templo.

Es cierto que en los primeros años del Concierto favoreció al País vasco, pero a lo largo del siglo XXI le está perjudicando”

P.- Por cierto, si tuviese que explicar en dos palabras por qué el Cupo vasco no es un privilegio, ¿qué diría?
R.- En primer lugar, no lo es por su origen: el Concierto Económico se implanta, por la fuerza de las armas, con el País Vasco ocupado y sometido a la Ley Marcial. Ningún privilegio se crea a la fuerza. En segundo lugar, la Constitución prohíbe los privilegios y, sin embargo, reconoce los Derechos Históricos que dice “amparar y respetar”. La Constitución no puede amparar ni respetar un privilegio. En tercer lugar, cabe recordar que, en los últimos 37 años, han pasado por el Congreso de los Diputados nada menos que 18 escritos, Proyectos de Ley relacionados con el Concierto Económico -dos Conciertos, siete leyes de Cupo y nueve Disposiciones que modifican el Concierto-.

Los Diputados españoles han emitido 4.978 votos, de los cuales han sido a favor el 87,3% y solamente un 2,3% negativos. Eso sería impensable en algo que constituyera un privilegio. Finalmente, el Concierto está sometido a un intenso control judicial. De hecho, en los últimos 37 años se han producido 452 sentencias en relación con temas relacionados con el Concierto en todas las instancias judiciales de las cuales 15 lo han sido en el Tribunal Constitucional. Y ninguna de ellas es de inconstitucionalidad, lo cual demuestra una vez más que no es un privilegio. Pero, como no hay peor ciego que el que no quiere ver, obviamente esto no lo valoran los críticos del Concierto. Un gravísimo error y una injusticia.

P.- Usted negoció en 1981 la reinstauración del Concierto Económico singular entre Euskadi y el Estado. ¿Cuánto tuvo de recuperación de un mero derecho histórico y cuánto de una disposición a entenderse por ambas partes?
R.- Aquella negociación se inició en mayo de 1980 y terminó el 1 de junio de 1981, con la entrada en vigor del nuevo Concierto. No solo supuso la recuperación de un derecho histórico, pues el Concierto seguía vigente en Álava. Fue más bien una redefinición completa de las relaciones tributarias entre el Estado y el País Vasco. Además, supuso la incorporación de una metodología de Cupo revolucionaria, pues cambió radicalmente todo lo que se había venido haciendo en el más de un siglo de vigencia del Concierto hasta ese momento.

P.- Actualmente ni el contexto, ni la clase política, ni las relaciones entre comunidades son las mismas. Con los recelos muy extendidos… ¿hoy no sería posible?
R.- Yo no sería pesimista, a pesar de la compleja y dura coyuntura política que estamos viviendo. En España existen responsables públicos que pueden calificarse de “hombres o mujeres de Estado”. La política es mudable por naturaleza. Me parece impensable que, en pleno siglo XXI, se pretenda aprobar una Constitución que suponga un retroceso en campos críticos para la estabilidad y el futuro de España. La negociación de 1981 se hizo en un clima político, económico y social durísimo y duró muchos meses. Por lo tanto, no fue un camino de rosas. Pienso que ahora ocurriría lo mismo.

P.- Han pasado 36 años desde que usted participó en la negociación del Cupo y el Concierto. En amplios sectores aún son dos herramientas desconocidas. ¿Cómo se lo explica?
R.- Creo que uno de los problemas de los que adolece el Cupo, y lo estamos padeciendo en estas últimas e intensas semanas, en las que la metodología aprobada en las Cortes Generales ha sido atacada sin piedad, por tierra, mar y aire, es que no se ha llevado una política de comunicación coherente, planificada, extensa y transparente. Y ello, no solamente en lo que se refiere al ámbito de las quince Comunidades Autónomas de régimen común, sino también en el de las dos Comunidades Forales. Porque en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral de Navarra, aunque le parezca a usted increíble, la mayoría de la población desconoce este tema. La política de comunicación, por lo tanto, ha sido un fracaso total que creo debería corregirse de inmediato.