La amenaza de recurso ante el Tribunal Constitucional disuadió, a juicio del Ejecutivo, que el ex presidente de la Generalitat pidiera este miércoles el voto delegado en la sesión constitutiva del Parlamento catalán. Eso es al menos lo que defienden desde Moncloa tras una jornada que ha transcurrido «con cierta normalidad, sin sorpresas» y que, al menos, no ha contribuido a «empeorar la situación», que a estas alturas no es poca cosa.

El Gobierno ha seguido con mucha atención el acto solemne en el Parlamento de Cataluña, que ha elegido a su nuevo presidente, Roger Torrent, de ERC. Este miércoles se ponen en marcha los plazos hacia la investidura, una, al menos, antes del día 31 y luego dos meses más en caso de que ésta resultase fallida. No ha sido necesario poner en marcha ninguno de los recursos preparados, en concreto, si se hubiese admitido el voto delegado de los prófugos de Bruselas, pero no se engañan pensando que el discurso del nuevo presidente del Parlament «arregle las cosas». «Lo que hoy comienza, termina hoy. Vamos a ver qué va pasando», afirman cautas las fuentes gubernamentales.

La amenaza de recurso al TC disuadió a Puigdemont de pedir el voto delegado

En todo caso, se trata de una primera prueba superada. Incluso, el Ejecutivo está convencido de que Carles Puigdemont y los otros cuatro ex consejeros «no han planteado la delegación de voto porque amenazamos con el recurso», lo que supone una primera señal de que se ha tomado buena nota de todo lo que ha pasado hasta hoy, con los miembros del anterior gobierno de la Generalitat y de la mesa del Parlament, que presidía Carme Forcadell, imputada por los gravísimos delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.

Eso sí, alertan que quien ha tomado la decisión sobre el voto delegado de los diputados encarcelados, que no se ha recurrido al TC, «ha sido una mesa de edad en una decisión puramente organizativa» tras acreditar «una circunstancia en base a un dato concreto». Pero defienden en el Ejecutivo que dicha decisión «no puede sentar precedente parlamentario, ni vale para otro día».

Moncloa admite una delegación de voto de carácter permanente para Junqueras

Debe ser la nueva mesa de la Cámara autonómica, con mayoría independentista, la que decida sobre peticiones futuras si Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez en caso de que sigan encarcelados cuando se produzca la sesión parlamentaria de infeste tiesura del que aspire a la presidencia de la Generalitat. Explica Moncloa, partidaria de dar oxígeno a los presos frente a los fugados, que «si se justifica una delegación de carácter permanente por entender que encaja en el derecho reglamentario, puede estar justificado».

Cabe destacar un detalle nada desdeñable. Si el Gobierno hubiera recurrido ante el Constitucional el voto delegado de los encarcelados y este tribunal hubiera sentenciado contra el mismo, habría entrado en colisión con la postura del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que se abría a esta posibilidad cuando denegó a Junqueras un permiso penitenciario para poder acudir a al Parlament. Lo último hubiera sido provocar un enfrentamiento entre dos instituciones muy celosas de sus respectivas competencias.

Ir a una investidura fallida

Abogacía del Estado tiene preparados los distintos escenarios posibles en caso de que Puigdemont insista en una investidura telemática, aunque sea para que la misma resulte fallida antes de dar un paso atrás y dejár que sea otro de su candidatura el que asuma las riendas.

Si el Parlament convocara un pleno para investir a Puigdemont, Mariano Rajoy debería reunir al Consejo de Ministros con carácter extraordinario para pedir el preceptivo informe al Consejo de Estado y, tras el mismo, volver a citar a sus ministros para elevar el recurso al Constitucional.