Sepulcros del Museu de Lleida que reclama el Monasterio de Sijena.
El magistrado suplente del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Huesca ha autorizado el uso de la fuerza para llevar a cabo el traslado de los 44 bienes del Monasterio de Sijena pendientes de devolución ante la falta de colaboración del Museo de Lérida para facilitar el proceso.
En un auto dictado este jueves en el que confirma una reciente providencia en la que acuerda la ejecución de la sentencia que obliga a Cataluña a reintegrar las piezas a su ubicación original, el juez autoriza a la Guardia Civil a entrar a partir de la medianoche del próximo día 11 en el museo.
El responsable judicial se apoya en un informe de la Guardia Civil que advierte de la ausencia de colaboración por parte de los responsables de la institución museística de Lérida a colaborar en la ejecución de la sentencia.
La CUP, de hecho, ya ha llamado a sus simpatizantes a presentarse en el museo de la localidad el próximo 11 de diciembre para defenderlo como hicieron con los colegios electorales en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. En una entrevista con la Agencia Catalana de Noticias, la líder antisistema Mireia Boya ha asegurado que "más allá de que te guste o no el arte sacro se puede coger este caso como una bandera de resistencia de lo que está siendo el 155".
Boya ha asegurado que la decisión judicial es un intento más de "humillar a Cataluña" y que supone "robar el arte adquirido legalmente por el Govern". Por ello, ha manifestado, espera a "mucha gente" a las puertas del Museo para cuando la Guardia Civil se persone a ejecutar la orden judicial.
Recurso y críticas al ministro
La nueva providencia del juez de Huesca coincide en el tiempo con la presentación por parte de la Generalitat de un recurso ante este mismo órgano judicial contra la providencia que pone como plazo máximo para el reintegro de las piezas el próximo día 11.
Un recurso del que el Gobierno aragonés responsabiliza al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, como titular de la consejería del ramo de la Generalitat tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En Aragón, en palabras de la consejera de Cultura del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, la autorización del ministro a la presentación del recurso constituye una "insoportable falta de respeto", además de un sometimiento a "los intereses de Cataluña por encima de las decisiones judiciales".
"Deslealtad" y "cobardía" han sido los calificativos utilizados por la responsable política aragonesa para referirse a la posición del ministro en el litigio, tras anunciar días atrás que no iba a recurrir la orden de ejecución de la sentencia.
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